RICARDO AREIZA
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Los principales miembros de la antigua cúpula de las antiguas Farc, abrieron el viernes pasado, uno de los más complejos capítulos que juzgar individual y colectivamente los delitos cometidos durante los 53 años de guerra interna.
Con 6.162 investigaciones, 316 sentencias y numerosos expedientes relacionados, de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas por los casos de retención ilegal, reportados y priorizados por la Fiscalía.
A la jornada sólo comparecieron cuatro de los32 dirigentes de las desmovilizadas Farc convocados a la diligencia judicial que marca uno de los más importantes hitos para la consolidación de los acuerdos de paz. Sin embargo, por su complejidad, no será fácil.
La multiplicidad de actores involucrados y la diversidad de estadísticas, harán compleja esta labor, pero resultará histórico para comenzar a documentar la realidad del secuestro una de las caras más amargas que dejó el conflicto armado. LA NACIÓN, explora por encima, este dramático episodio en la truculenta historia del país.
Etapa crítica
Según un estudio de la Comisión de Memoria Histórica, que sirve de insumo para la operatividad de la naciente Jurisdicción Especial para la paz, la etapa de masificación del secuestro se produjo entre 1996 y 2000, coincidiendo con el recrudecimiento del conflicto armado. Las Farc registraban no sólo el mayor número de plagios sino que registraba los principales niveles de violencia. En esta fase se pasó de 4.354 secuestros a 13.548 incluyendo a todos los actores armados.
“El incremento de secuestros en este período se explica por dos razones concretas: la primera y más sombría es el uso de las llamadas ‘pescas milagrosas’ por los grupos armados ilegales”, concluye el documento en poder la Sala de Reconocimiento.
“Con ellas- agregó- se inició una fase de masificación del delito y los criminales se especializaron en la custodia de las víctimas. Es en este momento cuando se habló del secuestro indiscriminado, dejando de importar el estatus político o militar del plagiado”.
La segunda razón, destaca el documento, el control territorial que ejercían las Farc en medio de las negociaciones de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, y el uso del secuestro como herramienta de presión política durante la vigencia de la zona de distensión en San Vicente del Caguán (Caquetá).
Paramilitares
En esta etapa, entre 1998 y 2002, se reportaron 5.351 secuestros. A esta fase, prosiguió una etapa de contención, entre 2001 y 2005 con un declive anual de ocurrencia, que pasó de un promedio de 2.709 anuales entre 1996 y 2000 a 2.442 casos de secuestro por parte de grupos insurgentes.
No obstante, en este periodo se registró el mayor número de secuestros por parte de los grupos paramilitares, para presionar también una negociación con el Gobierno.
Los acercamientos con funcionarios del Gobierno de Pastrana fueron suspendidos luego de la masacre de El Chengue, municipio de Ovejas (Sucre) ordenada el 17 de enero de 2001, por Carlos Castaño, con un saldo de 27 civiles muertos. Entre 1970 y 2010, los paramilitares cometieron un 7% de los secuestros.
La degradación
Entre 2006-2010 en plena Seguridad Democrática, se registró una fase de reacomodamiento y la reconfiguración tanto del conflicto interno como de las organizaciones dedicadas al secuestro.
En el año 2000 se contabilizaron 3.547 secuestros, en promedio, 9 secuestros por día.
El 84% de los secuestros perpetrados entre 1970 y 2010 fueron extorsivos y concurrieron no solo la guerrilla. También delincuencia común, paramilitares y en algunos casos, agentes estatales.
El secuestro se volvió el peor signo de la degradación del conflicto armado, pero también en un instrumento para el fortalecimiento de redes criminales, dedicadas a buscar por este medio un aprovechamiento económico ilícito.
El 97% de las víctimas civiles son colombianos y solo el 3% extranjeros. No obstante, el estudio revela que entre 1970 y 2010 se registraron 1.037 secuestros de extranjeros.
En ese mismo periodo, el 18.92% de los secuestrados fueron comerciantes, el 19.30% servidores públicos y y 19.14% al sector agropecuario.
Secuestros masivos
Durante los años críticos de la Seguridad Democrático, se pasó a una fase de secuestros masivos, no solo de civiles, como ocurrió con la ocupación en el edificio Torres de Miraflores en Neiva. También con los ataques a estaciones y fortificaciones militares.
Entre los servidores públicos, un 49% de miembros activos de la Fuerza Pública fueron víctimas de secuestro. Entre
1996 y 2000, se secuestraron 769 miembros de la fuerza pública. Entre 1996 y 2000, se secuestraron 769 miembros de la fuerza pública.
Colombia llegó a posicionarse como el único país en donde se han secuestrado 938 funcionarios públicos entre concejales, alcaldes, congresistas, diputados y personeros. Los periodistas y servidores judiciales tampoco escapar aron a esa dinámica del secuestro.
El secuestro masivo en Neiva, marcó el inicio de la guerra urbana y prosiguió con otros hechos similares como los secuestros de diputados del Valle, el plagio de congresistas y otras personalidades, como trofeos para presionar un acuerdo humanitario de políticos por guerrilleros presos.
Por regiones
En cuatro departamentos (se incluye Bogotá) se concentró el 37% de los secuestros cometidos entre 2000 y 2010.
De los 11 municipios que presentaban mayor número de secuestros, 10 son capital de departamento. Bogotá, Medellín y Cali – las principales ciudades del país – concentran el 15% de los secuestros, mientras que les siguen ciudades intermedias como Neiva, Valledupar, Villavicencio y Bucaramanga.
En Villavicencio, Bogotá y Medellín, las redes criminales ocupan el primer lugar en número de secuestros. En el caso de Cali, estas redes compiten por el primer puesto con el Eln.
Las Farc dominaron el secuestro en algunos de zonas del país donde ejercían, como en Huila y Caquetá, el control territorial. Por ese dominio, las víctimas, esperan respuestas, especialmente por los secuestrados que nunca regresaron.
Cifras depuradas
Durante el Gobierno de Uribe se aterrizaron las cifras sobre secuestro. La depuración se realizó a finales de 2007 a través del Observatorio de la Libertad, conformado por los Gaulas militares y de Policía, así como la de los grupos antisecuestro del CTI de la Fiscalía y el DAS antes de su liquidación.
La investigación reveló que de las 2.819 personas que figuraban como plagiadas desde 1996, 2.126 no están cautivas.
De este número, 1.148 están libres, 767 fueron víctimas de otros delitos que no corresponden a secuestros y 211 están muertas. De las 767 personas que fueron víctimas de delitos diferentes al secuestro, 744 sufrieron desaparición forzada, 20 reclutamiento forzado y tres trata de personas
Las cifras infladas, según Fondelibertad, se presentaban porque el país no contaba con un protocolo para el manejo de la base de datos de los secuestrados.
Además, antes del año 2000, el delito de desaparición forzada no existía en el sistema penal y cualquier desaparición era catalogada como secuestro.
Según el estudio, las Farc deben responder por 333 personas reportadas como secuestradas y que están desaparecidas o muertas, distintas a los 50 secuestrados que tienen en su poder.
Al Eln se le atribuyeron 292 secuestros, pero se estableció que seis permanecen plagiados y 190 ya no están cautivos. De éstos, 127 están libres, 45 son víctimas de desaparición forzada y 18 están muertos. Las Auc son responsables de 120 víctimas de desaparición forzada y 30 secuestrados asesinados, más otros 35 casos por establecer.