A pesar de las fallas que se presentaron y que precipitaron el hundimiento de un proyecto para recuperar el hato ganadero, la Asamblea del Huila, insistió en una alianza regional para recuperar los 25.858 millones de pesos que se perdieron.
RICARDO AREIZA
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El proyecto de repoblamiento bovino, sorpresivamente hundido en agosto pasado, debe reactivarse para incorporar a los pequeños y medianos ganaderos. Mientras se tramita con el Gobierno Nacional, la administración seccional con recursos propios debe generar acciones de inversión para este sector.
La solicitud perentoria fue hecha ayer por la Asamblea Departamental al término de un debate de control político, liderado por el diputado Orlando Ibagón, acompañado por varios de sus colegas.
El proyecto, formulado en diciembre pasado para enfrentar la baja producción del hato ganadero, zozobró por demoras en la ejecución y fallas estructurales, precipitando la terminación unilateral del convenio en plena ejecución.
El proyecto, como lo informó oportunamente LA NACIÓN costaba 25.858 millones de pesos. De estos 20.000 millones de pesos correspondían a aportes del Ministerio de Agricultura, 500 millones eran recursos de cofinanciación aportados por la Gobernación y 5.358 millones de pesos aportados en especie por bienes y servicios por el contratista y agremiaciones beneficiarias.
El sorpresivo colapso de la iniciativa generó revuelo entre las agremiaciones favorecidas con esta iniciativa.
El proyecto
El proyecto beneficiaría a 832 pequeños y medianos productores pertenecientes a 26 asociaciones ganaderas de 28 municipios del Huila, hoy decepcionados.
La iniciativa prometía a cada beneficiario la entrega de tres novillas de vientre, adaptadas a la región, con genotipo (novillas doble propósito), además la entrega a cada productor de equipos, maquinaria y materiales.
Igualmente se contemplaba la entrega de productos farmacológicos, insumos y semillas para el establecimiento de 2 hectáreas de sistema silvopastoril, este último proyecto también se hundió.
El proyecto ofrecía a cada una de las 26 asociaciones beneficiadas la entrega de herramientas y productos agropecuarios de conformidad con las condiciones técnicas establecidas en el presupuesto del proyecto. Además, talleres y capacitación. Sin embargo, fracasó.
Adjudicación
El proceso fue adjudicado el 27 de enero de 2022, en una convocatoria privada a la Unión Temporal por un Huila ganadero y productivo 2022, representada por Armando Caquimbo Pérez, promotor de la Corporación Talento Humano por Colombia. La entidad, dedicada a realizar talleres y contratación de personal, tenía una participación accionaria del 80%. El otro 20% lo aportaba el Comité de Ganaderos del Huila, representado por Luceni Muñoz Bermeo.
El convenio Interadministrativo No. 0667 de 2021 fue suscrito con el Ministerio de Agricultura inició su ejecución en el mes de diciembre, pese a la Ley de Garantías en plena campaña electoral. El convenio con la Unión Temporal arrancó solo el 24 de mayo, el 5 de julio fue suspendido intempestivamente y finalmente fue terminado unilateralmente, lo que provocó el escándalo.
Póliza falsa
El contratista presentó una póliza al parecer falsa. La Vicepresidencia de Fianzas de Seguros del Estado confirmó que bajo el número presentado por el contratista existe un producto expedido por la aseguradora pero no hace referencia a la información suministrada por el representante de la Unión Temporal.
El número de la póliza aportada corresponde a otro producto, contratado por una firma distinta y con un asegurado diferente. En otras palabras la póliza espuria no fue expedida a la Unión Temporal por un Huila Ganadero y Productivo 2021 ni la entidad asegurada era la Gobernación del Huila.
La garantía emitida por la compañía se seguros no cuenta con anexos modificatorios ni contiene la información de las partes que suscriben el contrato.
“En segunda instancia debemos señalar que la presente póliza presenta evidentes rasgos de alteración en los recuadros, en los textos y números incorporados, toda vez que existen variaciones de fuentes y tamaños que nos son propios de los documentos emitidos por nuestro sistema”, confirmó José Sebastián Triana, coordinador Jurídico de la Vicepresidencia de Fianzas de Seguros del Estado Además, se detectó en la impresión que la letra utilizada en aclaraciones, como en las fechas no corresponde a la plantilla original de la compañía de seguros.
