Existe una generalizada percepción en la sociedad, de que actos derivados del deber de gobernar o cogobernar terminan en hechos de corrupción. Justo en estos días donde han terminado los procesos para designación de personeros, por no referir a otros funcionarios, nos encontramos una vez más con escuchas, comentarios y opiniones de personas calificadas de que tales procesos fueron posiblemente permeados por el dinero, y que la inclinación en la designación no obedeció a la idoneidad y probidad del aspirante, sino a quien fungiera como mejor postor. Siendo sincero, este hecho me deja en mi condición de ciudadano en demasía preocupado, más cuando se trata de quien precava por el respeto al orden jurídico, al patrimonio público y al respeto a los Derechos Humanos. De ser cierto, ¿cabría en ustedes estimados lectores la idea de que su gestión fuera diáfana y apuntara al cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales? La respuesta no admitiría duda, categóricamente un no. Aquí me uno entre otros a las inquietudes esbozadas en la edición del pasado diez de este importante medio, donde a través de su editorial dejó entrever los dimes y diretes de las escogencias de tales funcionarios, en el sentido que habiendo tanto rumor, para bien de todos, empezando por designados y nominadores, resulta necesaria una auscultación en aras de tener respuesta a los rumores y dejar a la sociedad tranquila ahora que existe una ola expansionista en torno a este espinoso asunto. A propósito y en particular con el cargo en nuestra ciudad capital, sin desmeritar por no tener razón alguna a quienes si fueron postulados, me sigue asaltando la inquietud de por qué siendo la anterior personera doctora Lina Guarnizo, una persona que asumió las banderas de la personería en la búsqueda de reivindicar tal institución, al punto que le devolvió la credibilidad a la comunidad, fe de lo cual da la presencia constante en escenarios públicos donde a una sola voz la comunidad desplazada, las madres comunitarias, las dirigentes barriales, la comunidad discapacitada entre otros, solicitaban del Cabildo Municipal su reelección, no haya sido mínimamente congraciada con el merecimiento de postularla para su reelección. Recalco, amparados en la presunción de buena fé de quien designa y es designado y partiendo de que sus actos han estado baja la égida de la legalidad, es importante para el bien de todos que los rumores de existencia de dineros de por medio, se echen al traste o que se confirme su veracidad.