Aunque la delegación colombiana se retiró ayer de la sesión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) inició el estudio sobre la eventual violación de los derechos políticos del destituido alcalde de Bogotá Gustavo Petro.
La audiencia debía versar de manera general sobre el marco jurídico y las prácticas en Colombia para restringir derechos políticos, pero la delegación colombiana señaló que su intervención habría afectado la defensa del Estado en el caso contra Petro, actualmente en proceso ante la Cidh.
Según Adriana Guillén, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado colombiano, "las consideraciones jurídicas que el Estado exprese de manera general en este escenario pueden tener incidencia directa" en el caso del alcalde.
"El Estado se reserva el derecho a presentar sus argumentos y sus posiciones en el marco de las etapas y las instancias procesales previstas" en el sistema de la Cidh, añadió Guillén ante el organismo.
Seguidamente, ella y el resto de la delegación del Estado colombiano se retiraron de la sala.
"Lamentamos mucho que no nos escuchen y no nos hayan permitido responderles", replicó Carlos Rodríguez, de la Asociación de Defensa de los Derechos Humanos (Minga).
En su cuenta de Twitter, Petro denunció el retiro de la delegación del gobierno como una "confesión de arbitrariedad".
El Estado colombiano había solicitado cancelar la sesión pero la CIDH la mantuvo en pie.
Superpoder
Sin mencionar el caso de Petro, los peticionarios denunciaron el marco jurídico colombiano, en especial las atribuciones de la Procuraduría, para ordenar la destitución e inhabilitación política de cualquier funcionario del Estado.
"Hay un régimen legal que evidentemente va en contravía de las oportunidades para el ejercicio de los derechos políticos", dijo Rodríguez.
Esa "falencia constitucional rompe el sistema de pesos y contrapesos", advirtió Liliana Ávila, de la organización Comisión de Justicia y Paz.
Los peticionarios solicitaron a la comisión que inste a Colombia a "adelantar una reforma legislativa que fije reglas estrictas para el respeto de los derechos políticos de las personas elegidas popularmente".
"Es algo impactante lo que se ha resumido, la posibilidad incluso con referencias constitucionales, de que un Procurador General de la nación pueda destituir a un mandatario elegido por voto popular sin un debido proceso judicial", señaló el comisionado Paulo Vannuchi, coincidiendo con la petición de los accionantes.
En la audiencia estuvo Rafael Barrios (abogado de Petro) quien no intervino en la sesión.
El congresista Iván Cepeda, deploró el retiro de la delegación colombiana porque en su opinión, "se demostró claramente cómo el rol del procurador" general, Alejandro Ordóñez, está "reñido con la Convención Americana" de Derechos Humanos.