La procuradora Margarita Cabello manifestó que de 1600 quejas y denuncias presentadas se han evaluado más de 400 y encontró mérito para iniciar 33 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades de los jurados de votación, errores en inscripción de cédulas, compra de votos, constreñimiento al elector y anomalías en los puestos de votación, entre otros.
La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el registrador nacional Alexander Vega. Así lo anunció ayer la procuradora Margarita Cabello, quien aseguró que las elecciones del pasado 13 de marzo, para el Congreso, Curules de Paz y consultas presidenciales, no están libres de miles de quejas y denuncias por irregularidades.
“La investigación busca determinar si el registrador pudo incurrir en faltas disciplinarias relacionadas con presuntas irregularidades en la selección y contratación estatal y una posible omisión en sus funciones en el control de las votaciones y en la capacitación de los jurados”, comunicó la procuradora general.
El órgano de control busca determinar si Vega se habría extralimitado en sus funciones, tras exigir identificación biométrica de los votantes. Además, se evidenciaron supuestas irregularidades en la selección y contratación de la empresa Indra Sistemas S.A., pues se alertó por un supuesto conflicto de intereses. La capacitación de los jurados es otra arista que la Procuraduría tiene bajo la lupa.
Además, la Procuraduría abrió una indagación preliminar para dar con funcionarios de la Registraduría que aún no han sido identificados. Según Cabello, miembros de la institución que entregó los resultados de las votaciones nacionales habrían incurrido en irregularidades por inscripción de cédulas y traslados de los puestos de votación.
Las elecciones de 2022 están bajo la lupa de cuatro procuradores delegados, quienes desde el presente año han analizado un total de 1.600 quejas hasta la fecha. En el órgano de control, según Cabello, permanecen alrededor de 400 denuncias, lo cual resultó en la apertura de 33 expedientes que dejarían mal parada a la Registraduría.
Aunque la procuradora Cabello no entregó detalles de la investigación, aseguró que tiene plena certeza de irregularidades cometidas por jurados de votación, errores en la inscripción de cédulas, compra de votos y constreñimiento al elector. Según la última encuesta Invamer Poll, el registrador Vega solo tiene un 6% de favorabilidad y la Registraduría un 33%.
“La procuradora Margarita Cabello requirió a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral para que informe, en el término de 5 días, el plan estratégico completo para las próximas elecciones presidenciales que permita, de forma preventiva, eliminar o mitigar los riesgos o hechos como los que se presentaron el pasado 13 de marzo”, concluyó el órgano de control.
El pasado 6 de abril, se llevó a cabo un debate de control político en el Senado ante las posibles irregularidades evidenciadas. Las inconsistencias entre las cifras del preconteo y el escrutinio y la inestabilidad de los siguientes días hizo que la plenaria del Senado convocara al registrador, para que rindiera cuentas ante su labor en todo lo relacionado con reciente llamado a las urnas. Sin embargo, este no asistió.
Las elecciones al Congreso dejaron antecedentes como el supuesto “fraude generalizado” denunciado por el Pacto Histórico. En el preconteo figuraba que no tuvieron un solo voto en casi el 25% de las mesas del país. En medio del escrutinio, aparecieron cientos de miles de votos que reclamaban desde ese colectivo, lo cual significó que pasaran de 16 a 19 curules en el Senado.
De distintas orillas políticas Vega fue criticado. Los sectores contrarios a Iván Duque señalaron que las irregularidades en la jornada los afectaron en gran manera y destacaron que solo fue en el escrutinio que se supo el verdadero caudal electoral que tuvieron. A su vez, los partidos de Gobierno plantearon interrogantes sobre el resultado que arrojó resultados favorables al Pacto Histórico. Paloma Valencia, Juan Diego Gómez y otros aseguraron que hubo resta de votos que supuestamente habría perjudicado a los partidos de la cuerda del gobierno.