RICARDO AREIZA
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Confirmado. Por un detrimento patrimonial estimado en 4.726.31millones de pesos, invertidos en el inconcluso velódromo de Pitalito, la Contraloría General de la República ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal.
La monumental obra, diseñada como eje vital de un centro de alto rendimiento para el ciclismo de velocidad con proyección olímpica, a punto de terminar, quedó abandonada por la deficiente gestión de las dos últimas administraciones, como lo reveló anticipadamente LA NACIÓN.
El escenario deportivo, ubicado en la Villa Olímpica, en el populoso sector de Cálamo, en avanzado deterioro no pudo terminarse.
Los diseños del proyecto fueron modificados en cuatro oportunidades; el plazo inicial estimado en seis meses se extendió por 30 meses (incluyendo adiciones y prórrogas). El término fue ampliado en tres oportunidades por un lapso total de 157 días.
Para el diseño estructural, no se tuvieron en cuenta todos los requisitos técnicos exigidos, entre otros, por la Federación Colombiana de Ciclismo y la Unión Ciclística Internacional).
Tampoco se evaluaron adecuadamente las determinantes físico-ambientales del predio elegido para la construcción del proyecto, entre ellos el nivel freático del suelo, ni las determinantes de infraestructura de servicios públicos en el sector, especialmente las relacionadas con el sistema de evacuación de aguas lluvias.
“La obra no se encuentra terminada, ninguno de sus componentes se encuentra en condiciones de ser puesto al servicio de la comunidad por lo que no se encuentra en uso ni total ni parcialmente, en consecuencia no está cumpliendo la finalidad para la cual fue proyectada”, concluyó el organismo fiscalizador.
“La inversión realizada en la construcción del velódromo de Pitalito fue ineficiente e ineficaz, amén de que, se presentaron falencias de planeación que incidieron en la viabilidad e insostenibilidad del proyecto”, subrayó.
“Esa cadena inadmisible de improvisaciones contrarían abiertamente el principio de planeación, trajo como consecuencia inevitable que las obras de construcción del velódromo quedaran inconclusas por insuficiencia de recursos”.
La Gerencia Colegiada del Huila confirmó en consecuencia un presunto daño al patrimonial estimado en 4.726,31 millones de pesos, objeto del proceso de responsabilidad fiscal.
Presuntos responsables
La medida afecta en principio al alcalde de la época, Pedro Martín Silva, quien fungió como ordenador de gasto, “cuya actuación distó del celo y la diligencia que debe orientar el proceder de un buen administrador de los recursos públicos”.
Por estos hechos también será investigado fiscalmente, el actual alcalde Miguel Antonio Rico Rincón, quien no ha sido diligente para gestionar la terminación de la obra.
Además, vinculó como posible responsable fue vinculada a la investigación fiscal Olga Lucía Acosta Guzmán, quien ocupó el cargo de Secretaria de Vías e infraestructura, ejerciendo además las labores de planeación y supervisión.
Igualmente responderá Sociedad CFM Ingeniería Limitada , representada legalmente por Carlos Fernando Medina Noreña, integrante del consorcio constructor.
Además, la Sociedad Ingenieros Consultores y Constructores ARG SAS, representada legalmente por Natalia Amador Baquiro en calidad de interventora.
Igualmente, fueron vinculadas en calidad de garantes, las aseguradoras Liberty Seguros, Seguros La Confianza, la Previsora y Seguros del Estado.
A versión libre
El ex alcalde Pedro Martín Silva deberá rendir su versión el 12 de febrero. En esa misma fecha fue escuchado el alcalde Miguel Antonio Rico.
Para el 13 de febrero fue citado la ingeniera Olga Lucía Acosta, actual subgerente técnica de Empresas Públicas de Neiva; la interventora, Natalia Amador Baquiro y el contratista Carlos Fernando Medina Noreña.
La contratación
El alcalde Pedro Martín Silva presentó el proyecto al Ocad el 18 de septiembre de 2013 por un valor inicial de 4.712,68 millones de pesos.
La secretaria de Planeación Cristina Morales Campos certificó que el proyecto figuraba en el Plan de Desarrollo del Municipio, coincidía con los usos del suelo y se ejecutaría en predios del municipio, sin riesgos y con destinación de uso público. Según el alcalde el proyecto, sería administrado por la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte y tendría garantizada su sostenibilidad.
