El alcalde de Neiva, Gorky Muñoz y el secretario de Educación Giovanny Córdoba, deberán responder por las presuntas irregularidades en la adjudicación y entrega de raciones escolares en medio de la pandemia.
RICARDO AREIZA
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La Procuraduría General de la Nación abrió formalmente una investigación disciplinaria por las anomalías en la contratación y entrega de los kits alimenticios para los estudiantes de las escuelas públicas de la capital huilense.
La contratación fue realizada sin licitación pública y terminó favoreciendo a tres empresas foráneas de El Charco (Nariño), relacionadas entre sí, supuestamente porque ninguna empresa huilense se presentó.
La investigación cobija en principio, al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón y a su secretario de Educación, Giovanny Córdoba.
La queja fue formulada el 29 de abril pasado por la comunidad. Los veedores ciudadanos denunciaron básicamente que el contratista foráneo no cumplía con el contrato ni con sus obligaciones y menos con las normas de bioseguridad en la entrega de los mercados.
Además, denunciaron que el domingo que el operador entregó raciones incompletas, el 26 de abril en la zona rural y el 27 de abril en las instituciones educativas públicas, en medio de total desorden, sin cumplir con los protocolos de bioseguridad.
La Procuradora Provincial atendió las denuncias e inició una acción preventiva, que concluyó finalmente con la apertura del proceso disciplinario.
Hallazgos
Según la Procuraduría, por las pruebas allegadas al plenario, los funcionarios pudieron incurrir, probablemente en una falta disciplinaria en la ejecución de los contratos. En el caso del secretario de Educación, Giovanny Córdoba, por las supervisiones a las órdenes de suministro No. 010 de 2020 cuyo objeto era la entrega de kit alimentarios “ración para preparar en casa”, y en el caso del Alcalde Gorky, además por posibles sobrecostos en la misma orden de suministro.
La procuradora Provincial de Neiva, Yulieth Cristina Cortés, encontró en forma preliminar, posibles irregularidades en la suscripción de la orden de servicios de interventoría No. 011 de fecha, expedida el 6 de abril de 2020, suscrito entre la administración municipal de Neiva y la empresa Fundación Colombia Florece, cuyo objeto era realizar interventoría a la Orden de Servicio No. 010 de 2020.
“La posible irregularidad consiste en firmar la orden de servicio de interventoría con una persona jurídica que se encontraba inhabilitada, a razón de que su representante legal (Miguel Alfonso Banguera Jaramillo) era miembro de la junta directiva del operador a quien debía hacer interventoría”.
La otra versión
El secretario de Educación, Giovanny Córdoba, afirmó que no ha sido notificado de la apertura del proceso. Sin embargo, anticipó que sobre el mismo aspecto ya han presentado los informes a la Contraloría y a la Fiscalía.
“Esperamos que nos llamen para poder dar las explicaciones como ya lo hemos hechos con otros órganos de control, como la Contraloría, Personería y Fiscalía”, afirmó Córdoba.
“Nosotros consultamos con Sistema de Compras Públicas, con la página del Dane, solicitamos 14 cotizaciones con empresas de aquí del medio, comparamos precios y esperamos que nos llamen para dar las explicaciones”, afirmó sin dar más detalles.
La contratación
Los contratistas foráneos fueron seleccionados en un proceso de contratación exprés para cubrir el excedente sin ejecutar que dejó la Cooperativa de Inversiones Surcolombiana (antes Alfaba). Esta firma venía operando el Programa de Alimentación Escolar hasta el 5 de marzo canceló unilateralmente el contrato, argumentando que “registraba pérdidas” y exigiendo un reajuste en el precio.
Al no tener una autorización para incrementar el valor de las raciones escolares prefirió cancelarlo dejando un excedente de 5.300 millones de pesos sin ejecutar, lo que demoró el suministro de la alimentación escolar al comenzar el calendario académico.
En estas condiciones y presionados además por la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional para contener la pandemia, la administración municipal inició un proceso exprés de contratación por el saldo sin ejecutar.
Finalmente, sin licitación y a dedo fue escogida la Asociación de Estudiantes Arfrodescendientes de Nariño (Asoformando) como operadora de este contrato.
El contrato 5250 fue suscrito con Carmen Rosaida Castillo Arboleda y con vigencia hasta el 5 de junio.
En total la entidad debía suministrar por este tiempo 105.000 raciones, incluyendo las primeras 35.000 raciones que se entregarían en el primer periodo, de éstas 5.000 para la zona rural de Neiva.
Simultáneamente se expidió la Orden de Servicios de interventoría No. 011 de fecha 6 de abril de 2020. La interventoría le fue adjudicada a la fundación Colombia Florece, representada legalmente por Miguel Alfonso Banguera Jaramillo, miembro principal de la junta directiva de Asoformando, la encargada de suministrar las raciones escolares para preparar en casa, lo que generaba de hecho, una abierta y expresa inhabilidad.
