El alcalde de Pitalito Edgar Muñoz relevó definitivamente al gerente de Empresas Públicas, atendiendo una orden del contralor Amaury Luis Flórez. Varias irregularidades rodearon la inusual medida cautelar.
RICARDO AREIZA
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Amparado en el principio constitucional de “verdad sabida y buena fe guardada”, el contralor del Huila, Amaury Luis Flórez Reino, bajo su responsabilidad, solicitó la inmediata suspensión del cargo, del gerente de Empresas Públicas de Pitalito (Empitalito), Henry Liscano Parra.
El funcionario conservador, es objeto de varias investigaciones por supuestas irregularidades registradas en la ejecución de los proyectos de ornato, remodelación de la sede administrativa y elaboración del plan estratégico de la entidad, entre otras.
La auditoría exprés, realizada el año pasado por la Contraloría del Huila, configuró finalmente ocho hallazgos administrativos con incidencia fiscal por un presunto detrimento patrimonial en cuantía de 1.782 millones de pesos.
Además, confirmó tres hallazgos con posible incidencia penal por desviación de recursos públicos; seis con alcance disciplinarios y un hallazgo administrativo con incidencia sancionatoria por un festín de contratos adjudicados a dedo, en los primeros meses de su administración.
“Los procesos fiscales se encuentran debidamente aperturados y notificados. Los hallazgos penales, sancionatorios y disciplinarios fueron trasladados debidamente a las autoridades competentes para los trámites pertinentes desde el 19 de octubre de 2020”, confirmó el contralor Flórez Reino.
La atribución constitucional permite bajo su responsabilidad la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones fiscales o los respectivos procesos penales.
“Ante la evidencia de presuntas irregularidades fiscales, penales y disciplinarias, existe un riesgo de vulneración al principio de verdad sabida y buena fe guardada. Bajo esta premisa se tomó la decisión para asegurar la transparencia de los procesos de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría, los procesos que adelanta la Fiscalía y la Procuraduría Provincial de Garzón”, afirmó.
Además, “para proteger la moralidad administrativa y garantizar la salvaguarda de los recursos públicos y la efectividad del control fiscal, aunado a la necesidad de evitar que el patrimonio y la moralidad pública se pongan en mayor riesgo”.
La figura fue utilizada en 1994 por la contralora Luz Marina Motta Manrique, ordenando el retiro temporal de varios funcionarios de la desaparecida Industria Licorera del Huila. Ahora, vuelve a replicarse.
“En estas condiciones, consideramos urgente y necesario que el nominador, en este caso el Alcalde de Pitalito, proceda a la suspensión inmediata del gerente de Empresas Públicas, como una medida cautelar, por el término de seis meses”, añadió.
La separación temporal es de carácter perentorio y tendrá que adoptarse en un término de 24 horas. Contra esa decisión no procede ningún recurso.
“El alcalde tendrá plazo hasta el lunes a las seis de la tarde para tomar esa decisión, sopena de las sanciones a las que se puede exponer”, advirtió Flórez Reino.
El funcionario fue notificado el viernes pasado, antes de terminar la jornada laboral. Sin embargo, no hubo necesidad de esperar todo el tiempo. Ayer mismo fue acatada la orden.
Medida cautelar
Aunque el gerente de la entidad, Henry Liscano, ha defendido su gestión y la aparente legalidad de la contratación, otra cosa piensan los funcionarios de la entidad, encargados de la investigación.
A pesar de la gravedad de los hallazgos, el funcionario siguió ejerciendo el cargo normalmente, y ejecutando los proyectos censurados por la investigación fiscal.
“No solo tiene el poder para afectar el recaudo probatorio y la integridad de la prueba, sino para interferir en el desarrollo de los procesos y agravar el daño patrimonial”, admitieron funcionarios de la entidad”, consultados por LA NACIÓN.
