Por lo menos 70.758 millones de pesos tendrá que pagar el poderoso grupo de inversionistas españoles por la fallida construcción de la Torre Materno Infantil de Neiva. Primicia.
RICARDO AREIZA
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Confirmado. El poderoso Grupo Lopesan de España tendrá que pagarle al Hospital Universitario de Neiva, por lo menos 70.758 millones de pesos por la fallida construcción de la Torre Materno Infantil de Neiva.
El Tribunal Administrativo del Huila admitió un incidente de liquidación de los perjuicios materiales causados por el incumplimiento del contrato de obra pública 242 de 2011 adjudicado durante la administración del gobernador Luis Jorge Pajarito Sánchez, quien ejercía como presidente de la junta directiva.
El magistrado Enrique Dussán Cabrera aprobó el monto de la indemnización tasada por dos peritos, de la Loja de Propiedad Raíz.
La reclamación fue presentada por la gerente del Hospital Universitario de Neiva, Emma Constanza Sastoque a través de la abogada Talía Selene Barreiro, como lo ordenó el tribunal.
Primera condena
La condena en abstracto fue decretada el 8 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo del Huila. Otras dos demandas están en trámite.
El fallo de primera instancia no fue impugnado ante el Consejo de Estado y quedó debidamente ejecutoriado el 6 de abril de 2022.
Los magistrados Enrique Dussán Cabrera, Ramiro Aponte Pino y Jorge Alirio Cortés Soto declararon el incumplimiento del contrato por parte del consorcio español Lopesan Fronpeca y lo condenó a pagar en forma solidaria los perjuicios.
Sin embargo, el Grupo Lopesan debe responder económicamente por los daños materiales a título de daño emergente y lucro cesante causados a la entidad demandante por el incumplimiento del contrato. Solo que la empresa canaria Fronpeca fue liquidada el año pasado.
Pero este no fue el único caso. En el 2015, el Instituto Nacional de Vías declaró la caducidad de otro contrato construcción y operación del Túnel de la Línea y Segunda Calzada Calarcá-Cajamarca. Igual ocurrió con las obras de reforzamiento y ampliación del hospital Occidente en Bogotá y con la construcción de un centro de salud (Unidad Primaria de Atención) en la zona Los Libertadores en la capital colombiana.
La Torre Materno Infantil de alta complejidad fue proyectada para atender urgencias pediátricas, consulta externa de ginecobstetricia y reducir los alarmantes índices de mortalidad perinatal, presentado en el Huila.
El complejo arquitectónico costaba 28.071 millones de pesos, y debía ejecutarse en un año. Según el cronograma original la primera fase debía entregarse el 23 de octubre de 2012. Sin embargo, quedó con un avance del 41,40%. Diez años después la Torre sigue sin terminarse.
Daños estimados
Los perjuicios fueron estimados en 70.758 millones de pesos más los intereses que se puedan generar hasta que se haga efectiva. La cifra fue determinada por la Lonja de Propiedad Raíz del Huila en un peritaje realizado por la ingeniera civil Adriana María García Orozco y el administrador financiero Cesar Augusto Paya.
El monto es tres veces superior a la reclamación inicial que ascendió a 22.000 millones de pesos, estimada por el centro asistencial.
La indexación por daño emergente, según el informe pericial, fue calculada en 34.052 millones de pesos. La estimación por lucro cesante asciende a la suma de 36.706 millones.
La compañía canaria integrada por las empresas Lopesan Asfaltos y Construcciones (Sucursal Colombia) y Herreña Fronpeca (Sucursal Colombia), tendrá que pagarle, solidariamente, al hospital universitario por lo menos 70.758 millones de pesos, sin incluir intereses.
Pero no será fácil. El trámite tendrá que surtirse, seguramente, en un tribunal internacional.
La Constructora Herreña Fronpeca, socia del Grupo Lopesan fue liquidada en noviembre de 2021.
El Grupo Lopesan es de propiedad del empresario español Eustasio López González, incluido en la lista Forbes entre los 100 empresarios más ricos de España.
Ante los reiterados incumplimientos el gerente del Hospital, Jesús Antonio Castro Vargas declaró la caducidad el 25 de enero de 2013 haciendo efectiva la garantía única expedida por la Compañía de Seguros del Estado por valor de 21.968 millones de pesos.