Luis Fernando Valenzuela, subdirector operativo de las Empresas Públicas garantizó la disponibilidad del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo.
El proyecto fue aprobado por el Ocad, organismo encargado de la distribución y control de los recursos de regalías, según Acuerdo 01 del 30 de septiembre de 2013. Además, fue avalado por el Departamento Nacional de Planeación y por Coldeportes.
No obstante, previo a la contratación de la obra fue necesario realizar ajustes a las cantidades de obras y creación de nuevos ítems no previstos inicialmente, de acuerdo con los requerimientos del diseñador, pero sin incrementar el presupuesto inicial del proyecto.
En los diseños iniciales, inexplicablemente, no se incluyeron la red eléctrica interna, las graderías ni los camerinos. Además las redes de acueducto, alcantarillado. En total se crearon 49 items nuevos. Los ajustes fueron aprobados el 18 de febrero de 2014.
El valor inicial estimado fue estimado en 4.401,28 millones de pesos. Sin embargo, llegó a 5.682,71millones de pesos provenientes de regalías. El saldo quedó congelado por la ineficiente administración de los recursos.
El contrato de obra No. 220 fue adjudicado el 24 de junio de 2014 al consorcio CFM & N representado por Carlos Eduardo García Trujillo (Resolución 349 del 24 de junio de 2014).
El primero de julio lo firmó el secretario de Gobierno, Jorge Enrique Motta Carvajal quien fungía como alcalde encargado. El plazo de ejecución: seis meses.
La interventoría técnica fue adjudicada a la ingeniera bogotana Natalia Amador Baquiro, representante legal de la firma Ingenieros Consultores y Constructores ARG S.A.S. el 15 de julio de 2014 por un valor de por un valor de $235,01 millones de pesos.
La secretaria de Infraestructura, vías y recursos físicos Olga Lucía Acosta Guzmán en fue encargada de la supervisión del contrato.
Suspensión
Ante los retrasos, el Departamento Nacional de Planeación realizó una inspección. El subdirector de gestión y control de regalías inició un proceso administrativo preventivo.
El proceso concluyó el 8 de mayo de 2017 con la suspensión de los giros (Resolución 1384 de 2017) al ejecutar acciones que representan un inminente peligro de uso inadecuado, ineficaz e ineficiente de los recursos del Sistema General de Regalías.
La sanción fue la estocada final. La medida preventiva, antes que resolver las dificultades y facilitar su culminación, la complicó.
Adicionalmente, caducó la licencia de construcción con vigencia hasta el 19 de septiembre de 2015. La Alcaldía no tenía permiso de disposición final de residuos y escombros, ni permiso de explotación de materiales de construcción utilizados en obra, ni certificado de disponibilidad eléctrica en media tensión.
Terminación
El actual alcalde Miguel Antonio Rico, suscribió el 3 de junio de 2017 el acta de terminación del contrato. El 28 de noviembre de 2017, el representante legal de la interventoría, Blanca Lilia Cuadros García, el supervisor y el secretario de Vías e Infraestructura Javier Valencia Sterling, suscribieron el acta de recibo a no satisfacción, en donde dejaron consignadas deficiencias técnicas.
La obra quedó con un avance de ejecución del 95.01%, según las actas, equivale a 4.989, 45 millones de pesos.
A pesar de la importancia de la obra, y el volumen de inversiones públicas, Rico Rincón no adelantó actuaciones tendientes a requerir al contratista para que subsanara las deficiencias técnicas enunciadas en el acta de recibo final, le censuró el organismo fiscalizador.
Una comisión de la Contraloría confirmó las graves deficiencias técnicas, como lo registró LA NACIÓN.
Anomalías
“De lo anterior se puede concluir que la pista construida no está cumpliendo con la planimetría especificada en la norma, el acabado sintético de la pista es un revestimiento que proporciona la superficie de contacto adecuada pero no reparará las irregularidades en la planimetría del pavimento. Además, el aumento de espesor comprometería su estabilidad”, concluyó el especialista.
En su criterio, “los desniveles encontrados en el pavimento son el resultado de deficiencias en la ejecución de la actividad durante el vaciado del concreto”.
Inexplicablemente, el contratista aplicó pulidora en la zona de transición entre la pista y el cárcamo, intervención no recomendable para reducir los desniveles. “Esto deja el pavimento con una superficie demasiado lisa que afecta negativamente la adherencia del sintético”, afirmó.
