Esta semana, transcurridos tres lustros de este siglo y seis del siglo pasado, el Gobierno nacional, a través del Dane, dio a conocer los resultados más relevantes del censo agropecuario. Buena parte de los colombianos quedó perpleja por la magnitud de las cifras, cuyo alcance ha sido advertido, no pocas veces, por expertos, académicos, estudiosos y los mismos gobernantes de hoy y del pasado. Muchos adjetivos pueden utilizarse para calificar la situación por la que pasa el campo y sus moradores, víctimas de la indiferencia y la indolencia estatal frente a su victimización por el conflicto armado, por el impacto de la internacionalización de la economía, los tratados de libre comercio, la voracidad del sector financiero y los intermediarios en el mercadeo de sus productos.
A todo lo anterior hay que agregar la concentración de la tenencia del mayor número de hectáreas aptas para el cultivo en manos de un mínimo porcentaje de familias terratenientes, no pocas indolentes frente a las penurias de los once millones de mujeres y hombres que viven en el campo y en los 1.101 municipios de Colombia. Pero hay más. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha llamado la atención con el anuncio según el cual el presupuesto del Ministerio de Agricultura para el 2016 se reducirá en un 38%, en 1.5 billones de pesos, que pasará de 3.9 billones de pesos a 2.4 billones.
Un país, con siete millones de hectáreas propias para el minicultivo o el cultivo extensivo, demanda con urgencia ajustes institucionales y políticas públicas, de la mano de organismos internacionales, multinacionales y grandes compañías como las explotadoras de nuestra riqueza minera, para garantizar la seguridad alimentaria que cada día se hace más urgente para los cuarenta y ocho millones de pobladores de Colombia.
Un primer paso hoy es llamar al Congreso de la República para que niegue la reducción del presupuesto del Ministerio de Agricultura. Y por la coyuntura electoral llamar a los candidatos a gobernaciones y alcaldías para que sean responsables en su propuesta frente al campo y la producción alimentaria. Y concluyo con el empresario antioqueño Gabriel Harry Hinestroza diciendo: “Pensar que entregando tierra se soluciona el problema es un engaño. La tierra sirve con vivienda, educación, crédito. Los tecnócratas no son los que saben del problema de la tierra, ese conocimiento está en el campo y por eso debe haber una política rural diferenciada por territorios para no botar la plata”.