“Queremos que concerten con estas familias y propietarios de los predios para que no se dé el desalojo, y así evitar personas heridas o muertas, porque ellos no van a dejar que les quiten las tablitas que con mucho esfuerzo han conseguido. Ellos no están pasando rico allá, es una zona que no cuenta con servicios, pero con tal de tener un techo para sus hijos, viven allá”, comentó el Concejal, quien hace años recorre la zona.
Una vez planteados los argumentos, el jefe Jurídico del Municipio, José Joaquín Cuervo, manifestó que el desalojo para el 29 de febrero no se realizará, teniendo en cuenta los requerimientos judiciales de protección a las familias vulnerables, a las personas con alguna condición de discapacidad y a las víctimas.
“En nombre de la justicia transicional, del posconflicto y como lo plasma el programa de gobierno del Alcalde ‘La razón es la gente’, tenemos que decir que que no se va a realizar el desalojo en la fecha programada. Necesitamos saber quién es quién en esos asentamientos, porque también hay personas que aprovechándose y de mala fe, hacen comercio con predios que no les pertenecen, y desafortunadamente esa práctica no la podemos avalar”, resaltó.
Agregó que se realizará un censo para determinar qué personas se encuentran ocupando los predios y de esa manera tomar medidas que permitan generar soluciones tanto para las familias como los dueños de los terrenos.
En la ciudad de Neiva hay más de 80 asentamientos ubicados principalmente en las comunas Seis, Ocho, Nueve y Diez, que serán intervenidos por la Alcaldía de Neiva con el objetivo de impulsar planes y programas integrales que mejore la calidad de vida de las familias.
El concejal Dolcey Andrade detalló las condiciones de extrema pobreza en la que viven las familias.