A la cárcel fueron enviados los 5 policías involucrados en el crimen de Juan Pablo González, el supuesto abusador que fue asesinado en una URI. El juez concluyó que hay varias pruebas aportadas por la Fiscalía que indican que los procesados podrían entorpecer la investigación.
Dijo el juez que los videos de las cámaras de seguridad de la URI de Puente Aranda son una evidencia contundente que advierten de las omisiones en las que habrían incurrido los patrulleros.
El juez le dio la razón a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la representación de víctimas, al advertir que los policías podrían ser un peligro para el proceso porque está latente la posibilidad de que puedan influir en los reclusos y uniformados testigos para silenciarlos.
Para el estrado judicial, las versiones de los policías que dijeron no haber visto nada irregular y que era imposible ver una situación de orden público en medio de 200 detenidos, no se ajusta a la realidad, pues, para el juez, en esa URI opera la ley del silencio y los reclusos son los que mandan.
“Es supremamente grave, muy delicado y que va contra el Estado social de derecho, esas actitudes, cualquier persona que de aquí a mañana llegue por cualquier delito puede estar sometido a situaciones similares, de acuerdo con los elementos probatorios no puede ser una norma y la Fiscalía debe investigar. En el Estado social de derecho impera la ley, no del imperio de las personas privadas que quieran hacer justicia por su propia mano”, dijo el juez.