El objetivo era capacitar a docentes, estudiantes y padres de familia para la implementación de las políticas de equidad de género. Sin embargo, el proyecto se ejecutó a la carrera y en su desarrollo quedó un reguero de enormes dudas sobre su transparencia.
RICARDO AREIZA
unidadinvestigativa@lanacion.com.co
Los talleres y diplomados, organizados por la Gobernación del Huila para la implementación de política pública de equidad de género y nuevas masculinidades en las instituciones educativas oficiales terminaron en un enredo de anzuelos.
A los eventos asistieron menos personas de las que figuraron como beneficiarias; pagaron más salones de los que realmente utilizaron para la capacitación; los kits entregados a los asistentes fueron menos de los reportados y los almuerzos y refrigerios cancelados son superiores a los que realmente se suministraron. Además, los supuestos auxilios de transporte ofrecidos a los asistentes no aparecen debidamente soportados.
Y para completar, el organismo de control puso en duda la idoneidad de los capacitadores.
El proyecto, ejecutado a la carrera por incumplimiento de los cronogramas, habría generado un detrimento al patrimonio público de por lo menos 1.332 millones de pesos.
El contrato
El contrato fue adjudicado el 29 de diciembre de 2016 mediante licitación pública a la Sociedad de Estudios para la Educación SAS.
El proyecto fue ejecutado mediante Contrato 1150 de 2016, por un valor aprobado de 3.500 millones de pesos con un plazo de ejecución de 12 meses.
El contrato incluía un diplomado dirigido a 2.064 docentes y 172 padres de familia, articulados al proyecto Educativo Institucional y talleres a los estudiantes de los colegios públicos.
Según la Unidad de Seguimiento y Auditorías de Regalías, el proyecto ejecutado en el Huila, dejó enormes vacíos que pueden configurar un detrimento patrimonial, con una presunta incidencia disciplinaria y fiscal.
Los diplomados
La realización de los diplomados para docentes y padres de familia, la empresa contratista dividió el departamento en 4 zonas con sedes en Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata. Entre los meses de septiembre a noviembre de 2017, realizó el mayor porcentaje de las sesiones del diplomado, incumpliendo los cronogramas establecidos y además no permitiendo supervisar las calidades de los docentes del programa.
La empresa contratista estableció en sus cronogramas y plan de acción en cuatro zonas para la realización de diplomados y talleres, para el caso específico de los diplomados.
Proyectó inicialmente la necesidad de contratar 40 salones y terminó contratando y pagando 75 salones, a pesar de que se esperaba la asistencia de 2.236 docentes y padres de familia. Sólo asistieron 935 personas. En conclusión, asistieron menos personas y contrataron más salones de los proyectados.
En las facturas certificaron que todos los salones fueron utilizados.
En la factura número 1 se relaciona un cobro de 83 salones en el mes de septiembre de 2017 por valor de $33.992.500 pesos, es decir 70 salones más de los requeridos en la zona norte (Neiva) conforme la planeación establecida, además los asistentes reales por planilla a las sesiones del diplomado del mes de septiembre los días 9, 16, 23 y 30, fueron 350 docentes y padres de familia.
Así las cosas, se observa que el contratista cobró 70 salones más de los planeados.
En la zona Sur (Pitalito) el contratista reportó en el informe final, la participación de 581 docentes y 106 padres de familia para un total de 687 participantes y lo contrastado con las planillas es que fueron efectivamente 202 asistentes, es decir 485 menos de lo reportado por el contratista.
Solo se utilizaron tres de los seis salones facturados. El contratista cobro tres salones más de lo planeado
En la zona centro (sede Garzón), el contratista reportó la participación de 429 personas entre padres de familia y docentes; sin embargo, verificadas las listas de asistencia a las sesiones del diplomado, se encuentra que solo asistieron 69 personas, es decir 360 menos de lo reportado por el contratista. Solo se utilizaron 2 salones de los facturados en la factura.
En la zona occidente sede La Plata el contratista reportó en el informe final, la participación de 437 docentes y 64 padres de familia para un total de 501 participantes y lo contrastado con las planillas es que fueron efectivamente 314 asistentes, es decir 187 menos de lo reportado por el contratista.
