Así lo afirmó ayer el viceministro del Interior y director de la Unidad Nacional de Protección, Daniel Palacios, en su paso por Neiva. Expresó además, que la responsabilidad del Gobierno Nacional es salvaguardar la vida de todos los colombianos, no solo la de los líderes sociales y excombatientes.
El viceministro del Interior y Relaciones Políticas, Daniel Palacios, nombrado además recientemente director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), lideró ayer en Neiva la primera sesión de la estrategia “MinInterior en Territorio”, en la cual brindó capacitaciones temáticas y lineamientos a los alcaldes de los 37 municipios del Huila.
En diálogo con LA NACIÓN, el politólogo habló de las tareas de los alcaldes en la formulación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la necesidad de trabajar de la mano con los mandatarios locales para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana en la región, así como de la urgencia de disminuir la cifra de homicidios en el Huila.
Viceministro, ¿cuál debe ser la tarea de los alcaldes en la formulación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC)?
Estamos en el Huila como Ministerio del Interior acompañando a los alcaldes y al señor Gobernador, Luis Enrique Dussán, en la formulación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), lo que es muy importante que se articule con el Plan de Desarrollo y con la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, para unir esfuerzos en la inversiones que hacen; el Gobierno Nacional, la Gobernación local y los mandatarios municipales.
Primer tema clave, el alcalde y el gobernador son los responsables del orden público en el municipio y en el departamento, eso quiere decir, que aquí hay una responsabilidad clara en garantizar la seguridad ciudadana, y que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, apoyarán en esa tarea a cada uno de los mandatarios. Segundo tema clave, no nos importa el color político de ningún alcalde, con todos vamos a trabajar, a articular inversiones y estrategias que permitan, por ejemplo, bajar el homicidio, un delito que presentó un incremento en el Huila el año anterior.
¿Y los recursos desde el Ministerio del Interior para invertir en la seguridad del Huila, en qué se debe priorizar?
Hoy (ayer) el señor Gobernador del Huila ha mostrado su compromiso por la seguridad del departamento, y lo que hemos establecido es una ruta de trabajo en donde junto con los alcaldes, se van a priorizar unas inversiones para tener unos fondos comunes. Por ejemplo, se ha hablado de tres zonas en donde se pueden hacer inversiones en cámaras de seguridad, lo que será un trabajo articulado entre un grupo de alcaldes.
También tenemos unos retos en materia de inversión en movilidad, son más de 200 motos las que hay que reemplazar en el Huila, en ese punto hay un compromiso del Ministerio del Interior para que ojalá, al acabar este cuatrienio, tengamos un efecto claro en la disminución de los indicadores de criminalidad en el departamento.
Tenemos claro que la seguridad no es solo pie de fuerza y acción policial. La seguridad también es brindar aprovechamiento en cultura, deporte y educación para los jóvenes, y por eso, el Ministerio del Interior también tiene una oferta que son los ‘Sacúdete’, una estrategia encaminada a alejar a la población juvenil del mundo delictivo. Por eso, lo que estamos buscando es tener un modelo que se acomode financieramente a las necesidades, pero que sea de rápida ejecución para que llegue realmente donde necesita la comunidad.
Alarman los hechos de sangre que se han ensañado con líderes sociales y excombatientes, pareciera que no hay garantías de protección, ¿qué hacer?
En Huila la tarea principal es disminuir los homicidios de toda la población, no solamente de los líderes sociales y excombatientes. Es importante recalcar, que más del 80% de los asesinatos en el departamento son por intolerancia.
Lo primero es resaltar el compromiso absoluto del Gobierno Nacional en salvaguardar la vida de quienes ejercen el liderazgo social y quienes dejaron las armas, es la responsabilidad del Gobierno garantizar la vida a todos los colombianos. Hoy tenemos 12.570 homicidios en el país, en Huila se registraron 179 asesinatos el año pasado, y tuvimos una disminución significativa de hechos de sangre en la ciudad de Neiva.
Desde 2016 a la fecha, tenemos 16 casos de asesinatos en Huila específicamente de líderes sociales y reincorporados de las Farc, homicidios de los cuales hoy tenemos un esclarecimiento del 53%, pero debemos seguir avanzando en la judicialización de los victimarios y en medidas para proteger a esta población.
Es importante destacar que, de los 7.000 protegidos que hoy tiene la Unidad Nacional de Protección en el país, 5.000 son líderes sociales. Es decir, que el 70% de los protegidos en Colombia son líderes sociales, lo que muestra el compromiso y la determinación del Gobierno para garantizar su seguridad.
En Huila tenemos más de 88 protegidos, un mensaje claro para que los líderes sociales que se sientan amenazados denuncien, para eso son vitales los alcaldes quienes son los primeros encargados de hacer llegar la información a nosotros como Gobierno Nacional, y a las autoridades de Policía, con el fin de tomar las medidas apropiadas para garantizar su seguridad.
En días recientes la ONU reveló un detallado informe del panorama de los líderes sociales y excombatientes en el país, ¿por qué no cayó bien en el Gobierno Nacional?
En 2018 mataron 114 líderes sociales en el país, y en 2019 fueron asesinados 107, hay una disminución, sabemos que nos falta mucho. De esos 107 casos del año pasado, solo el 9% de las víctimas tenía una amenaza en conocimiento de las autoridades o alguna medida de protección, eso nos muestra, que lo primero que hay que hacer para combatir el homicidio de los líderes sociales, es informar oportunamente de esa situación de vulnerabilidad.
Lo que está claro por parte de la Unidad Nacional de Protección, es que cuando una población o persona está en riesgo, se debe agilizar en bridarle seguridad, pero hay que tener en cuenta realidades, hoy a la UNP están llegando mensualmente 4.500 solicitudes de protección, eso quiere decir que es una ruta que se demora, que hay que trabajarla para poder implementar medidas, por eso es tan importante que los alcaldes y los gobernadores se apersonen de la ruta de protección de los líderes sociales, para que así cuando exista una alerta nos la hagan llegar de la manera más rápida posible.
Precisamente para agilizar la ruta de atención y protección a las personas amenazas en Huila, ¿qué medidas implementará el Ministerio del Interior?
Lo que hemos establecido con el Gobernador del Huila, es que nos ayudarán con un espacio físico en la Gobernación, para que tengamos una delegación del Ministerio del Interior que haga presencia permanente en el departamento, pues ya hoy tenemos una oficina regional de la Unidad Nacional de Protección.
Hoy el Ministerio del Interior tiene afán de mejorar la relación con los territorios, por lo que ha anunciado la creación de los enlaces territoriales que estarán en las gobernaciones, trabajando con los alcaldes, con los personeros, para poder agilizar esa ruta de protección.
En este espacio, la idea es articular no solo la ruta de protección de líderes sociales, sino toda la oferta que tenemos en materia de atención para la población indígena, afro y el tema de participación de las Juntas de Acción Comunal, JAC.
Y es que las JAC constituyen hoy casi 7 millones de líderes sociales, por eso este no puede ser solo un trabajo de protección de la vida, sino también de apoyarlos en su formación y liderazgo, por lo cual el Ministerio del Interior ofrece el banco de proyectos en donde podemos tener financiación para Juntas de Acción Comunal hasta por $48 millones. Hemos hablado con la Gobernación de hacer un trabajo articulado para sacar adelante esta iniciativa.