Flora Perdomo Andrade
Las noticias sobre los delitos cometidos por adolescentes parecen estar en la agenda de los medios de comunicación todo el tiempo. Ello demuestra que pese a las políticas definidas para apoyar a quienes delinquen desde temprana edad no están rindiendo el fruto esperado.
Una muestra clara de esta situación, es lo ocurrido en la vereda Majo del municipio de Garzón, donde tristemente se reportó la muerte de una pequeña de ocho años identificada como Sharol Samboní, quien de acuerdo a las investigaciones fue asesinada por un menor de edad – 13 años -, luego de ultrajarla.
En el Congreso de la República se ha intentado sin éxito legislar para endurecer las penas a los menores delincuentes, en muchas ocasiones las propuestas no han tenido el eco esperado, pues se ha considerado que el camino más indicado es de adelantar procesos de resocialización, comprender los entornos en los crecen estos niños para desde allí diseñar políticas que les permita reintegrase a la sociedad y ser personas útiles con mejor futuro.
Por un lado están quienes consideran necesario fortalecer las penas, como único camino para obtener resultados y disminuir los índices tanto de delincuencia, como de violencia creando centros de reclusión especiales, entendiendo la diversidad y tipo de delitos cometidos por los infractores, además manifiestan que las normas son laxas, permisivas a tal punto que los centros juveniles han empezado a quedarle grande a las autoridades para poder atender como es debido a quienes son recluidos allí.
Por otro lado, quienes defienden a capa y espada el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), creado por la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) para el procesamiento y juzgamiento de menores de edad infractores de la ley penal que lo consideran el mecanismo idóneo para hacerle frente a la problemática juvenil y de menores de edad
Otro de los tópicos que debe revisarse con detalle es el que tiene que ver con la prevención del delito. Las cifras no mienten. En el caso del Huila, de acuerdo a los reportes de las autoridades, durante el año 2018, más de 400 niños ingresaron al sistema judicial por diversas circunstancias, la gran mayoría de ellos recuperaron la libertad, sin que se pueda establecer si lograron salir del oscuro mundo de la delincuencia. Este dato pone de presente que las estrategias de prevención no responden positivamente, que los niveles de reincidencia se mantienen y que la impunidad es una constante.
Desde nuestra óptica el problema no se limita a un asunto de tipo penal. Está claro que se deben fortalecer las instituciones como el ICBF, las comisarías de familia, las defensorías y si bien es cierto los menores delincuentes deben responder por lo que hacen, también debe quedar claro que el Estado y la sociedad tenemos una gran responsabilidad, al igual que la familia, donde en primera instancia se gestan las problemáticas que posteriormente evidencian los niños en sus comportamientos sociales.
Las medidas preventivas también son importantes, pues se deben trabajar aspectos relacionados con la salud mental de las personas, acompañar a los infractores con equipos terapéuticos; e involucrar a los padres de familia y al sistema educativo en los procesos de acompañamiento de los jóvenes. Esta problemática debe ser una prioridad para el Gobierno, de lo contrario será difícil superar las situaciones de violencia, no sin antes recordar que la ley de Seguridad Ciudadana estableció que para frenar la participación de los niños en los delitos de alto impacto –como el homicidio doloso, el secuestro y la extorsión– se decidió aumentar la sanción para los mayores de 14 años con penas de dos a ocho años. Además, se incluyeron en este listado el tráfico de estupefacientes, el tráfico y porte de armas y los delitos contra la integridad. También se estableció que los menores tendrán que cumplir la totalidad de la sanción en el centro de rehabilitación y no como pasaba antes, cuando al cumplir 21 años quedaban libres.
En todo caso la vida para los más pequeños no es fácil. Estamos en medio de una sociedad que no ofrece verdaderas oportunidades y que no deja de sorprendernos con hechos y situaciones que duelen, que nos afectan, que muestran la fragilidad de la condición humana; pese a esto hay que seguir insistiendo, avanzando para que los entes encargados de atender estos casos cuenten con las herramientas jurídicas y de atención psicosocial que nos lleven hacia una perspectiva más alentadora para las generaciones venideras.
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