La firma alcanzó a recibir el anticipo, cuando se destapó el escándalo, origen de la investigación disciplinaria que acaba de abrir formalmente la Procuraduría Provincial de Neiva.
Los contratos fueron firmados por el alcalde de Neiva Gorky Muñoz Calderón, por su secretario de Educación, Giovanny Córdoba y refrendado por los asesores jurídicos Juan Felipe Molano y Andrés Camacho.
Adicionalmente, la Contraloría General de la República en un primer informe nacional sobre la ejecución de recursos en medio de la pandemia, puso la lupa en otro contrato para el suministro de 13.500 mercados para los centros vida y cabildos del Adulto Mayor por valor de 2.389 millones de pesos. Este contrato le fue adjudicado a la Corporación Colombia en Paz y Social (Corsocial), representada por Evis Herlinda Estacio Quiñones.
Las coincidencias
Lo que no se sabía en el momento de la adjudicación directa de los contratos, es que los contratistas hacían parte de una malla empresarial orquestada para manejar la contratación.
Las tres empresas provienen del Charco (Nariño) y han tenido profundos nexos entre sí. Las empresas contratistas funcionan en la misma sede (Calle 76 -1-39) pero donde también operara la Asociación Afrocolombiana de Víctimas del Conflicto (Asofrovic) liderada por Giovanny Córdoba, secretario de Educación y para más sorpresas de la Corporación Colombia en Paz y Social (Corsocial) también contratista de la Alcaldía de Neiva (mercados para adultos mayores). Esta entidad está legalmente representada por Evis Herlinda Estacio Quiñones, quien a su vez fundadora de Asoformando.
Lo que dijo Gorky
Cuando se destapó el escándalo, el alcalde Gorky Muñoz, salió a dar explicaciones, confirmando en parte, los cuestionamientos formulados.
Primero explicó que la contratación directa que no fue objeto de control inmediato de legalidad, se sustentó en la declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta expedidas por la emergencia sanitaria nacional.
Entre otras razones, “para actuar de manera rápida ante las necesidades de la comunidad, y como resultado, se han contratado de manera directa, 143.000 raciones alimentarias”, explicó.
“De las contrataciones realizadas hasta el momento, hay tres que han generado inquietud en la comunidad”, precisó el mandatario neivano: la primera es la orden de suministro 010 de 2020 ( valor de 5.250 millones de pesos, para 105.000 complementos nutricionales para el suministro de los beneficiarios del programa PAE); la segunda es la interventoría para el contrato de PAE por valor de 300 millones de pesos; y por última, la contratación de 13.500 mercados para las personas de la tercera edad que pertenecen de los Centros Vida y Cabildos del Adulto Mayor en la ciudad, por valor de 2.389 millones de pesos”. Nada nuevo.
El contrato fue otorgado a la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño (Asoformando), que tiene su origen en Tumaco (Nariño), porque fue la única que se presentó.
Inhabilitada
Ante las denuncias realizadas inicialmente por La Silla Sur, el alcalde Gorky confirmó que el contrato de interventoría fue cancelado porque el representante legal de esta firma, Miguel Alfonso Banguera Jaramillo es miembro de la junta directiva de la fundación Colombia Florece contratada para el suministro de los kits alimenticios escolares.
En su reemplazo integró una supervisión colegiada, con diferentes funcionarios de la Secretaría de Educación, con el fin de verificar las entregas y su oportuno cumplimiento. La empresa se comprometió a devolver los recursos que le giraron en calidad de anticipo.
El tercer contrato lo operó la Corporación Colombiana en Paz y Social (Corsocial) también constituida y con domicilio principal en el Charco (Nariño). La fundación, según la explicación de la administración municipal es que también tenía sede en Neiva.
¿Sobrecostos?
Según el expediente, la Procuraduría habría encontrado, en la etapa de indagación preliminar, posibles sobrecostos.
“Teniendo en cuenta que las posibles conductas se encuentran relacionadas con la suscripción de la Órdenes de suministro No. 010 de 2020 y la Orden de servicios de interventoría No. 011 de fecha 6 de abril de 2020, y que’ las mismas fueron signadas directamente por el señor Gorky Muñoz Calderón en su calidad de Alcalde de Neiva, este despacho carece de competencia para conocer y tramitar el proceso disciplinario, razón por la cual se hace necesario compulsar copia del expediente con destino a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal, para lo de su función y competencia”, precisó la funcionaria.
En estas circunstancias, ordenó escuchar en versión libre y espontánea al secretario de Educación, Geovanny Córdoba para esclarecer los hechos y determinar la existencia o no de las irregularidades, detectadas inicialmente en la etapa de indagación previa.
