Es decepcionante que a estas alturas entidades del orden nacional sigan dirigiendo recursos públicos, sin ningún control, a particulares inexistentes. Ese es el sinsabor que dejan los hallazgos hechos por la Contraloría General de la República en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dentro de una Actuación Especial de Fiscalización que terminó con 9 hallazgos administrativos, 8 con presunta incidencia disciplinaria y 7 de carácter penal.
Lo que encontró el órgano de control es que desde esa entidad se hicieron giros de dineros a personas fallecidas. Se trata de casi $700 millones que fueron destinados, a través de operadores bancarios, a víctimas que ya habían muerto con anterioridad a la fecha de la transferencia.
Como si fuera poco, los operadores bancarios no reconocen los pagos sobre los giros realizados por la Unidad de Víctimas en los casos señalados en el informe de la Contraloría. Y se encontraron graves falencias en los procesos de verificación de identidades de los beneficiarios, lo que ha causado discrepancias entre los nombres y números de cédula de los beneficiarios de los giros con los datos de las víctimas.
Adicionalmente, la Contraloría evidenció la incapacidad que tiene la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para soportar actuaciones administrativas de su competencia durante largos períodos de tiempo, ocasionando un recorte del alcance de la labor de control fiscal y poniendo en riesgo el adecuado control sobre sus procesos y el manejo de los recursos públicos.
Los recursos para la atención y reparación a las víctimas de la guerra en Colombia deben ser sagrados y administrados con total transparencia y probidad. Y sobre la entidad que los maneja, no puede recaer ningún manto de duda.
Frente a estos hallazgos de la Contraloría, alguien debe responder.