RICARDO AREIZA
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Por graves amenazas naturales, que pueden agravarse por la temporada de lluvias, la Secretaría de Educación de Neiva, ordenó el cierre definitivo del colegio Roberto Durán Alvira en Vegalarga.
La decisión fue comunicada el viernes pasado mediante Resolución 2742, atendiendo una orden proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva. La medida sólo afectará la sede central de la institución, ubicada en el centro del caserío. Las demás sedes seguirán operando normalmente.
Adicionalmente, dispuso la reubicación de los estudiantes de secundaria en la sede de primaria. Los niveles de educación básica pasarán a una iglesia, ofrecida transitoriamente para culminar el año lectivo.
La medida es irreversible ante el alto riesgo, reconfirmado por expertos de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM).
“Estamos explorando soluciones concretas para garantizar no solo la terminación del año escolar, sino las matrículas para el próximo año”, demandó el dirigente comunal Pablo Rodríguez.
“Seguimos buscando una concertación, pero de no lograr un acuerdo tendremos que recurrir a la protesta”, aseguró el líder comunitario”.
La medida ha generado serias reacciones entre dirigentes de la comunidad que se oponen al cierre.
El cierre de la sede central, hace parte de las medidas perentorias ordenadas en el trámite de una acción popular promovida desde el 2011 por la Defensoría del Pueblo.
“De no ejecutarse las medidas adoptadas, se pone en grave riesgo a la comunidad. No sólo por el riesgo que se puede desencadenar por las condiciones geológicas, sino por la transgresión de los derechos colectivos a la seguridad, a la vida y a la prevención de desastres, entre otros”, reafirmó el juez Tito Alejandro Rubiano, quien respaldó la iniciativa.
El funcionario se reunió con líderes de la comunidad y les explicó la magnitud del riesgo. Adicionalmente, los acompañó en una nueva reunión con funcionarios de la Secretaría de Educación para modular la decisión.
“De no ejecutarse las medidas adoptadas, se pone en grave riesgo a la comunidad. No sólo por el riesgo que se puede desencadenar por las condiciones geológicas, sino por la transgresión de los derechos colectivos a la seguridad, a la vida y a la prevención de desastres, entre otros”, reafirmó el juez Tito Alejandro Rubiano, quien respaldó la iniciativa.
Las amenazas
La institución educativa corresponde a un elemento vulnerable que enfrenta amenazas por erosión, fenómenos de remoción en masa y sismos. Por lo tanto, se establece que el riesgo para esta institución es alto no mitigable, según el estudio Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo elaborado por la CAM. El diagnóstico fue reconfirmado por expertos de la entidad, en una inspección realizada el 5 de octubre pasado, atendiendo una orden del despacho judicial que tramitó la acción popular.
“El centro docente, ubicado en una zona de amenaza alta por fenómenos de remoción en masa, debe ser reubicado o deben hacerse obras de mitigación estructurales”, precisaron los expertos.
“Las medidas no estructurales como simulacros, medidas de aislamiento en los salones aledaños a la ladera o planes de contingencia que se podrían implementar en la institución si bien contribuyen a que el desastre sea de menor probabilidad de reducción de vulnerabilidad, no elimina la condición de alto riesgo no mitigable”, insistieron.
Las amenazas están determinadas por fenómenos de origen geomorfológico e hidrológico en los dos centros poblados.
Hallazgos
Durante la inspección realizada a la institución se evidenció que el restaurante escolar, las baterías sanitarias y las aulas contiguas a la ladera (donde se puede presentar movimientos en masa) se encontraban habilitados sin ninguna medida de aislamiento.
Además, se identificó un muro de protección de dos metros de alto por 20 metros de longitud, construido con sacos de arena, ubicados en la parte trasera de la institución, en contacto con la ladera. “El sistema no mitiga las condiciones de riesgo que presenta la institución”, advirtieron los expertos.
El uso del suelo de las laderas adyacentes a la institución educativa corresponde a rastrojos en la parte alta, a cafetales y cultivos de plátano en la parte media, evidenciándose que no se han adoptado las medidas de restricción de uso de suelo en las laderas ubicadas en la parte superior de la institución. Esta situación podría generar aceleración de fenómenos de remoción en masa.