“En este caso el consorcio contratista no cumplió el objeto contractual dentro del plazo pactado. El consorcio únicamente ejecutó el 41% de obra pactada, incurriendo en una verdadera deslealtad contractual para con la entidad contratante”, aseguró.
Luego liquidó unilateralmente el contrato de obra pública (Resolución 017 de 2013) ante la imposibilidad de hacerlo de manera bilateral.
Una vez liquidado el contrato, el gerente del Hospital Universitario de la época Jesús Antonio Castro decidió demandar al consorcio por los daños y perjuicios ocasionados por el consorcio al no terminar la obra en los plazos previstos.
La demanda fue admitida el 15 de septiembre de 2015 y siete años después declaró el incumplimiento del contrato y condenó a los inversionistas españoles a cancelar los daños en abstracto, lo que implicó contratar un peritaje técnico para la cuantificación de los daños. El estudio fue entregado el 28 de junio de 2022 y fue avalado por la corporación judicial, en el pleito contractual.
Lo que pasó
El consorcio español debía tener disponible un 60% de capital de trabajo propio y unos 12.000 millones de pesos adicionales para ejecutar las obras con sus propios recursos. No obstante, se demostró durante la ejecución que no tenía el músculo financiero ni la solvencia financiera para adelantar una obra de esa magnitud, como lo ostentó en su propuesta. para acometer las obras contratadas. Las inversiones, dependían exclusivamente de los anticipos entregados por el centro asistencial.
Los recursos ejecutados en la primera fase conforme a los cortes de obra, mostraban un promedio de 500 millones mensuales, cuando lo programado eran 4.000 millones mensuales.
Serios aprietos
El contrato fue celebrado el 19 de septiembre de 2011 por un valor total de 23.362 millones de pesos.
La obra comenzó en noviembre del 2011.en medio de serios aprietos. Las demoras se originaron principalmente por temas financieros. También por inconvenientes de diseño, demoras por el invierno, falta de suministros y aspectos técnicos normales.
“A la falta de personal, se sumaron inconsistencias técnicas en el estudio de suelos, falta de coordinación y planeación, la época invernal”, explicó el arquitecto Álvaro Dávila, quien estuvo al frente del proyecto.
La poca calidad de los concretos aplicados en la cimentación del proyecto por bajas resistencias fueron afectando el cumplimiento del cronograma inicial y por lo tanto el avance de las obras.
Ante la imposibilidad física para terminar la obra, en diciembre de 2012 el contratista pidió una nueva prórroga. Pero esta vez, como era obvio, tampoco pudo cumplir y la obra quedó a media marcha. El consorcio solo ejecutó el 41.40% de las obras contratadas.
Otros pleitos
El consorcio Lopesan Fronpeca también demandó al Hospital Universitario de Neiva atribuyéndole en parte, una supuesta responsabilidad por la caducidad del contrato. Las pretensiones ascienden a 5.364 millones de pesos anunció su apoderado Ramón Ballesteros Prieto.
Curiosamente, en esta primera demanda el consorcio no puso la cara y actuó mediante curador ad-litem (abogado de oficio).
Por su parte la compañía Seguros del Estado también demandó argumentando que la entidad no podía declarar la caducidad. Las dos demandas están para fallo.
El último empujón
Tras el descalabro, la Unión Temporal Torre Materna asumió con un nuevo contrato la terminación de la primera fase con un costo de 16.625 millones de pesos. En la obra se han ejecutado 44 millones de pesos y sigue inconclusa. Para terminarla y dotarla se requieren por lo menos otros 60 mil millones de pesos.
La Torre de alta complejidad sigue sin terminar. Sin embargo, la gerente del Hospital Universitario anunció la actualización de los estudios y costos para terminar las obras pendientes de la primera y segunda fase. El consorcio Consultores Marva ya entregó los estudios.
Según su representante legal, Mariluz Vargas González, la terminación de la torre de alta complejidad, sin dotación, costaría otros 54.871 millones de pesos.
De éstos 30.000 millones de pesos serán aportados por el Gobierno Departamental con recursos de regalías petroleras, que tendrán que tramitarse ante el Ocad. El resto, 25.000 millones aproximadamente serán aportados por el Hospital Universitario de Neiva con recursos propios provenientes de un superávit y recursos del crédito.
La ingeniera Patricia González realiza un estudio de patología y vulnerabilidad sísmica para corregir algunas dilataciones en los muros de fachada.