Una acción de tutela colocada por aspirantes al cargo frenó por ahora la elección del nuevo agente fiscalizador. El medio de control dejó en interinidad el cargo. Los ternados quedaron en lista de espera.
RICARDO AREIZA
Unidadinvestigativa@lanacion.com.co
El proceso de elección del nuevo contralor del Huila, quedó en suspenso. El concurso público, como ha ocurrido en otras oportunidades, se debatirá en los estrados judiciales, en razón a una acción de tutela colocada por el abogado Abelardo Poveda Perdomo, quien aspiraba al cargo.
El ex magistrado denunció presuntas irregularidades en el desarrollo del concurso y graves omisiones, que en su sentir, vulneraron el debido proceso de los 69 aspirantes que finalmente se presentaron a la convocatoria.
De los inscritos solamente 47 presentaron la prueba escrita. De éstos 47 27 fueron eliminados al no alcanzar el puntaje mínimo requerido.
De entrada Poveda Perdomo reclamó la anulación del proceso de elección del Contralor del Huila a partir de la prueba de conocimiento, donde se habrían presentado las irregularidades.
Además, demandó que la Asamblea Departamental ajuste el cronograma a partir de la evaluación de la prueba de conocimiento, permitiendo que la Universidad del Valle pueda organizar un nuevo cuestionario ajustado a la nueva reglamentación.
Como medida cautelar solicitó la suspensión del proceso hasta que se defina la acción constitucional.
Sin embargo, el proceso fue interrumpido dos días antes de terminar el año, según Resolución 108, expedida por el presidente de la corporación, Camilo Ospina, mientras se resolvieran las reclamaciones de los concursantes.
Ese mismo día, el 29 de diciembre, el abogado Abelardo Poveda Perdomo, uno de los primeros inscritos, presentó la tutela.
La tutela
El medio de control le correspondió al juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva William Manuel Salazar Rodríguez, quien tendrá que pronunciarse en los próximos días, acogiendo o rechazando la argumentación del principal accionante.
Poveda Perdomo denunció seria anomalías que en su opinión, le restó transparencia al proceso y le restó puntos al concurso por méritos.
“El efecto de ese actuar irregular, trae aparejada la presunta conculcación o quebrantamiento de garantías y derechos, especialmente el derecho fundamental al debido proceso, además de la inobservancia de los principios de mérito, libre concurrencia e igualdad al ingreso, publicidad y transparencia. Además, especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los procesos de selección, imparcialidad, confiabilidad y validez de los instrumentos, eficacia y eficiencia, invocados como amenazados, violados y/o vulnerados por la Universidad del Valle”, argumentó, pidiendo la anulación del proceso.
Inconsistencias
La Universidad del Valle no cumplió con el protocolo de bioseguridad anunciado; no dio a conocer ni llevó acabo la cadena de custodia que se exige para los concursos de méritos, lo cual quebrantó las garantías de trasparencia en la aplicación de la prueba. Tampoco identificó plenamente a cada participante, no tomó registró dactiloscópico, ni organizó la ubicación de cada participante
“Cada uno escogía el salón que quería y el puesto o asiento que deseaba ocupar, sin reparo alguno de los encargados de la custodia de la prueba”, explicó Poveda Perdomo.
Además, el cuestionario y hoja de respuestas se encontraban encima del escritorio del salón, sin cadena de custodia.
“Como puede apreciarse, -dijo- no venían rotulados, ni sellados en debida forma, ni embalados como corresponde a un concurso de méritos, lo cual rompe la cadena de custodia y genera dudas frente al proceso”.
Según el denunciante, el sobre, la hoja de respuestas, el cuadernillo de preguntas, no estaban identificados para cada participante, tampoco estaban numerados, rotulados ni marcados por parte de la Univalle que adelantó el proceso, lo que permitía, eventualmente, su reproducción sin control alguno.
“Como si lo anterior no fuera suficiente, esos documentos fueron entregados en fotocopias, sin formalidad alguna que permitiera establecer que dichos documentos serían los únicos existentes por cada uno de los participantes”, acotó Poveda Perdomo.
“Ese día solicité de manera verbal y escrita la exhibición del documento original y hasta la fecha no me han ofrecido respuesta y la misma la realice porque tengo serias dudas que el formulario fotocopia facilitado fuera el mismo y que este hubiera sido alterado o cambiado”, corroboró la ex juez Lina Cleves Roa, quien aspira al cargo.
Frente al proceso de embalaje y cadena de custodia llevada acabo al finalizar la presentación de la prueba, esta tampoco ofreció las garantías obligatorias de un concurso de méritos serio.
“Cuando cada participante terminaba llamaba al jefe de salón quien procedía a verificar que cada uno escribiera la hora de finalización; la misma persona procedía a colocar una cinta como se grafica en la siguiente imagen”, explicó el accionante.
Las inconsistencias fueron reportadas a la Universidad del Valle el pasado 20 de diciembre.
“A la hora de iniciación de la prueba no se identificó ni se visualizó ningún funcionario de ningún ente de control ni a los veedores del proceso lo cual rompe el proceso de trasparencia de la práctica de la prueba y desconozco las razones o motivos de su no asistencia”, corroboró Cleves Roa.
Réplica
Florencio Cándelo Estacio, director sede regional, respondió las reclamaciones.