Liscano, una vez fue notificado se comunicó con el alcalde. En su primera reacción le advirtió que “estoy tranquilo porque respondí todos los hallazgos”. El funcionario no contestó las llamadas ni los mensajes.
El alcalde Edgar Muñoz Torres anunció que la medida cautelar fue acatada sin reparos.
“Desde el momento en que fuimos notificados, iniciamos el proceso administrativo. El encargo quedó definido el sábado pasado, ya estamos agilizando el empalme y la idea es dar un giro radical en la entidad”, anticipó el mandatario laboyano.
Nuevo gerente
El ex alcalde de Pitalito, Carlos Alberto Martín Salinas fue designado ayer nuevo gerente de las Empresas Públicas.
El funcionario, quien se venía desempeñando como secretario de Educación, asumirá el cargo en reemplazo de Henry Liscano Parra, separado ayer por orden del Contralor Amaury Luis Flórez.
Aunque la medida cautelar es por seis meses, el alcalde Edgar Muñoz confirmó que Liscano no volverá al cargo.
“Este cargo no está asignado al conservatismo como lo insinúan los críticos. Ni al sector andradista”, replicó el mandatario laboyano.
Martín Salinas, liberal, ya había ocupado en el pasado ese cargo, fue alcalde elegido popularmente y estuvo en el congreso como representante a la Cámara (suplente de Orlando Beltrán).
Según el alcalde Edgar Muñoz en el curso de esta semana designará su reemplazo en la Secretaría de Educación.
Anomalías
Durante la auditoría el organismo de control puso sobre el tapete varias anomalías. Liscano heredó un polémico proyecto de remodelación de la sede promovido desde la anterior administración.
El contrato fue firmado en agosto de 2018 por la gerente de la época Liza Adriana Carvajal con el arquitecto César Alejandro Avilés Vélez por un valor de 30 millones de pesos, con un plazo de ejecución de dos meses.
Faltando un mes y cuatro días para finalizar el periodo de gobierno del anterior alcalde Miguel Antonio Rico Rincón, adjudicó el contrato de obra 304 de 2019 para la remodelación de la fachada de la sede principal de empresas públicas por valor de 803.31 millones.
El contrato fue celebrado el 26 de noviembre de 2019 con el consorcio Fachada Empitalito SAS 2019 con un tiempo de ejecución de 10 meses contados a partir de la fecha del acta de inicio. Ese mismo día suscribió el contrato de interventoría por $53,67 millones de pesos con el ingeniero Juan Manuel Tobar Murcia. Los dos contratos sumaron $856,99 millones de pesos.
El acta de inicio se firmó el 23 de diciembre, una semana antes de terminar el mandato. Ese mismo día, le otorgó un anticipo por valor de 321.32 millones correspondiente al 40% del valor de contrato.
El 31 de diciembre, el último día de la administración de Rico Rincón, la Secretaría de Planeación, le otorgó la licencia de construcción.
El 3 de enero de 2020, un día después de posesionado, el gerente Henry Liscano se reunió con los contratistas, y antes de pegar el primer ladrillo, suspendió la obra y anunció que la sede principal sería un “edificio inteligente”. Ese día firmó la primera suspensión, argumentando como justificación la necesidad de rediseñar el proyecto. Nunca se hizo.
El 7 de mayo el personero laboyano, Hernando Reyes, denunció posibles irregularidades en este contrato de remodelación financiado con recursos de un crédito con Infihuila por, 1.077 millones de pesos, con la pignoración de rentas. Aunque la obra nunca despegó, la entidad siguió pagando las cuotas del empréstito, pactado con una tasa de interés del DTF + 2% y un plazo de 12 meses. El crédito inició a pagarse desde octubre de 2019.
“Lo anterior permite concluir que la empresa ha cancelado intereses por un dinero procedente de recursos del crédito que aún no cumple el fin para el cual fue adquirido, si se tiene en cuenta que la obra destino es tu recursos ni siquiera se ha iniciado. Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo con posible incidencia fiscal”, concluyó la Contraloría.
