Cuatro generales (r) del Ejército, tres de ellos excomandantes de la Novena Brigada en el Huila, entre el año 2005 y el año 2008, fueron llamados a juicio por ‘falsos positivos’, por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Los exmilitares no aceptaron su responsabilidad en las muertes extrajudiciales y desapariciones. “Los comparecientes no reconocen su responsabilidad como autores por omisión o coautores de los crímenes que les fueron endilgados…”, dijo el organismo especial.
Rafael Rodríguez C.
A una pena de 20 años de cárcel se están exponiendo cuatro generales (r), tres de ellos comandaron la Novena Brigada del Ejército en el Huila, tras ser llamados a juicio por la desaparición de 31 personas y el asesinato de 259 más.
Se trata de Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y William Fernando Pérez Laiseca; además del excomandante del Batallón Magdalena en Pitalito, Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, entre diciembre de 2007 y septiembre de 2009, y el teniente coronel (r) Fernando Moncayo Guancha.
Los militares fueron llamados a juicio por la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que en su comparecencia a la jurisdicción especial, no aceptaran su responsabilidad en los delitos que les imputaron.
“Los comparecientes no reconocen su responsabilidad como autores por omisión o coautores de los crímenes que les fueron endilgados, ni su rol en los patrones macrocriminales identificados, aun cuando la Sala los identificó como máximos responsables de los hechos y conductas determinadas…”, dijo la JEP.
108 operaciones militares cuestionadas
La vinculación de los exoficiales de la Novena Brigada, entre los años 2005 a 2008, se dio luego de que la jurisdicción especial en versión escuchara a 61 exintegrantes del Batallón Magdalena; 52 es uniformados del Batallón Cacique Pigoanza; 6 de exmilitares de la Agrupación de Fuerzas Especiales No. 11 y 11 exintegrantes del Estado Mayor de la Brigada. “Se convocó 138 versiones voluntarias y 7 testimonios a terceros e integrantes de la unidad militar, para esclarecer su involucramiento en hechos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en de combate…”, indicó la JEP.
Agregó que en las versiones ante la ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación, varios comparecientes confesaron su participación en los asesinatos extrajudiciales y otros reconocieron la ilegalidad de las operaciones militares que desarrollaron en las unidades militares priorizadas. “Con ello, se obtuvieron aportes al esclarecimiento de lo sucedido en un grado superior al alcanzado en los procesos penales que adelantó la justicia ordinaria”.
Entre los comparecientes que entregaron sus versiones voluntarias se encontraban los generales (r) Pérez Guarnizo, Lasprilla Villamizar, Pérez Laiseca, Pinto Lizarazo y el teniente coronel (r) Moncayo Guancha. “En dichas diligencias los mencionados comparecientes forzosos negaron la ilegalidad de los hechos o su participación en las conductas que se les atribuyen, y se opusieron a los señalamientos que les endilgan sus entonces subalternos”, explicó la JEP.
Sostuvo el organismo especial que como consecuencia de las labores de conocimiento y al trabajo de verificación y contrastación de la información obtenida en las inspecciones judiciales, en las diferentes versiones voluntarias practicadas, así como los datos aportados por las víctimas, la Sala de Reconocimiento, el 20 de noviembre de 2023, determinó que entre el año 2005 y el año 2008 se desarrollaron 108 operaciones militares cuestionadas atribuibles a 35 máximos responsables y partícipes determinantes sin liderazgo , miembros activos retirados del Ejército Nacional de Colombia y calificó tales hechos como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
“En virtud de las facultades de contrastación de la información y de determinación de los hechos y las conductas la Sala le atribuyó responsabilidad penal individual a los excomandantes de la Novena Brigada como autores por omisión de los crímenes de desaparición forzada, crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crimen de asesinato como crimen de lesa humanidad”, señaló la jurisdicción especial.
Agregó que por los mismos delitos “pero a título de coautoría” fue llamado a reconocer responsabilidad el mayor general (r) Pinto Lizarazo, junto con treinta miembros más de las unidades militares priorizadas del departamento del Huila.