“Univalle si tomó un control a los ciudadanos que presentaron la prueba, “cada persona firmó la lista de asistencia con su puño y letra. El registro dactiloscópico no se tomó, por medidas de bioseguridad. Pero el hecho de que no exista la huella dactilar en listado, no quiere decir que no se haya identificado al aspirante”, explicó.
“La Universidad del Valle, no marca el material de las pruebas, esto lo hacen los aspirantes con su puño y letra, al igual que el sobre donde se inserta el material. Esto no quiere decir, que no se guarde la cadena de custodia, dado que no le quita validez al contenido de las pruebas y tampoco quiere decir que haya permitido su reproducción sin control”, subrayó Candelo Estacio.
“Frente a las copias facilitadas, la Universidad del Valle garantiza que las mismas son fiel copia de las originales, este procedimiento de las copias se realizó ante la imposibilidad de transportar las originales que reposan en la Universidad del Valle de la Sede Yumbo – hasta la ciudad de Neiva”, puntualizó el representante legal de la institución universitaria, responsable del proceso.
Interinidad
Ante la imposibilidad de la elección la Contraloría quedó en interinidad al haber concluido el 31 de diciembre el periodo de su titular, Amaury Luis Flórez.
Mientras se elige al sucesor, asumió en provisionalidad Gloria Elena Ramírez Meñaca, quien ejercía como Jefe de Talento Humano de la entidad.
La funcionaria asumió el cargo ante la Notaría Cuarta del Círculo de Neiva.
El diputado Orlando Ibagón, quien estuvo en la organización del proceso en calidad de primer vicepresidente, lamentó la judicialización del proceso que en su opinión fue “garantista”.
Sin embargo, su colega Armando Acuña, afirmó que en este proceso se han presentado actos de corrupción.
El partidor
Aunque se inscribieron 69 candidatos, finalmente solo 47 aspirantes presentaron la prueba de conocimientos aplicada el pasado 13 de diciembre de 2021 en el bloque Paulo Freire de la Escuela Normal Superior de Neiva.
De los candidatos que fueron convocados a presentar la prueba escrita 27 fueron eliminados al no alcanzar el puntaje mínimo establecido en la convocatoria. Solo 20 siguieron en el proceso. Aplicada la primera prueba, con carácter eliminatorio, se despejó la ruta.
El primer lugar lo ocupó la ex secretaria privada de la Gobernación María Fernanda Guevara Cadena. Obtuvo una calificación de 57,60 puntos en la primera prueba escrita de conocimientos. La funcionaria, esposa del ex concejal Humberto Vargas, fue Secretaría de Hacienda, lo que suscitó polémica, al considerar que su elección “estaba amarrada”.
Sin embargo al ponderarse las otras calificaciones, entre otras sus antecedentes y su experiencia, la aspiración se esfumó. Entre los 20 finalistas, se escogió la terna.
Los ternados
La primera opción la tiene Leidy Yulieth Perea Ramírez, quien obtuvo el máximo puntaje: 85,34 puntos en la calificación general.
Además ocupó el segundo lugar en la prueba de conocimientos al obtener un puntaje de 54% ponderado.
La aspirante es egresada de la Universidad Surcolombiana fue jefe de Control Interno de la Alcaldía de Neiva. Perea fue elegida en la Contraloría de Ibagué pero nunca asumió. Es funcionaria de planta de la Contraloría General de la República. Actualmente hace parte de la terna para la Contraloría de Armenia.
El segundo puesto lo ocupó Alexander Salguero Rojas, con un puntaje de 80,87 en la ponderación general. En la prueba de conocimiento obtuvo un puntaje de 52,20%. Es auditor fiscal de la Contraloría General de la República. Egresado de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Santiago de Cali. Especialista en gestión tributaria y adelanta una maestría en políticas públicas. Es el actual director Operativo y de Participación Ciudadana de la Contraloría Departamental. En su hoja de vida figura como ex asesor jurídico de la Contraloría de Tuluá y docente de la Universidad del Valle, entidad que realiza la prueba.
El tercer puntaje lo obtuvo el abogado huilense Andrés Felipe Vanegas con 80,86 puntos. Además alcanzó el 53,40% en la prueba escrita. Es egresado de la UCC con especialización en Derecho Constitucional y Contratación Estatal. El aspirante fue Procurador Provincial de Neiva y ha ocupado otros cargos administrativos.
Convocatoria concluida
La convocatoria se cerró 13 de septiembre de 2021 con cinco propuestas que presentaron las universidades del Valle, Magdalena, Cartagena, San Buenaventura y la Universidad del Atlántico para asesora el proceso.
El contrato fue suscrito el pasado 12 de noviembre por el rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela Barrios, en calidad de representante legal y el presidente de la Asamblea Camilo Ospina Hernández, quien actuará como supervisor.
El contrato interadministrativo bajo la modalidad de contratación directa tiene un valor de 29.8 millones de pesos con un plazo de ejecución de un mes sin exceder el 31 de diciembre de 2021.
Como estaba previsto, el 24 de diciembre Univalle entregó el listado definitivo de finalistas y ese mismo día la Asamblea integró la terna (Resolución 108 de 2021). Cinco días después se presentó la tutela que dejó en suspenso la nueva elección.