Familiares de las víctimas de la masacre que hace dos meses estremeció a la ‘Despensa Agrícola del Huila’, aseguran que tras haber salido desplazados del municipio han recibido amenazas indirectas. Exigen a las autoridades celeridad en las investigaciones de este repudiable hecho de sangre.
Lucía Sánchez
Temadeldía@lanación.com.co
En la mente de Marcela* están intactos los angustiosos momentos de aquella horrorosa noche del pasado 16 de julio, cuando sobre las 8:30 seis sujetos armados irrumpieron la tranquilidad en la vereda Quebradrón Sur y asesinaron a sangre fría a cuatro personas.
Ella, que se encontraba en una casa contigua a la vivienda en la cual inició la matanza, donde acribillaron a dos de sus parientes, ha decido no remover esos terribles recuerdos.
Pero hoy, dos meses después de la masacre, la algecireña, quien hace parte de las cinco familias que se vieron obligadas a abandonar el municipio tras el repudiable hecho, pide a las autoridades celeridad en las investigaciones para dar con los sujetos que segaron la vida de dos de sus familiares, Édison Sebastián Moya de apenas 16 años y Luz Stella Burgos de 35 años.
Tristemente Marcela* y su núcleo familiar descartan volver al municipio, pues se asegura que este ataque iba en contra de su familia por tener parentesco con Nencer Barrera Bustos, excombatiente y ahora escolta de la Unidad de Protección Nacional (UNP).
Según la mujer, recientemente se han presentado intimidaciones indirectas que estarían dirigidas a su familia, pues en la vivienda donde ocurrió el asesinato de sus parientes y en la finca de propiedad familiar han aparecido artefactos explosivos; igualmente, en el municipio se han conocido panfletos en los cuales se amenaza a algunos de sus familiares.
El llamado de Marcela* a las autoridades, es a esclarecer los hechos. “Dos meses después de lo que pasó (masacre) no hay nada, no nos han dicho absolutamente nada. A los 8 días de nosotros haber salido de la zona pusieron una bomba en la casa donde ocurrió el asesinato de mis parientes. Y, 15 días después, luego de que mi padre ingresara y saliera de la vereda, pues fue por la mascota (un perro), dejaron otra bomba en la finca”, cuenta.
La mujer, que engrosa la lista de los más de 300 casos de desplazamiento forzado que se han registrado este año en la ‘Despensa Agrícola del Huila’, ratifica que volver al municipio no es una opción. “Había unos vecinos que estaban pendientes de las cosas de nosotros, del café en la finca de mi papá, de todo, pero les dijeron que no fueran, que dejaran todo votado, que en esa finca nadie podía trabajar, ni los dueños, nadie. En este momento hay un señor que nos está trabajando, él dijo: yo a la de Dios, vamos a ver si nos dejan trabajar. Por eso, hemos pensando en vender la finca, porque volver no es posible”, resalta.
La masacre
Una noche de terror se vivió el pasado 16 de julio en la vereda Quebradón Sur de Algeciras, cuando pasadas las ocho seis sujetos armados no identificados, a bordo de dos camionetas 4×4 y varias motocicletas, asesinaron a cuatro personas e hirieron a dos más.
En esta masacre fueron ultimados Luz Stella Burgos Mabesoy de 34 años de edad, Édison Sebastián Moya Muñoz de 16 años, Luis Eduardo Gómez Marulanda de 22 años y Juan David Bello de 25 años.
Las primeras dos víctimas fatales en mención eran familiares del excombatiente de la antigua guerrilla de las Farc-Ep y ahora escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Nencer Barrera Bustos. Luz Stella era cuñada del exguerrillero y el joven Édison Sebastián novio de la sobrina del reincorporado.
Un día después de la masacre, LA NACIÓN visitó la población y pudo determinar, a partir de testigos, que los hombres armados pretendían ‘acabar’ con la familia del excombatiente Barrera Bustos, “incluyendo los pobladores vecinos”. Por eso, después de asesinar a Luz Stella y a Édison Sebastián, los sujetos pasaron a la finca vecina y ultimaron a Juan David Bello de 25 años de edad y a Luis Eduardo Gómez Marulanda de 22 años. En medio de las balas, otros dos vecinos, Noé Ahumada Cifuentes de 59 años y un menor de ocho años, resultaron heridos.
Tras el repudiable hecho, el Partido Farc ratificó que el ataque iba dirigido a la familia del excombatiente.
La investigación
El coronel Johny Hernando Bautista Beltrán, comandante de la Novena Brigada del Ejército, ha dicho que avanzan a buen ritmo las investigaciones que se adelantan de manera interinstitucional para esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de la masacre que hace dos meses causó consternación en Algeciras.
“La investigación está avanzando muy bien, pero es la Fiscalía quien la lidera por eso no tengo mayores detalles. Nosotros hemos hecho un esfuerzo de inteligencia, aportando toda la información que hemos venido obteniendo. Este es un tema parecido al que nos sucedió con la Óscar Mondragón, veníamos con varios casos de asesinatos y nos demoramos casi cinco meses en lograr desarticular la mayor parte de esa estructura”, expresó.
Complementó, que “todavía no podemos endilgar responsabilidad porque no es un grupo o estructura residual, al parecer es un grupo de delincuencia organizada pero no podríamos hablar aún de nombres, eso hace parte de la reserva sumarial”.
Respecto al material explosivo encontrado unos días después de la masacre en la casa donde asesinaron a los parientes de Nencer Barrera Bustos; Bautista Beltrán sostuvo que (ahí lo que se encontró fue una granada, no es que la hayan puesto como trampa, seguramente a los que hicieron estos asesinatos se les cayó y alguien la vio y nos avisó”, puntualizó.
Por su parte, Diego Tello, asesor de Paz del departamento indicó que “se conoce que las investigaciones avanzan bien y que hay importantes resultados; pero aquí el trasfondo es que los acuerdos de paz deben implementarse para poder superar la situación que se vive en Algeciras. Estamos trabajando en una agenda con el Alto Consejero para la Estabilización, el doctor Archila, para lo cual hemos establecido una mesa liderada por el Gobernador, para hablar de la implementación de la paz en el Huila”.
La reflexión
El exministro de Estado Camilo González Posso, actualmente presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), institución dedicada a investigaciones académicas sobre la paz, al igual que a la pedagogía y apoyo a comunidades en varias regiones del país, en diálogo con LA NACIÓN hizo un balance de la barbarie que vive Colombia, donde este año se han registrado 57 masacres.
“El sur del país en general; Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Putumayo, está siendo víctima de una ola de violencia, no solo de masacres, sino de asesinatos de líderes sociales y también excombatientes, por penetración de grupos armados que se han recompuesto: viejos y nuevos. En el sur se están presentado más del 60% de las masacres y hechos violentos contra los procesos comunitarios en medio de la pandemia”, indicó.
González Posso expresó que, esta ola de violencia es la resistencia a la transición hacia la paz. “Los problemas que se están presentando en los territorios tienen que ver con dinámicas de acumulación de rentas, de poderes, de gente que se acostumbró a la guerra, a hacer negocios, política y justicia con armas. Ahora, cuando se retiraron las Farc de esos territorios, cambió todo el juego en muchos municipios de Colombia”.
Complementó, que para frenar esta barbarie que vive el país, desde Indepaz se recomienda, “elaborar una verdadera política pública de seguridad humana, protección y desmantelamiento de estos grupos, esto va acompañado de protección e inversión social; es lo que se está planteando desde los documentos de políticas públicas para la sociedad civil”.