“Operaciones ilegales y su encubrimiento”
La JEP manifestó que los exmilitares de la Novena Brigada, tenían “una posición de garante sobre la vida, integridad personal y seguridad de los habitantes de los sectores donde se ubicaban las tropas bajo su mando, lo cual era derivado de su cargo como comandante de la Brigada Novena del Ejército Nacional, institución que debe velar por la salvaguarda de la estabilidad y seguridad de la nación y sus ciudadanos…”.
Además, ejercieron presiones sobre sus subordinados para que presentaran bajas en combate como resultado operacional prevalente, “dado que con ello crearon un riesgo en contra de los bienes jurídicos de los ciudadanos; de allí que tuvieran el deber de impedir que el riesgo se materializara en un acto delictivo”.
Indicó el organismo de justicia especial que la actuación de los tres excomandantes fue esencial para que los miembros de los batallones percibieran que desde la comandancia de la Novena Brigada “se fomentaba y permitía la ejecución de operaciones ilegales y su encubrimiento”.
Precisó que por lo anterior, se determinó que Pérez Guarnizo debía ser llamado a reconocer responsabilidad por la desaparición de 3 personas y el homicidio de 27; Lasprilla Villamizar tuvo responsabilidad en la desaparición de 12 personas y en el homicidio de otras 115 y a Pérez Laiseca se le atribuyó responsabilidad por la desaparición de 16 personas y el homicidio de 57.
Mientras que a Pinto Lizarazo, la Sala encontró que “durante su comandancia el Batallón (Magdalena) reportó 33 bajas en combates simulados y el señor Pinto Lizarazo firmó catorce misiones tácticas que produjeron veintisiete muertes, así como las actas de pago de información e incluso, según la información a disposición de la Sala, coordinó la búsqueda de falsos testigos para encubrir la ilegalidad de los hechos realizados por las tropas”.
Sobre el teniente coronel (r) Moncayo Guancha, la Sala indicó que es máximo responsable y coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. “La Sala pudo evidenciar que el ciudadano estuvo involucrado en 21 operaciones, que generaron 45 víctimas de los tres patrones macrocriminales, en las cuales efectuó alguno de estos aportes esenciales: emitió misiones tácticas irregulares, pasó por alto las irregularidades de sus subalternos (cuando ejerció como oficial de operaciones) y reportó información falsa en relación con los homicidios ejecutados”.
No aceptaron
Pese a las versiones de los oficiales, suboficiales y soldados que comparecieron ante la JEP, los excomandante de la Novena Brigada negaron su responsabilidad en los hechos atribuidos.
El pasado 31 de enero de 2024, el general (r) Pérez Laiseca indicó que “no acepto la responsabilidad que se me endilga porque las omisiones en las que se dice allí que incurrí no son ciertas”.
El general (r) Lasprilla Villamizar afirmó que “revisada la imputación y los puntuales elementos de contrastación entregados por la sala a la fecha, me permito expresar que no acepto ningún (sic) tipo de responsabilidad por los hechos allí endilgado”.
Mientras que Pérez Guarnizo manifestó que “no acepto responsabilidad por los hechos imputados en calidad de autor por omisión de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, ya que durante el tiempo que me desempeñé como comandante de la Novena Brigada del Ejército Nacional, cumplí fielmente con mis funciones y deberes”.
La misma posición tomó Pinto Lizarazo. “No soy responsable de los señalamientos y la imputación efectuada en mi contra, pues luego del análisis concienzudo de la providencia referenciada, verifico con todo respeto que lo que indica el auto en cuanto a este servidor, no es cierto, por lo tanto no existe el fundamento probatorio para efectuar este tipo de imputaciones (…)”.
Por su parte el teniente coronel (r) Moncayo Guancha manifestó que “no aceptó [sic] la responsabilidad que se me señala”.
Indicó que JEP que como los excomandante de la brigada no reconocieron su responsabilidad, su caso será a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, sin embargo podrán hacer uso del recurso de reposición.