La otra cara
“El contratista una vez presentado el cronograma de actividades y presupuestado la cantidad de docentes y padres de familia que participarían de las actividades del diplomado procedió a realizar la contratación de la totalidad de salones para unas 2.375 personas aproximadamente”, respondió la Gobernación.
Durante el periodo de ejecución del contrato se presentaron circunstancias de fuerza mayor que conminaron a la suspensión del contrato durante los meses de mayo a junio del referido año. El desarrollo del diplomado disponía que se realizaría en un total de diez sesiones durante la jornada una jornada de ocho horas los sábados.
“Los salones necesarios no lo eran solo por una sesión sino a diversas sesiones en las que el contratista debía garantizar las instalaciones para el total de personas focalizadas”, aclaró la Secretaría de Educación.
“Por tanto, no resulta ajustado a la realidad simplemente promediar el número de asistentes por planilla con el número de personas máximas por salón dispuesto, pues como reiteradamente se menciona existieron circunstancias socio geográficas de fuerza mayor que exigían disponer salones y logística para grupos pequeños.
“La cantidad de salones contratados fueron realmente utilizados atendiendo la totalidad de personas que participaron de las actividades del diplomado y por ende la totalidad de los recursos dispuestos en este ítem fueron utilizados en el mismo, insistió.
Según la auditoría, “no se encuentra en los informes de supervisión, relación alguna del número de docentes por sesión del diplomado; también hay ausencia del detalle, nombre del profesional y cátedra que se estaba ejecutando, es decir, no hay evidencia que se haya cumplido con el programa académico del diplomado, ya que las listas y los informes carecen de la información antes detallada”.
Talleres
Además, la Sociedad de Estudios para la Educación subcontrató al Colectivo Asociación Colectivo Hombres y Masculinidades, para la realización de la capacitación a 8.343 estudiantes entre los meses de enero y julio de 2017.
“No existe un documento que permita concluir que la Gobernación por intermedio de las supervisoras del contrato verificaron los perfiles de los docentes ejecutores y que éstos se ajustaban a los solicitados en los estudios previos, por lo tanto, no se tiene certeza de las calidades de quienes finalmente ejecutaron los talleres”, reportó la evaluación final realizada por auditores de la Contraloría General de la República.
La entidad reportó en esos meses se capacitaron 12.286 estudiantes, el 48,65% del total de lo proyectado. Sin embargo no evidencia la cantidad de los docentes y talleristas que requirieron, cómo fueron designados y distribuidos en los municipios.
Transporte
Según el contrato, la empresa ejecutora debía garantizar el servicio de transporte a los asistentes a los diplomados, trasladándolos desde los 37 municipios hacia la cabecera de la respectiva zona.
Como soporte del pago el contratista presentó cuatro facturas por servicio de transporte suministrado a los asistentes. La empresa subcontrato el servicio con la firma Consultoría y Suministros de Colombia S.A. y presento con los soportes de dicha empresa cuatro facturas por 573.12 millones de pesos.
Sin embargo, sorpresivamente, los asistentes al diplomado informaron que les habían entregado un auxilio de transporte para desplazarse al lugar donde habían tomado el diplomado.
“En los cobros, como se evidenció en los documentos presentados se pagó por concepto de servicio de transporte, sin embargo, no se evidenciaron soportes de pagos por asistentes a diplomados, ni que valores fueron tenidos en cuenta para dichos pagos”, reportó la Contraloría.
“No es claro qué sucedió con los pagos que debían hacerse a los asistentes, una vez se cambió el cronograma y el diplomado se realizó directamente en las instituciones educativas de cada municipio.
“El contratista celebró el contrato de transporte con la sociedad mencionada a efectos de dar cumplimiento a su obligación contractual, esto era, disponer del servicio de transporte para la totalidad de docentes y padres de familia presentes en la información contenida en los estudios previos y en el contrato”, respondió la Secretaría de Educación. Además, quedó verificado en el proceso de focalización adelantado por su propia cuenta por el contratista.
Refrigerios
Según lo reportado en los pagos fueron 56.491 refrigerios y 23.377 almuerzos.
El contratista subcontrató a la Agencia de Viajes ABC Travel y Consultoría y Suministros de Colombia S.A.S.
“Las cifras no son claras en cuanto a la ejecución de este ítem, dado que de refrigerios eran aproximadamente 38.170 y realmente se reportaron 56.491 y en cuanto a almuerzos eran 8.944 y reportaron 23.377”, insistió el organismo de control.
