Aunque parezca alarmante cada nueve horas un menor de edad es asesinado en Colombia. Cada 30 minutos un niño es atendido en Medicina Legal por agresión sexual y cada hora, un niño o adolescente es sometido a un examen por violencia intrafamiliar. El fenómeno es recurrente.
En el 2014 fueron asesinados 940 menores de edad. En el 2013 murieron 1.115, y en el 2012 se registraron 1.244 muertes.
La Fiscalía formuló imputaciones el año pasado a 3.182 personas por delitos sexuales. La Fiscalía tramita actualmente 18.300 procesos de delitos contra menores. Y otra cifra escalofriante: en el mismo año, 6.500 niñas, menores de 14 años, dieron a luz, lo que tipifica otros delitos. La violencia contra los menores es aterradora. Y no solo en las estadísticas. La vida cotidiana, en todos los rincones se evidencian casos contra los niños.
Y nada nos conmueve: ni los casos de abandono, maltrato, violencia intrafamiliar, explotación laboral, acoso escolar, abuso y explotación sexual con fines comerciales.
Los menores son víctimas además, de reclutamiento forzoso, son sometidos a la mendicidad y muchos más viven en la pobreza absoluta, otros mueren de desnutrición y abandono, como lo denunció la Defensoría del Pueblo.
Aunque la Constitución consagró que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”, los menores son las principales víctimas de todas las violencias.
Aunque el fenómeno es complejo y la violencia, comienzan en el propio hogar, hay que abordar el tema más allá de las estadísticas.
La agresión contra los menores sigue desbordada y pareciera que no nos conmueve. Que 13 niños indígenas hayan muerto por desnutrición en Chocó, es una barbaridad inadmisible en una sociedad civilizada.
El tema es desolador y complejo como lo admitió el domingo pasado la directora de Bienestar Familiar Cristina Plazas en diálogo con LA NACIÓN. En su opinión, la violencia intrafamiliar, es la semilla de este panorama. Por algo ha sido considerada como un grave problema de salud pública. Prevenirla, debe ser una prioridad inaplazable.
La propuesta formulada hace algunas semanas por el defensor del Pueblo, tras la masacre en Caquetá, cobra sentido: crear grupo élite para combatir la violencia contra menores, como se hace para capturar a delincuentes de alto impacto. Los niveles que está alcanzando deben obligar a todas las instituciones públicas y privadas y a todos los agentes sociales a actuar de inmediato, orientando las acciones a la prevención de los delitos, a facilitar los mecanismos de denuncia para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y combatir la impunidad.
“La violencia contra los menores es aterradora. Y no solo en las estadísticas”.
EDITORIALITO
La Corte Constitucional y el Gobierno Nacional se reunirán hoy nuevamente para buscar una salida a crisis de institucionalidad, generada por los casos de corrupción. Para comenzar, los magistrados deberían presentar su renuncia colectiva.