El polémico complejo hotelero, ad portas de su demolición por graves infracciones ambientales, fue nominado a la Bienal Nacional de Arquitectura. La selección entre 118 propuestas desató una dura controversia. Arquitectos de la región, pidieron su retiro.
RICARDO AREIZA
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Aunque parezca increíble, el Bethel Bioluxury Hotel, construido ilegalmente en el corazón del desierto La Tatacoa, fue nominado para participar en el próxima Bienal Nacional de Arquitectura, que se celebrará el próximo mes en Cartagena.
El proyecto a punto de ser demolido por las múltiples infracciones ambientales y los impactos negativos ocasionados en la zona protegida, quedó clasificado en la categoría ‘Proyecto Arquitectónico’ con otras 32 propuestas que escogió un jurado calificador conformado por Enrique Norten, Adib Cure, Gloria Serna, Hernando Vargas Caicedo, Ricardo Navarrete, Hildelgard Vásquez, Alberto Saldarriaga, Gilma Mosquera y Doris Tarchopulos.
El hotel figura entre los 118 proyectos seleccionados en nueve categorías que aspiran este año el Premio Nacional de Arquitectura, que otorga la Sociedad Colombiana de Arquitectos.
La nominación generó polémica. La Sociedad Huilense de Arquitectos, en primer lugar, cuestionó la decisión de autorizar su participación y solicitó su retiro, por los daños ambientales ocasionados en esa zona de preservación ecológica. Diez ex presidentes de la agremiación, entre otros, anunciaron su protesta considerando que este proyecto fue erigido ilegalmente, contraviniendo las normas de protección ecosistémica y desafiando la legitimidad de las autoridades ambientales.
“Es una verdadera afrenta que este proyecto cuestionado por los impactos negativos, haya sido admitido a pesar de los daños ambientales que ha originado”, explicaron.
La otra cara
“El señor Frank Corredor se presentó en el marco de un evento que es público que se lanzó en enero, se inscribió a la Bienal, se surtió el proceso de clasificación, el requisito es que la obra se haya construido en los últimos cinco años, el jurado evaluó el proyecto y quedó en la categoría de seleccionados”, confirmó el director de la Bienal, Felipe Enciso.
El dirigente nacional también confirmó la tormenta que se desató luego de haberse anunciado los seleccionados.
“Hemos recibido comentarios de diferentes personas de que el proyecto no cumple con todos las normas habidas y por haber, estamos en el cierre de la publicación, hasta el momento no tenemos un documento formal, legal, que nos permita como institución retirar el proyecto”, precisó.
“El arquitecto aportó algunos documentos diciendo que cumple con toda la normatividad y por eso no lo podemos retirar porque no hay una cosa juzgada”, acotó Enciso.
“Por todas estas llamadas que hemos recibido convocamos una comisión para analizar el caso, pero hasta el momento, no hay un documento que diga lo contrario. Solicitamos la información a las autoridades ambientales y hasta el momento no tenemos una respuesta”, afirmó.
“Es un tema muy complejo pero es un tema legal, mientras no tengamos un pronunciamiento de la autoridad, el proyecto no podrá ser retirado”, concluyó.
Lo polémico
Lo irónico es que un proyecto que aspira a un premio nacional de arquitectura, esté hoy al borde de la demolición, como uno de los grades infractores ambientales.
La suspensión de las actividades hoteleras, asociadas con la captación ilegal de agua, el aprovechamiento forestal sin previa autorización y los daños ecológicos fue ordenada hace tres años. No obstante, los propietarios del emporio turístico no acataron la orden.
Ante la persistencia de los impactos adversos generados en esta zona de restauración ecológica, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (Cam) ordenó a finales del año pasado el cierre del hotel que ahora curiosamente, cambió de nombre.
Después de la orden de demolición notificada en enero pasado por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), el hotel cambió de nombre. Ahora se promociona como “Bethouse – Casa de huéspedes”.
La autoridad ambiental ordenó el desmonte de la estructura arquitectónica, en un plazo de diez meses; dispuso como medida de compensación, la restauración total de las zonas impactadas y le impuso una multa estimada en 780 millones de pesos.
