Jorge Luis Salcedo Restrepo
Después de casi un mes de protestas indígenas, actos terroristas contra las poblaciones de Popayán y Pasto, luego del secuestro de estas poblaciones, además de la extorsión al Estado Colombiano, nos quedan una serie de interrogantes:
- ¿Lograron los indígenas arrodillar al Presidente Duque? La respuesta es NO, y así debía ser.
- ¿Lograron los indígenas ganarse la buena voluntad y el respeto de pueblo Colombiano? La respuesta es NO y un no rotundo, por el contrario estuvieron a punto de hacer estallar una bomba social o sea, lograr que el pueblo (no indígena) se fuera contra ellos y destruyera muchas cosas que han logrado en una cantidad de años de lucha.
- ¿En qué se concientizó Colombia? : En que ningún otro mortal colombiano tiene 1 media hectárea de tierra al nacer sin haber trabajado un solo día, y que el resto de colombianos tiene que sacrificarse toda su vida para poder tener 50mtrs2 de una vivienda en obra negra en un barrio con altísimos servicios y con un impuesto predial por las nubes, además de todos los servicios de aseo luz agua alcantarillado y gas costosísimos.
- ¿Será que los indígenas pagan servicios, impuestos a la DIAN, impuesto predial sobre sus propiedades y servicios en general? No creo.
- ¿En qué ha ganado la población de indígenas? Creo que ha sido demasiado y ha sido una población muy privilegiada. Para dar un ejemplo, de los 790 mil millones de pesos que nosotros como Estado les dimos en los últimos 4 años sólo pueden justificar, legalmente, el 28% en contratos, y el 72% restante nadie sabe en qué se gasta, nadie lo controla pues no hay soportes. Lo único que uno ve es a jefes de cabildos indígenas (todos son jefes) que no se bajan de una Toyota doble cabina 4X4 o una súper moto y tierras cultivadas en coca y marihuana.
Ahora, ¿sino pueden más que justificar la cuarta parte de su gastos, para qué piden más dinero y más tierra?
Lo que si no puede quedar así como así, es una serie de destrucciones a vehículos y vías, pérdidas económicas a comerciantes y secuelas de un secuestro físico y psicológico de la población del sur del país sin que existan sanciones a los culpables o líderes de esas actividades terroristas.
Hay muertos de por medio por lo cual alguien tiene que responder, y la Fiscalía General de la Nación está en la obligación de imponer penas drásticas a esas personas que lideraron intelectualmente o físicamente el paro o minga. La impunidad no puede prevalecer sobre la responsabilidad. Los derechos en cualquier protesta se deben luchar sin perjudicar los derechos de los demás.
Aruz2050@yahoo.com.co