“Ante la gravedad de la presunta falsedad, iniciaremos todas las investigaciones internas pertinentes”, anunció.
La certificación fue presentada ayer durante el debate de control político para establecer los orígenes y eventuales responsabilidades sobre el fallido proyecto. No obstante, los funcionarios citados no se pronunciaron sobre esta evidencia.
Las anomalías
Aunque los voceros del gobierno departamental argumentaron que el contrato fue legal, la corporación estimó que se presentaron imperdonables fallas que terminaron ahogando la iniciativa.
A pesar de haberse legalizado formalmente el contrato se puso en ejecución. El acta de inicio fue firmada sin haber estado legalizado el contrato. Para la ejecución se requerían las pólizas de garantías, lo que no se hizo. Esa fue una omisión grave, seguramente, de buena fe, que terminó afectando a numerosas familias ganaderas”, anotó el diputado Orlando Ibagón, promotor del debate.
“Aquí hay que decirlo que el Secretario de Agricultura, supervisor del contrato, pecó de buena fe, usted se equivocó”, afirmó.
“Lo más triste es que el contratista incumplió y a pesar de haber reiterado el compromiso de transparencia como requisito habilitante no cumplió y fue premiado”, insistió.
“No entiendo las razones de un acuerdo mutuo para la terminación del contrato. Debieron aplicarle la cláusula penal por incumplimiento. Sin embargo, terminó premiado”, aseguró Ibagón.
Por su parte la diputada Karol Ortigoza destacó la trascendencia del proyecto y la gestión que realizó el gobernador Luis Enrique Dussán para conseguir estos recursos.
“Lo que sí lamento es que esa inversión se haya perdido, que se haya dejado a tantos campesinos ilusionados por presuntas anomalías”, anotó.
“No hubo una revisión técnica minuciosa, ni hubo claridad sobre los parámetros de selección de los beneficiarios. Estos son los hechos que preocupan y que no se pueden volver a repetir”, afirmó.
Borrón y cuenta nueva
En la misma línea se pronunció el diputado Omar Alexis Díaz, quien sucedió a Helber Yesid Pinzón. “Muchos ganaderos fueron ilusionados, hoy son damnificados. Aquí no se trata de borrón y cuenta nueva. Hay que saber lo que pasó y buscar alternativas para recuperar esa inversión y garantizar que el proyecto se pueda ejecutar”, anotó.
Por su parte, el ex senador Carlos Ramiro Chávarro, estimó que detrás de esta iniciativa fallida está la credibilidad institucional, seriamente afectada.
“Hay que recuperar el perfil reputacional de la institución ganadera, pero también de la administración seccional. No está bien que por estos incumplimientos se ponga en duda la credibilidad y la reputación territorial”, afirmó.
Chávarro, quien ejerce la curul como ex candidato a la Gobernación, insistió en que hay que hacer un esfuerzo común, para retomar la iniciativa y para garantizar su ejecución.
“Hay que desenredar esto, no hay que dar más vueltas, a pesar de las fallas que hacer causa común para asegurar que el proyecto se pueda ejecutar”, opinó la diputada Tatiana Méndez.
Voces ganaderas
Pero no solo hablaron los diputados. También los ganaderos. “Nos sentimos atropellados, utilizados. En este caso, hubo manipulación. Aparecieron asociaciones exprés, creadas de la noche a la mañana; sin ningún parámetro, sacaron a muchos ganaderos de los listados y metieron a otros que nunca han estado en las asociaciones”, denunció Fredy Esneider Cuéllar, presidente de una agremiación de La Plata.
La misma historia la contó Abrahán Tapiero de San Andrés (Tello). “El alcalde metía a muchos y luego sacaba de los litados a ganaderos asociados”, aseguró.
En Nátaga pasó lo mismo. Primero apareció el listado con unos beneficiarios, luego resultó otro listado con personas que no son asociados”, dijo un líder ganadero de la zona.
En este espacio también concurrieron los técnicos contratados para iniciar las actividades preliminares. “Éramos 25 técnicos que pagamos de nuestros recursos y ahora nadie nos responde, los exigían capacitaciones a la carrera, nadie reconoce nuestros honorarios”, denunció el médico veterinario Alexander Sánchez.