El desmonte tendrá que hacerse una vez quede ejecutoriado el acto administrativo que le impuso la sanción. Actualmente, el proceso está en suspenso mientras se surte una medida de saneamiento jurídico.
Razones de peso
Aunque cambió de nombre, el complejo no cumple con la normatividad ambiental, tal como quedó consignado en los pliegos de cargos, que siguen incólumes, pese a la medida de saneamiento del proceso sancionatorio.
De acuerdo con los cargos formulados, la actividad hotelera donde se prestan los servicios de alojamiento, restaurante y piscina, no se enmarca dentro de los usos permitidos en el Distrito Regional de Manejo Integrado La Tatacoa, creado en el 2012.
“Por el contrario, genera impactos ambientales negativos que van en contravía de los objetivos de conservación y de los usos permitidos”, precisó la autoridad ambiental.
Además, “no cuenta con los permisos ambientales para el desarrollo de sus actividades, como concesión de aguas superficiales y permiso de vertimientos para aguas residuales domésticas”.
Si bien la sociedad Frank Corredor Arquitecto inició en el 2010 los trámites para la obtención de los permisos respectivos, finalmente no los obtuvo.
Sin embargo, fue ejecutado en el 2013 por otra sociedad “Tatacoa Desert SAS”, sin los permisos legales, lo que originó el proceso sancionatorio que concluyó con el cierre y la orden de demolición, una vez quede ejecutoriada.
Impactos negativos
El hotel que aspira a concursar por el premio nacional de arquitectura fue levantado ilegalmente en la vereda Palmira, una zona de restauración para la preservación que debe recuperarse como área protegida (Distrito Regional de Manejo Integrado) así declarado según Acuerdo No. 008 del 25 de septiembre de 2014.
La infraestructura hotelera se construyó en madera con techos elaborados con árbol de pela (una especie de acacia típica del desierto) explotados ilegalmente. Tambien se utilizaron manglares foráneos, transportados sin permisos.
Para levantarlo, según la CAM, se talaron por lo menos 980 arbustos, en un área afectada de dos hectáreas aproximadamente, sin los permisos previos de aprovechamiento ni movilización del material vegetal.
Las estructuras, según el concepto técnico realizado por la autoridad ambiental, actualmente vigente, ocasionó cambios drásticos en la composición del paisaje, con afectaciones por reacomodación de flora nativa, recubrimiento de suelo, con materiales poco amigables con el medio ambiente como cemento y roca (tipo placa huella) ajenas al medio natural y está estimulando fenómenos erosivos.
“El peso de los caminos en piedra y de las estructuras de alojamiento construidas muy al margen del talud, sumado a la composición de los suelos (areniscas) y a las lluvias atípicas (muy fuertes y cortas) que se presentan en el desierto, pueden favorecer la ocurrencia de procesos erosivos, generando desestabilización de taludes”, explicó el ingeniero ambiental Yeison Andrés Atehortua, cuyo concepto también fue definitivo para tomar las medidas de demolición de toda la infraestructura.
El agua utilizada proviene de tres nacederos en el sector de Los Hoyos, cercanos al complejo turístico. Los manantiales se encuentran en un radio de longitud de 180 y 458 metros de distancia de la infraestructura hotelera.
El agua, captada ilegalmente, es bombeada desde el nacedero hasta un tanque ubicado en las instalaciones del hostal, sin cumplir con las normas ambientales y sin tener la respectiva concesión por parte de la Cam.
Adicionalmente contrató el suministro de agua en carrotanques, pero sigue usando las manantiales del desierto sin los permisos de concesión de agua.
“Los nacimientos no cuentan con franjas o áreas de protección o aislamiento que permitan su recuperación natural con evidencia de intervención antrópica”, consignaron los técnicos de la entidad ambiental durante la última inspección ocular.
Conscientes de las infracciones, no rebatidas en el recurso de reposición, su apoderado solamente reclamó la reducción de la multa (de 799 millones a solo 20 millones de pesos) y la modificación de la orden de demolición por la de conceder un periodo de transición de 20 años para que el infractor reubique su infraestructura.
La decisión se definirá a mediados de noviembre, coincidiendo con la Bienal de Arquitectura.