Aunque suene imposible, algunos funcionarios encargados de aprobar los proyectos cobraban ‘peaje’ para darles el visto bueno. En coimas se pagaron 500 mil millones de pesos.
Un nuevo escándalo por el manejo irregular de los recursos públicos destinados para implementar los acuerdos de paz, estalló esta semana. Aunque suene imposible, algunos funcionarios encargados de aprobarlos, cobraban ‘peaje’ para darles el visto bueno.
Entre junio y diciembre de 2021, cuando se dio vía libre a 355 proyectos, las coimas habrían podido ascender a 500.000 millones de pesos que se quedaron en manos de los funcionarios encargados de darle el visto bueno.
Según el informe periodístico, el actual gobierno “terminó adelantando el presupuesto de regalías de los próximos 10 años. Por esa razón, entregó 4.4 billones en el 2021 para los municipios PDET, pero el criterio de asignación habría estado mediado, según testimonios de alcaldes, por coimas para algunos funcionarios que podían incidir en el proceso de visibilización”.
En este entramado existían congresistas, funcionarios y organismos de control. Los funcionarios cobraban “comisiones”, de hasta el 15%, para que algunos de los proyectos presentados fueran aprobados y ejecutados con mayor eficacia.
Aunque el Huila no aparece salpicado en este nuevo escándalo, no es descartable.
En el Huila se priorizan solo diez municipios para implementar los acuerdos de paz. Algeciras fue el único municipio escogido al Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial. Y las asignaciones, según el DNP ascienden a 246,85 millones de pesos.
Posibles implicados
En este nuevo escándalo estarían presumiblemente comprometidos Luis Alberto Rodríguez, conservador, ex asesor de Martha Lucía Ramírez y viceministro técnico del ex ministro Alberto Carrasquilla. También el director de Regalías del DNP Álvaro Ávila, ex jefe de control interno en la Gobernación de Caquetá. Además, dos funcionarios de la Contraloría General Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para el posconflicto y Aníbal Quiroz, contralor delegado de la Unidad de Regalías.
Las jugaditas
Los proyectos del Ocad-Paz solo podían ser viables a través de un congresista que diera su aval para la ejecución: estos funcionarios cobrarían entre 5% y 12% del valor del proyecto, precisó la denuncia.
“La bolsa de recursos del Ocad-Paz es limitada y genera una competencia de 170 municipios Pdet para obtener financiación para los proyectos. No hay un tope legal para las iniciativas, pero la ley dicta que el Ocad debe hacer una distribución de los recursos con equidad en los territorios”, precisó el reporte.
Otras anomalías
El escándalo por la desviación de recursos destinados a financiar los proyectos de inversión en zonas afectadas por el conflicto armado no es el único ni el más grave. Esta denuncia es apenas la punta del iceberg de esta escalada de corrupción para enredar las inversiones en los territorios más golpeados por la guerra.
La Contraloría General de la Nación confirmó otras anomalías. “En este estudio también se analizó la inversión destinada a la implementación del Acuerdo Final de Paz y se identificaron proyectos que fueron admitidos por el Ocad Paz sin la debida verificación de los requisitos indispensables establecidos en el Concepto Único Sectorial, a la luz de la Ley 2056 de 2020 para su respectiva priorización, aprobación y posterior contratación y ejecución”.
En peligro
Las coimas no han sido las únicas alertas. En septiembre de 2021 los organismos de control denunciaron que 7.4 billones de pesos del Sistema General de Regalías estaban en peligro. Numerosas obras de infraestructura vial, de salud y educación, están suspendidas por irregularidades en su ejecución.
Pero no solo eso, según la Contraloría, se probó que existen ejecutores de los recursos de regalías multipropósitos y multisectores que contratan ejecución de vías terciarias y viviendas y tienen contratos de comodato, de consultoría e interventoría, entre otros.
“Por ejemplo -señaló- hay asociaciones de municipios ejecutando contratos de obras de infraestructura vial y de suministros, a lo largo y ancho del país”.
En otros casos existen fundaciones que están haciendo contratos de consultoría, omitiendo los procesos de selección pública.
También denunció una cartelización de proyectos de proyectos de paneles solares, financiados con recursos de regalías, en al menos nueve municipios de los departamentos de La Guajira y Cesar.
En ocho de los nueve proyectos auditados, la CGR encontró una misma forma de operar: a través de contratos de obra, cobrando un AIU del 30% cuando en realidad los ítems del proyecto son suministros que superan el 90% del valor total del presupuesto.
También se hallaron sobrecostos en el valor de los paneles y una falta de planeación post contractual, al no tener garantizada la operación y sostenibilidad de los proyectos.
Cartelización
Adicionalmente, la Contraloría denunció una cartelización de proyectos de paneles solares, financiados con recursos del Ocad-Paz.
“En ese caso, en ocho de los nueve proyectos auditados con hallazgo por valor de 66.247 millones de pesos, se encontró una misma forma de operar: a través de contratos de obra, cobrando un AIU del 30% cuando en realidad los ítems del proyecto son suministros que superan el 90% del valor total del presupuesto”, reveló el organismo de control.
Además, revisa 178 proyectos de inversión por un valor de $2,3 billones que habían sido viabilizados en los sectores de agricultura y desarrollo rural, deporte y recreación, transporte, educación, minas y energía, por cuanto no se encontraban ajustados a los nuevos requerimientos legales para su efectiva aprobación a través del Ocad Paz y posterior ejecución.
Existen según el organismo de control, 36 proyectos que han sido aprobados y se encuentran en fases de contratación, ejecución y terminación por un valor total superior a 359.734 millones de pesos.
Solo en Arauca, se evidenciaron hallazgos fiscales por una suma de 10.052 millones de pesos con presunta incidencia disciplinaria y penal.
Otra perla: el 33% de los municipios PDET no han recibido ningún recurso del Sistema General de Regalías, específicamente del Ocad Paz, desde su creación en el año 2017.
“La conclusión es simple: rasparon la olla, según los testimonios y las denuncias se habrían apropiado de recursos de la paz y los proyectos que fueron aprobaron y ejecutados, se eligieron con criterios políticos y clientelistas”, subrayó el informe periodístico de Blu Radio.