Juan Carlos Conde Vargas
Resulta inadmisible que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC y la Superintendencia de Notariado y Registro – NSR hayan emitido un comunicado a la opinión pública informando acerca del trabajo conjunto que realizaron en la ciudad de Cartagena, para dar a conocer los nuevos lineamientos relacionados con el trámite, procedimientos y criterios que deben seguirse por parte de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, así como las Unidades de Catastro y el propio IGAC, para corregir, aclarar, actualizar o simplemente alinderar bienes inmuebles a nivel nacional, de manera tal que exista simetría en la información consignada, de una parte en los certificados de tradición y libertad, y de otra parte en las certificaciones catastrales.
Nada más reprochable que aceptar una reunión adicional, ahora con ¨el sacrificio¨ que representa el viajecito a La Heroica, y que se suma a los recurrentes encuentro celebrados durante los últimos quince años, con la constante de no haber encontrado una solución efectiva y definitiva que supere de manera simple lo que a la fecha es un secreto a voces: Cuando los señores del IGAC o de las Unidades Administrativas de Catastro lo imponen, se vuelve imposible que la información elaborada por un ingeniero topográfico, profesional y presto al cumplimiento de los parámetros técnicos actuales respecto al proceso de alinderamiento de un predio, se consigne de manera simultánea en el folio de matrícula inmobiliaria y en el sistema georreferenciado de los predios.
La realidad actual, vigente desde hace ya un par de lustros, es que el sistema de corrupción y burocracia en las Oficina de Registro de instrumentos Públicos y en los Catastros distribuidos a la largo y ancho del país es de tal magnitud, que no existe viabilidad jurídica para generar consensos en los datos técnicos sobre cabida y linderos de un predio. Porque si un propietario dice que su inmueble tiene un área de dos mil metros cuadrados (2.000 m2) según la escritura de compra venta que se protocolizó para la adquisición del predio, pero a nivel del IGAC o de los Catastros se dice que el predio tiene un área de mil novecientos cincuenta (1.950 m2), no hay manera alguna de unificar criterios sino es a través de la animosidad del funcionario de turno, más no de la aceptación de una información elaborada por un profesional en la materia.
El problema es de tal gravedad que los documentos (escrituras públicas de aclaración de área o linderos) son devueltos en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos hasta tanto no se allegue la certificación catastral, pero al solicitar ésta última, el IGAC o la Unidad Administrativa de Catastro también rechaza la petición porque considera que primero debe actualizarse la información en el folio de matrícula inmobiliaria. Es decir, un círculo vicioso que solo encuentra soluciones al mejor estilo Harry Potter, una vez se cuenta con un amigo o un tramitador que merced a sus contactos al interior de las entidades, por arte de magia logra que se proceda con el cambio de información en una u otra entidad.
Ahora, según el último comunicado de prensa, se plantean soluciones que de nuevas o bondadosas no tienes nada. Como la gran panacea frente a un asunto de simple resolución, se sugiere que los particulares puedan llegar a acuerdos con los vecinos o propietarios de predios colindantes, cuando en la mayoría de casos no existe una controversia entre estos y lo único que se presenta es una intención de actualizar de información resultante de una revisión topográfica a los predios. Entonces, el remedio termina siendo peor que la propia enfermedad, considerando que en ocasiones al vecino no le interesa lo que pueda estar sucediendo con el predio que tiene a su costado, o lo que es peor, resulta imposible poner de acuerdo a los vecinos, especialmente si se trata de áreas de gran extensión que cuentan con multiplicidad de propietarios colindantes.