“Estas reparaciones- dijo- con materiales especiales implican una alta inversión que debe ser evaluada con criterios de costos y durabilidad frente a la alternativa de demoler los tramos en mal estado y volverlos a construir”.
“Lo construido no está en condiciones de ser entregado, ya que no cumple con los requerimientos de la normatividad aplicable. Lo pagado por pavimento rígido no cumplió con lo especificado”.
La estocada
Aun así pese a las diferencias por deficiencias en la calidad y los faltantes de obras, se entregó al contratista un anticipo del 25% del valor de contrato por 1.312.87 millones de pesos y no fue amortizado en su totalidad.
Al advertir la ineficiente ejecución de los recursos, la Subdireccíón de Control y Vigilancia de las Regalías, adscrita al Departamento Nacional de Planeación le impuso medida de suspensión preventiva de giros, lo cual precipitó la terminación del contrato.
Esa intempestiva suspensión de los giros desfinanció el proyecto e impactó la financiación total de las actividades que se ejecutaron.
Quedaron sin terminar la pista, la cubierta de las graderías, los camerinos y baterías sanitarias. También la terminación de las barandas para la entrada de túnel de acceso, las graderías y los acabados.
Lastimosamente, el proyecto, deteriorado en el abandono, se erige como otro monumento al despilfarro.
Suspensiones en serie
El 11 de diciembre de 2014 se suscribió el acta de iniciación del contrato. Al día siguiente fue suspendido para adelantar la revisión de los estudios y diseños.
Cuatro meses después, el 7 de abril de 2015, se reinició el contrato. Nuevamente, el 20 de abril de 2015 fue suspendido por segunda vez por petición de la Interventoría, supuestamente, para realizar nuevos ajustes.
El 11 de mayo de 2015 se amplió la suspensión No. 2 por 15 días más. El 26 de mayo siguiente se extendió la la suspensión por la temporada invernal hasta el 9 de junio de 2015.
La obra se reinició el 9 de junio de 2015 suscribieron el acta respectiva. El contrato fue modificado en tres oportunidades.
Finalmente, el 28 de agosto de 2015 se autorizó el pago del anticipo por un valor de 1.100, 32 millones de pesos, equivalente al 25% del valor del contrato. Los dineros fueron manejados a través del Patrimonio Autónomo.
El 7 de octubre de 2015 se autorizó el pago del acta parcial No. 1, en cuantía de 819, 06 millones de pesos. En esa fecha se estimó un avance de la obra en un 20.78%.
Ante los incumplimientos, el plazo del contrato fue prorrogado hasta el 31 de diciembre, fecha en la que terminaba el mandato de Pedro Martín Silva.
Dos semanas, el contrato fue adicionado en 850,21millones de pesos y se extendió el plazo otros tres meses, hasta el 31 de marzo de 2016 durante la nueva administración del actual alcalde Miguel Antonio Rico.
El 28 de diciembre de 2015 (Día de los Inocentes) los supervisores Olga Lucía Acosta Guzmán y Edgar Orlando Durán Angarita autorizaron el pago al contratista del anticipo de la primera adición por 212,55 millones de pesos. En la misma fecha, los dos funcionarios autorizaron el pago al Consorcio Contratista del acta de recibo parcial No. 2 en cuantía de 1.093,23 millones de pesos.
Hasta esa fecha el avance de la obra era del 48.54%, según acta firmada el 22 de diciembre de 2015.
El contratista solicitó el 9 de marzo de 2016, en el nuevo gobierno, otra adición presupuestal por 1.749,79 millones de pesos y una nueva prórroga por cinco meses más.
“Con esta adición se cubriría- según el contratista- el nuevo trazado de aguas negras, el ajuste de las obras eléctricas acordes con las expectativas del diseño, las distancias de impulsión hidráulica y permitiría tener el proyecto en óptimas condiciones de uso y correcto aprovechamiento”.
Ala fecha, el contratista recibió dos pagos parciales, la obra registraba un avance estimado del 67,30 % y estaba próximo a vencer el plazo y se presentaban considerables retrasos.
El 31 de marzo de 2016 se suscribió una nueva prórroga por 30 días. Antes de vencerse solicitaron de nuevo la suspensión de la obra.
Pese a los retrasos, el 4 de mayo 2016 se ordenó un nuevo pago por 607,3 millones de pesos. El avance real en esa fecha era del 63, 96%.
El 15 de diciembre de 2016 se solicitó otra prórroga del contrato.
