Las falencias del mal llamado proyecto de equilibrio de poderes son numerosas.
Tantas que , frente a los desafíos que hoy tiene el país, lo mejor sería retirar de la iniciativa los artículos que tratan aspectos relacionados con la justicia , para que el texto final contenga solo reformas de carácter político.
De tal manera, se evitaría la dañina mezcla que la caracteriza y se le abriría la puerta a la posibilidad de que se avance hacia la reforma al poder judicial que reclaman los colombianos. En igual forma, esa decisión permitiría reflexionar detalladamente sobre la importancia de crear una comisión de reajuste institucional, toda vez que el mal que aqueja a la democracia colombiana es la pérdida de credibilidad y legitimidad de las instituciones.
La naturaleza de los debates que se han dado en el congreso, sobre algunos temas del dicho proyecto, ponen de presente las debilidades intrínsecas de su contenido y los nuevos riesgos que se correrían en el evento de que, finalmente, el parlamento le imparta su aprobación. Pero como, infortunadamente, a pesar de los evidentes problemas que presenta, el Gobierno parece querer seguir buscando que los congresistas le den su bendición, todo lo que implique mejorar el texto final debe recibirse con atención.
Por esa razón es conveniente tener muy en cuenta las opiniones y planteamientos del magistrado del Consejo de Estado, doctor Gustavo Gómez, relacionadas con el tribunal de aforados y la propuesta de sustituirlo por un fiscal judicial para que investigue y acuse a los aforados.
En primer lugar, es significativo que la idea tenga, según lo dice el mencionado magistrado, el respaldo del poder judicial en los distintos órdenes.
Por otro lado, resulta clara la bondad de proponer el cambio con el propósito de salvaguardar la independencia de la rama, la cual se afectaría por la intervención del Gobierno en la integración del tribunal, y evitar el debilitamiento de la función de acusar, que podría ser el resultado de que un órgano colegiado la ejerza.
Es, así mismo, alentador que no se busque la creación de una nueva estructura burocrática integrada por fiscales, por cuanto se trataría de darle nuevas competencias a quienes hoy ejercen funciones disciplinarias frente a los integrantes de la rama. De la misma manera, es bueno que se esté planteando la organización de un aparato desconcentrado, en el marco de un país descentralizado, y piramidal.
Los dos conceptos buscan eficiencia, que es lo que quiere el ciudadano, tanto por las condiciones de nuestra organización territorial como por los efectos negativos que, en esa materia, emanan de las formaciones horizontales.
Propuestas de ésta índole enriquecen un debate que tiene que darse en Colombia, porque vivimos en una democracia afectada por el virus de la falta de credibilidad en los distintos poderes. Y de cara a esa realidad es necesario actuar con sentido de importancia y urgencia.