Según el mapa de riesgo, la institución se localiza en una zona de amenaza alta por fenómenos de remoción en masa.
Asimismo, la institución educativa afronta una alta amenaza sísmica principalmente por actividad del sistema de falla del borde llanero (sistema de falla Garzón- Algeciras y Rivera-Baraya).
“En la travesía de la cordillera Oriental ha generado una serie de valles tectónicos como el propio Valle de Algeciras y Balsillas, estructuras conocidas como cuencas de tracción y evidencia Clara de su actividad neotectónica”, precisa el estudio.
Este sistema de fallas probablemente fue la fuente de los eventos sísmicos históricos del terremoto de 1967 y el terremoto de 1827 eventos que pueden presentarse nuevamente y hasta con mayor energía y conjugarse con eventos de alta lluviosidad, generando un escenario más crítico estabilidad para la institución.
El peligro
Según el estudio realizado por la CAM, las laderas de influencia directa a la institución educativa, con un área aproximada es de 4.000 metros cuadrados, está conformadas por rocas ígneas que se encuentran altamente meteorizadas formando regolitos, susceptibles a presentar fenómenos de remoción en masa de tipo planar.
“Debido a que los desplazamientos de masa de suelo en las laderas poseen una gran extensión de recorrido, estos cuentan con mayor probabilidad depositar material procedente del proceso sobre la institución al pie de la ladera”, precisó.
Los centros poblados de Vegalarga en Neiva y Anacleto García en Tello, según el mismo estudio, están en alto riesgo por remociones en masa, crecientes súbitas o por fenómenos asociados con la inestabilidad de los suelos.
Adicionalmente se suma la amenaza sísmica potencial y la temporada invernal que se constituye en otro detonante. En estas condiciones, las pendientes de alta montaña pueden precipitarse impactando las viviendas pegadas a la ladera en los dos corregimientos.
Nuevo colegio
La acción popular ordenó la reubicación del colegio Roberto Durán Alvira y del centro de salud, en alto riesgo. La sede central se construirá en un terreno cercano. El lote cuenta con los estudios de vulnerabilidad lo que garantiza que no estará en zona de riesgo.
La nueva sede costará alrededor de 3.500 millones de pesos y la financiación tendrá que gestionarse con aportes del Ministerio de Educación”, aseguró el secretario de Educación. La sede, con 16 años de existencia legal, fue clausurada temporalmente el 17 de abril de 2017. Sin embargo, un mes después retornaron a la antigua sede, por decisión de la comunidad.
En estas condiciones, los 276 estudiantes, matriculados en las cinco sedes en jornada única, no pudieron regresar a la sede central, en la zona de riesgo, después del receso escolar. El cierre fue notificado el jueves pasado lo que generó el malestar en la comunidad.
Los alumnos, la mayoría de grados diez y once, no pudieron regresar a clases el martes pasado. Ahora, seguirán recibiendo las clases en las sedes alternas.
“Por ahora, está previsto que los estudiantes de bachillerato pasarán temporalmente a la sede de primera y éstos a una iglesia, prestada como sede alterna”, explicó el secretario de Educación, Alfredo Vargas Ortiz.
“Adicionalmente, estamos pensando en adquirir unos contenedores, como fórmula temporal para la reubicación de los alumnos, en zonas seguras”, anunció.
Este sistema se entregará debidamente instalado en los sitios que se acuerden con las comunidades y ofrecen una alternativa. La solución será evaluada hoy con representantes de las comunidades para garantizar el funcionamiento el próximo año.
Asimismo se definirán las opciones para garantizar desde ya, la terminación del año escolar y el proceso de matrículas para el próximo año.
Nuevos plazos
El pacto de cumplimiento, aprobado en el 2016 no se ha cumplido a pesar de las once mesas técnicas y nueve audiencias de verificación que se han realizado.
El plazo inicial de 22 meses no se cumplió. Venció el 9 de abril de 2019 pena ni gloria. Por estos hechos, el juez, tramita actualmente un incidente de desacato.
La ejecución se extendió por 27 meses adicionales para desarrollar las actividades previstas en el plan de acción.
Los alcaldes de Neiva y Tello, entrantes y salientes tendrán que realizar un empalme especial después de las elecciones para analizar el estado de las acciones y el avance del cronograma contemplado en la decisión judicial.