José Joaquín Cuervo Polanía
Como sabemos todos, la semana anterior en la plenaria del Senado fue aprobado el último debate de reforma constitucional de cadena perpetua para violadores de niños. (Después de quince intentos en el Congreso) Con este proyecto se reformó el artículo 34 de la Constitución Política para que una de las condenas que los jueces puedan aplicar a estos delincuentes sea la pena de prisión perpetua. Una ley que no pasará a sanción presidencial, por tratarse de una reforma constitucional, sino a una promulgación que realiza el presidente. Además, si sólo es demandad, podrá ser revisado por la Corte Constitucional.
Puedo fungir de aguafiestas en la celebración, pero definitivamente hay que denunciar la carga ideológica, política y de populismo que tiene ínsita la cadena perpetua impuesta a los abusadores de niños. Detrás de la reforma constitucional existe todo un pensamiento conservador en el que se concibe la misión del derecho penal de proteger valores éticos sobre los cuales descansa la cohesión de la sociedad. El argumento político también consiste en la respuesta que proviene de la oposición extrema del espectro político, a los opositores de la izquierda radical. De ahora en adelante en lo que puede ser una verdadera sustitución y no una reforma constitucional: ya no se insistirá en el sistema en el derecho penal del autor sino por obra y gracia de los partidos políticos del gobierno en las condiciones de intereses populistas y en el estado de opinión que no quiere aceptar un derecho penal de tratamiento y de resocialización esperanzadora. Partidos que también rechazaron la posibilidad de la paz en nombre de la obligación de castigo punitivo del Estado al 100%. Una ejecución penal sin oferta de resocialización o interés en el tratamiento, puede significar deshumanización y un paso atrás en las conquistas que se venían haciendo desde la dignidad humana.
Deberíamos recordar por ello, que no es la pena severa la que causa un impacto real en la prevención del delito, lo es la pena efectiva. En la política criminal no se puede improvisar y podríamos incluso avizorar que la medida adoptada podría convertirse en un incentivo perverso para que el agresor de menores tome medidas más agresivas: El asesinato además del abuso sexual, para evitar ser capturado. En vez de desincentivar la violencia de los agresores, la cadena perpetua desincentiva la denuncia de las víctimas, las cuales ni siquiera pueden contar con un sistema de justicia eficiente que las proteja después de denunciar. Mientras no se tenga un sistema probo de administración de justicia, ético y técnico no se podrían adaptar medidas tan desproporcionadas.
Ya en el pasado la comisión Asesora de Política Criminal conceptuó que el proyecto de Cadena perpetua era “irracional, altamente inconveniente e inconstitucional,” ya diversos tratados de derecho internacional han rechazado que los países aprueben y ratifiquen en su legislación normas relacionadas con la pena de muerte y la cadena o prisión perpetua. La Corte Constitucional tiene la palabra.