Cartucho quemado
Como ocurre con el fútbol, ya no hay tiempo de llorar, según lo aseguró el diputado Camilo Ospina. “El convenio terminó, está en liquidación, ya no hay nada que hacer. Los dineros ya se perdieron. Lo importante es buscar las soluciones para resarcir esa expectativa que se generó”, apuntó.
El proyecto resultó fallido por desorden de todo tipo, faltó planeación. Hay tristeza, decepción, desilusión. Este es un cartucho ya quemado. Los dineros de pagan con plata, en este caso hay que buscar los recursos para compensar esta situación”, señaló Ospina.
La diputada Sandra Hernández, también criticó las fallas en la planeación del proyecto y cuestionó los parámetros de selección y la manipulación en la escogencia de los beneficiarios. Sin embargo, estimó que pese a todo, es necesario sumar fuerzas para asegurar que el gobierno reformule el proyecto y garantice su ejecución.
La salvación
Por su parte la administración seccional anunció que se están realizando esfuerzos para asegurar la inversión en este proyecto.
Sin reconocer las fallas que se presentaron y que terminaron abortando la iniciativa, el secretario de Agricultura, Dilberto Trujillo anunció que se han adelantado conversaciones con la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, para salvar el proyecto. Incluso anunció que de las cuatro prioridades presentadas por el gobernador al presidente Gustavo Petro, una será la del proyecto de mejoramiento bovino.
El funcionario explicó que este jueves sostendrá otra reunión para avanzar en este terreno. En todo caso, contrario a lo que se esperaba, no dio todas las explicaciones.
“A pesar de todos los esfuerzos que realizamos el Ministerio no extendió los plazos ni autorizó la prórroga del convenio interadministrativo”, explicó Trujillo.
“Esta solicitud no fue de recibo del Ministerio de Agricultura y condujo al Departamento del Huila a terminar de manera inmediata y por mutuo acuerdo, sin pago alguno, el Convenio de Asociación derivado con la Unión Temporal seleccionada”, afirmó.
Sin garantías
Frente a las garantías explicó que las aseguradoras no expidieron las pólizas porque generalmente no aseguran ganado por los altos riesgos.
“Ninguna de las aseguradoras existentes en el mercado, mostró interés alguno en suministrar dichas pólizas”, explicó el director del Departamento Jurídico Alex Paolo García.
Este aspecto, en su criterio, retrasó la ejecución del convenio, pero no precisó las inconsistencias encontradas y la negativa de la interventoría para permitir la ampliación de los plazos.
“Para la ejecución del convenio, se requirió la constitución de garantías que no pudieron ser obtenidas por la Unión Temporal conviniente”, afirmó sin dar más explicaciones.
El Jefe Jurídico anunció que actualmente se adelanta un proceso de incumplimiento contra la Unión Temporal, cuyos alcances no precisó.
Finalmente anunció que la Unión Temporal debe garantizar los pagos a los profesionales contratados, y así deberá consignarlos en el “paz y salvo” que se requiere para la liquidación del contrato.
La directora Ejecutiva del Comité de Ganaderos, Luceni Muñoz Bermeo reiteró que la terminación con la Unión Temporal se hizo de manera bilateral por decisión de la Gobernación, justificado por la terminación del convenio marco principal con el Ministerio de Agricultura.
“Al no autorizar la prórroga para alcanzar a ejecutar el convenio hasta el 31 de julio de 2022 el convenio secundario no se podía ampliar. Por eso hubo que terminar unilateralmente el convenio”, subrayó.
Conclusión
El debate terminó con una proposición respaldada por toda la diputación solicitando al Gobierno Departamental en primera medida que genere de manera inmediata las acciones, gestiones y procedimientos administrativos que garanticen la recuperación de los recursos que se perdieron por la fallida ejecución del convenio.
Además, la corporación, exhortó de manera perentoria a la administración seccional para que ejecute con urgencia acciones precisas de inversión para el sector ganadero, pero particularmente para las 832 familias afectadas con el naufragio del repoblamiento bovino.
“Debe materializarse este petitorio con recursos de la Secretaría de Agricultura en la actual vigencia”, precisó la declaración suscrita por todos los diputados.