Los Colegios de la Felicidad y la pavimentación de la vía Isnos-Paletará-Popayán, obras de importancia para el Huila, continuarán ‘congelados’ tras confirmarse por parte de la Superintendencia de Sociedades el sometimiento al máximo grado de supervisión “control” de la empresa ICM Ingenieros S.A.S. socia de la Unión Temporal (UT) Centros Poblados por el escándalo del Mintic.
“Son dos obras muy importantes para el desarrollo y progreso del departamento que han sido suspendidas…”, dijo el diputado garzoneño Armando Acuña, al calificar de preocupante la confirmación de sometimiento al máximo grado de supervisión “control” de la firma ICM Ingenieros S.A.S. socia mayoritaria de la Unión temporal Centros Poblados por el escándalo del Mintic.
La firma, con una participación del 35% en la UT, se encontraba adelantando las obras de construcción de los seis Colegios de la Felicidad y la pavimentación de la vía Isnos-Paletará-Popayán.
Y es que con la confirmación de sometimiento de máximo grado de supervisión a la firma ICM Ingenieros por parte de la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades), sumada al embargo de las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDT, ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la empresa no podrá ejecutar las obras. “El Tribunal pidió suspender todas las obras de los socios de Centros Poblados y pues está incluidos los Colegios de la Felicidad y la vía Isnos-Paletará-Popayán”, recordó el diputado Acuña.
Al embargo de las cuentas de la firma contratista, se agrega la prohibición por parte de la Superintendencia a los administradores y empleados la constitución de garantías que recaigan sobre bienes propios de la sociedad. “Se prohíbe la realización de enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios sin autorización previa de la Superintendencia de Sociedades…”, manifestó Camilo Armando Franco Leguízamo, director de Supervisión Empresarial de la Supersociedades.
Con las decisiones del Tribunal y la superintendencia el departamento del Huila se ve perjudicado en las dos obras que son consideradas de mayor importancia. “Son dos obras muy importantes para el desarrollo y progreso del departamento que han sido suspendidas por salir salpicado uno de los socios de Centros Poblados”, sostuvo Acuña.
Colegios a medias
El diputado garzoneño sostuvo que la firma ICM Ingenieros trató de ceder las acciones que tenía con el consorcio antes de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca embargara las cuentas. “El socio sale salpicado con lo de Centros Poblados y estaba cediendo las acciones que tenía, pero no se alcanzó hacer, por lo tanto el contrato está suspendido”.
Sostuvo que una de las preocupaciones mayores es que el contrato de los Colegios de la Felicidad “va vía hacer siniestrado, los incumplimientos son evidentes, los avances de la obra no son significativos, y los socios no tenían el vínculo financiero para responder por ese contrato”.
Las seis instituciones, que se están construyendo en los municipios de El Agrado, El Pital, La Plata, La Argentina, Isnos y Algeciras, se desarrollan con un empréstito que aprobó la Asamblea Departamental.
Acuña recordó que el contrato inicialmente tenía un valor de 35 mil millones de pesos, luego se hace una adición alrededor de 15 mil millones de pesos, y los avaneces de obra no pasan del 50%. “Hemos advertido, de igual manera, que a pesar de la adición que se le hiciera por la anterior administración a este contrato, para poder terminar esta primera fase se requiere alrededor de 7 mil millones de pesos”.
Sostuvo que pareciera que no hubo planeación para la ejecución del contrato. “Mire la mala planeación, la mala ejecución del contrato. La planeación que se hizo mediante los estudios y diseños no fue ceñida a la realidad del terreno”.
Agregó que en el debate que se realizó en la Asamblea sobre el contrato de los Colegios de la Felicidad, los diputados fueron sorprendidos que el contrato no era para la construcción de las instituciones sino para una primera fase. “Nos sorprendieron porque creíamos que el contrato era para construir los Colegios de la Felicidad y en el debate se nos ha manifestado que era la primera fase, o sea que no se van a construir en sí para poner a disposición de los alumnos estas instituciones, tendría que venir un segundo contrato para una segunda fase”.
El panorama de la construcción de estos colegios tiene inquieto al diputado. “Nos preocupa porque cuando se escogieron esos municipios era para solucionar un problema que tenían algunas instituciones educativas que requerían construirlos de nuevo”.
Isnos- Paletará -Popayán
La pavimentación de la ruta Isnos- Paletará -Popayán, según el Ministerio del Transporte, debería terminar el 31 de julio del año 2022 con una intervención de 14 kilómetros y con una inversión de 93.790 millones de pesos.
El proyecto es el mismo que el Grupo Nule abandonó después de quedarse con los recursos que le giró el Gobierno Nacional en el 2008 y una contrapartida de 30 mil millones de pesos que aportó el gobernador de la época Luis Jorge Sánchez.
Sin embargo, la grave situación financiera, contable, administrativa y jurídica de la empresa de Emilio Tapia Aldaba, el segundo mayor aportante del consorcio, complicará a corto plazo una solución para asegurar el inicio de las obras, y la garantía de la financiación del proyecto. Incluso, la eventual cesión del contrato, como lo propuso el congresista Jaime Felipe Lozada.
El consorcio San Sebastián 064, encargado de la ejecución de la obra, está conformado por Alca Ingeniería SAS con 35%; ICM Ingenieros SAS, con una participación del 25%; Ingeniería Transporte y Maquinaría SAS con otro 20% y Horacio Vega Cárdenas con otro 20% para un total de 300.100 millones de pesos.
Con este complejo panorama de la firma ICM Ingenieros, la eventual reactivación del ‘Corredor vial del Paletará’ será otra ‘falsa alarma’. La posible cesión de la participación accionaria a otra empresa, como anunció el congresista Jaime Felipe Lozada, con seguridad, será otro imposible.
A la deriva
Como ocurrió con el Grupo Nule, la empresa ICM Ingenieros, vigilada por la Superintendencia de Sociedades, registra serias inconsistencias financieras que pueden llegar a afectar de manera importante la razonabilidad de la información, del capital de trabajo, y otros índices financieros necesarios en el análisis al momento de una eventual negociación.
Además, ICM Ingenieros, socia del consorcio San Sebastián registra otras controversias contractuales que cursan ante un tribunal de arbitramento entre algunos de los socios salientes (vendedores) con los entrantes (compradores) de esa compañía.
Y se suma la captura de Emilio Tapia Aldana, el nuevo propietario de la compañía, condenado por el carrusel de la corrupción en Bogotá. La empresa fue creada por Luis Guillermo Meza Barragán y el exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, también condenado en el 2016 por otros casos de corrupción.
La crisis se agravó con la renuncia de su representante legal y los dos suplentes. El principal Herles Rodrigo Ariza Becerra, presentó su dimisión el 24 de agosto de 2021.
“El hecho de que la sociedad no atienda a cabalidad los requerimientos de esta Superintendencia, por las razones que expresa, es un reflejo de su situación crítica de orden administrativo, que afecta su existencia y los intereses de terceros”, afirmó el director de Supervisión Empresarial.