La supresión del Consejo Superior de la Judicatura, aprobada el año pasado en primer debate por el Congreso, sigue en el ojo del huracán.
El lobby que realizan en secreto algunos magistrados ante el Congreso para evitar su eliminación, despertó de nuevo las alertas. La sociedad civil, representada en la academia y en las organizaciones de juristas le salió al paso y respalda la supresión, como quedó consignado en el proyecto de equilibrio de poderes. Una reestructuración, como sugirieron otros sectores, resultaría inadecuada.
El organismo, creado por la Constitución de 1991, no ha cumplido con los objetivos para los que fue instituido.
La institución, ideada para fortalecer la autonomía de la Rama Judicial ha demostrado en estos 24 años de existencia total ineficiencia. Además de las enormes deficiencias en la ejecución de proyectos de inversión, no ha sido determinante en resolver los graves problemas de la justicia.
Los programas de descongestión no han logrado los niveles esperados. Por el contrario, se han agudizado y actualmente mantienen al borde de la parálisis estas iniciativas en todo el país. Tampoco ha sido capaz de dinamizar la oralidad, como una prioridad.
El plan estratégico, diseñado como una carta de navegación para l rama judicial sigue a la deriva. La implementación de las nuevas tecnologías se quedó en la mitad del camino.
Los modelos de gestión no han garantizado la administración adecuada de los recursos ni el dinamismo que deben tener para facilitar el acceso del ciudadano a la justicia.
Y como si fuera poco, la politización y la corrupción han estado en primer orden. Los escándalos promovidos por algunos magistrados, terminaron minando por completo el organismo y lo colocaron en el banquillo.
El desmonte, en estas condiciones, es inevitable. Aunque el proyecto pasó el primero de los ocho debates, solo está el compromiso del gobierno y del congreso para replantear este organismo y reemplazarlo por otro modelo.
Desde el 2002, cinco proyectos de reforma a la justicia han hecho tránsito y los intentos por eliminar la judicatura han fracasado. El último registrado en el 2012, le costó la cabeza al ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, quien como constituyente, contribuyó a su creación.
“Los escándalos promovidos por algunos magistrados, terminaron minando por completo el organismo y lo colocaron en el banquillo”.
EDITORIALITO
Oportuna la iniciativa de la Cámara de Comercio de Neiva y otras organizaciones sociales para exaltar las experiencias exitosas en la administración pública. Y de paso valorar los esfuerzos para impulsar el desarrollo local, armonizados con una política del bueno gobierno. El alcalde de Neiva, Pedro Hernán Suárez, se llevará la primera estrella.