En estas condiciones, el contralor departamental, Amaury Luis Flórez, concluyó que en este caso, se puede configurar la existencia de un presunto detrimento patrimonial, por 23,85 millones de pesos, que corresponde al valor de los intereses pagados al Infihuila.
Y en segundo lugar, otro presunto detrimento patrimonial cuantificado en 803,31 millones de pesos, correspondiente al valor del contrato, “dado que solo han pasado ocho meses de suscrita el acta de inicio y no se ha iniciado la ejecución de la obra, lo que puede tener iniciar un proceso sancionatorio”.
A pesar de los reparos, el funcionario insistió en continuar con el proyecto. El alcalde anunció que esa no sería una prioridad.
Doble contratación
El gerente Henry Liscano celebró un nuevo contrato de prestación de servicios número 131 el 11 de marzo de 2020 con la firma Arquitectos Bejarano Constructora SAS por valor de 149.8 millones para la realización de los nuevos diseños de la sede administrativa.
Se evidencia la existencia de una doble contratación por el mismo objeto. Además en el contrato 131 de 2020 nuevamente se contrataron productos como estudios de suelos diseño arquitectónico, diseño general, diseños y estudios hidrosanitarios presupuesto y especificaciones técnicas.
Liscano explicó que “los diseños no se tuvieron en cuenta porque no se pensaba remodelar sino construir un edificio nuevo”.
Polémico ornato
La campaña de ornato, denominada “Pitalito Limpio y Bonito” estuvo según la Contraloría, llena de anomalías.
Liscano, suscribió varios contratos con el mismo fin.
El contrato 122, el más voluminoso fue adjudicado a Carlos Guillermo Rodríguez Rengifo por 583.21 para la instalación y aplicación de bioinsumos y material en los parques.
El contrato 123 fue firmado el 4 de marzo del 2020 con el señor Jorge Eliécer Hurtatis Artunduaga por valor de 335 millones de pesos para el mantenimiento a todo costo de áreas públicas, con notorias deficiencias, no subsanadas.
También celebró con la misma persona el contrato 135 suministro de vallas informativas y seguridad móviles y fijas reflectivas por un valor de 27.9 millones.
Según la reglamentación del servicio público de aseo, no incluye el servicio de embellecimiento y ornato, lo que significa que se desviaron recursos para otras actividades ajenas al servicio público
Aunque el gerente defendió la legalidad de los actos administrativos, la Contraloría insistió en la existencia de un presunto detrimento patrimonial cuantificado en la suma de 554.89 millones que corresponde al valor de los recursos públicos cancelados en los contratos celebrados dentro del proyecto Pitalito, Limpio y Bonito.
Lanzamiento
El agente fiscalizador confirmó las falencias en otro contrato de apoyo para el lanzamiento del proyecto de embellecimiento y la organización de un ciclo paseo.
El Contrato 128 del 5 de marzo fue suscrito con Francisco Javier Castaño Cárdenas para el apoyo logístico. Costó 14.86 millones y terminó financiando meriendas. El contrato fue imputado al rubro de estímulos y bienestar social, pagos convención colectiva, según el certificado expedido por la supervisora del contrato.
La irregularidad, según la misma Contraloría, puede configurar un peculado por aplicación oficial diferente.
“El suministro de comida y el servicio de logística no se compadece con el programa de estímulos permitidos por la normatividad”, advirtió.
Plan estratégico
Adicionalmente, Liscano contrató con la firma Puentes Murcia y Asociados por 110 millones de pesos la realización de un “plan estratégico”, cuando las obligaciones del contratista se encuentran enmarcadas dentro de las funciones atribuidas a la Oficina de Planeación de la entidad.
“Por lo tanto se contrataron actividades que deben ser realizadas por el personal de planta de la entidad asignadas al Jefe de la Oficina de Planeación”, observó el organismo de control. Por este contrato se han realizado dos pagos por valor de 44 millones y le adeuda la suma de 66 millones.