“Las cifras no corresponden a la realidad, según la réplica de la Gobernación. “Las cantidades totales de refrigerios almuerzos contratados y cancelados para la ejecución adecuada del proceso contractual, cumplieron con creces los cupos efectivamente focalizados por parte del contratista dentro del proceso que la misma adelanto y que cuenta respaldo en las fichas de inscripción conforme al censo consignado en el contrato se estableció que personas que recibieran las capacitaciones, estarían distribuidas así: estudiantes 20.280; docentes 2.064 y padres de familia un total de 172.
Suministros
Conforme la propuesta la empresa Estudios para la Educación SAS, el diplomado, se realizaría en cuatro módulos, de los cuales se otorgaría como material, una cartilla por módulo, un morral con cartuchera estampado, una agenda con portada en alto relieve, un lapicero, una memoria USB 8GB (incluyendo cinta), una caja de herramientas (ficha, cartilla, separadores) y el certificado entregados a los participantes del diplomado.
Por estos suministros se pagaron 317, 51 millones de pesos.
Según la CGR solamente encontró los soportes de la entrega de los cuatro módulos en los municipios de Paicol y Nátaga, y en los demás quedó pendiente la entrega del módulo 4, no se evidenció soportes de la entrega de los otros elementos que hacían parte del kit que les debían entregar a los participantes.
La Gobernación aportó la relación y planillas del material entregado corroborando el suministro efectivo de los kits para asistentes. Sin embargo, el organismo de control, consideró que solo corresponden a Paicol y Nátaga no a otros municipios.
Incumplimiento
El organismo de Control, estimó que la Sociedad Colombiana de Estudios para la Educación realizó una inadecuada prestación del servicio contratado, impactando negativamente los objetivos del proyecto de equidad de género y nuevas masculinidades lo que configura un incumplimiento contractual al evidenciarse una considerable diferencia entre lo reportado por el contratista y pagado por concepto de diplomados y talleres brindados a los asistentes.
En su criterio, hubo un incumplimiento de las obligaciones del contrato por cuanto el contratista no llevó a cabo las capacitaciones de acuerdo con el cronograma previamente establecido, sino, que la mayoría de las sesiones se realizaron en los meses de septiembre y noviembre de 2017.
También reportó una inadecuada supervisión del cumplimiento del objeto de talleres y diplomados, al no verificar que la catedra dictada correspondía a las aprobadas en el programa académico.
“En consecuencia, el contratista incumplió lo pactado en el contrato 1150 de 2016, por cuanto no cumplió con las actividades estipuladas en las cláusulas del contrato, y con respecto de los principios que regulan la contratación estatal; dado que existe una amplia diferencia entre lo pagado por el Departamento y lo realmente ejecutado por el contratista. Estos hechos evidencian la perdida de los recursos públicos”, confirmó Juan Carlos Rendón López, contralor Delegado Sectorial.
La Gobernación sí verificó los perfiles exigidos en los estudios previos y en el pliego de condiciones, lográndose evidenciar que las hojas de vida presentadas por el proponente cumplían con los requisitos de formación y experiencia mencionados, situación que permitió que se habilitara al proponente y que corresponde al personal que en efecto prestó sus servicios de equipo base administrativo durante la ejecución del proyecto. Este cargo fue desvirtuado.
Anomalías
En las instituciones educativas visitadas, no se encontraron actas o documentos que permitiera comprobar que los resultados de los talleres aplicados a los estudiantes, hubieran cumplidos los objetivos allí estipulados, y se hubieran incluido en Plan Educativo Institucional, lo que permitiría una continuidad y afirmación de los conocimientos y habilidades adquiridas por los beneficiarios.
La comisión auditora visitó 27 instituciones educativas de 18 municipios. Una encuesta realizada en ese sentido demostró que el objetivo no se logró. “No quedó en la memoria institucional ni como foco de intervención el tema de equidad de género y nuevas masculinidades”, reportó.
A responder
Por todos estos hechos, el contralor delegado Juan Carlos Rendón López ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal.
En principio serán investigados la empresa contratista, representada por Camilo Andrés Patío Ramírez; Juan Carlos Casallas Rivas en su calidad de director administrativo de contratación de la Gobernación, quien adjudicó el contrato y los supervisores, Martha Lucía Cruz García y Amparo Suaza.