En medio de una marcada división y en aparente normalidad comenzó ayer en varias regiones del país el paro camionero. En el Huila como en el sur del país transcurre sin alteraciones del orden público, ni bloqueos.
Los promotores de la protesta alegan que el Gobierno Nacional no ha cumplido con los acuerdos logrados años atrás. En la agenda, insisten en la reducción del precio de los combustibles, especialmente del acpm.
Aunque el gobierno se anticipó en bajar 300 pesos por galón, los transportadores consideran que la rebaja no es proporcional al comportamiento internacional del crudo.
Sin embargo, el eje central está orientado a revivir la cuestionaba tabla de fletes, alegando que la política de libertad vigilada está afectando a este sector.
La tabla de fletes era un freno a la competitividad. El desmonte había sido propuesto por el Consejo Privado de Competitividad clave para mejorar los servicios de logística y transporte.
La fijación de precios mínimos en el sector transporte, como regía anteriormente alteraba las fuerzas de un mercado competitivo.
La tabla de fletes, a juicio de los expertos, representaba una clara distorsión del mercado, generando ineficiencia y afectando la productividad del país. Este sistema fijaba artificialmente el precio pagado a los camioneros. En estas condiciones los generadores de carga tenían que asumir costos superiores sin que mejoraran las condiciones del transporte. Revivir la tabla de fletes sería un grave retroceso.
El nuevo modelo sacó del mercado a pequeños propietarios de camiones quienes hoy salen a la protesta.
La contratación del transporte de crudo, por ejemplo, obligó a grandes empresarios, incluso multinacionales a contratar flotillas de tractomulas.
Parte de esa contratación en pocas manos, adjudicada el año pasado por Ecopetrol, provocó el desplazamiento de muchos propietarios de vehículos de carga en sus zonas de operación.
Los reclamos tienen sentido y con razón demandan una intervención por tratarse de mercados relevantes, afectados por altas concentraciones de la oferta en pocas manos o por el cobro de precios excesivos, que afectarían la libre competencia.
Independientemente de la validez o nó de sus reclamaciones, las autoridades deben escucharlas y darles soluciones. Es parte de la gobernabilidad. Los paros son legítimos, siempre y cuando no terminen provocando alteraciones del orden público o generando bloqueos innecesarios.
El diálogo es la mejor herramienta para disuadir las vías de hecho.
El Huila ha sentido en carne propia los efectos de estos bloqueos y no soportaría uno más.
“Los paros son legítimos, siempre y cuando no terminen provocando alteraciones del orden público o generando bloqueos innecesarios”.
EDITORIALITO
El ex representante a la Cámara Luis Enrique Dussán asumirá ahora sí, la presidencia de Finagro. Su nombramiento fue confirmado por la Casa de Nariño. Nos alegra mucho. Sin duda, su paso por esa alta posición, será clave para el Huila, en un escenario de postconflicto. ¡Felicitaciones!