RICARDO AREIZA
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La administradora de empresas, Martha Cecilia Piza Losada, sorpresivamente relevada del cargo como directora territorial de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), no pudo frenar su despido.
Aunque su nombramiento fue producto de un concurso público de méritos que puso fin a un extenso periodo de interinidad, la alta calificación obtenida no le garantizó la estabilidad laboral.
Ni siquiera su buen desempeño obtenido en el primer año de gestión al frente de la entidad en Huila, Caquetá y Putumayo, le garantizó su continuidad en el cargo que ganó en franca competencia meritocrática.
La ‘barrida burocrática’ que libra el gobierno nacional en todas las direcciones territoriales, también la sorprendió. La funcionaria llevaba 18 años en la entidad, primero baja la modalidad de prestación de servicios en diferentes áreas y a partir de 2015 como coordinadora académica.
Luego concursó en una convocatoria pública que la entidad abrió para ponerle fin a la interinidad que presentaba la oficina regional, cuando también en forma intempestiva fue retirado el contador público José Eduardo Corredor Torres.
Piza Losada quedó entre los tres finalistas. La terna conformada en noviembre de 2017 la compartió con Freddy William Andrade Pérez, quien ocupó el primer lugar y Jorge Armando Tovar Artunduaga.
El 5 de diciembre fue designada como directora regional cargo que venía ejerciendo hasta el 25 de junio cuando fue retirada sin contemplación alguna.
Piza Losada asumió el cargo el 4 de enero de 2018 en Bogotá en un acto conjunto al lado de sus homólogos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cauca, Tolima y Valle del Cauca. Acaba de cumplir año y medio cuando recibió la notificación de su despido.
A pesar de haber ingresado por concurso, el director general de la entidad, Pedro Medellín declaró la insubsistencia. La decisión la adoptó un mes después de haberse posesionado. Medellín asumió el 21 de mayo pasado.
Lo mismo ocurrió en otras entidades como el ICA, el Sena, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Aerocivil, entre otros.
El docente Nelson Darío Rincón García, asumió provisionalmente como director encargado mientras se adelanta un nuevo proceso para la provisión de la vacante en los tres departamentos.
En ese ‘terremoto’ burocrático también fueron relevados Luis Alberto Tamayo Manrique y Tito Alberto Suárez Caicedo, sacados a “sombrerazos” de las direcciones territoriales del Sena e ICA, respectivamente.
La demanda
La ex funcionaria consideró que con su retiro intempestivo la entidad vulneró derechos fundamentales. Entre otros invocó los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, a la seguridad social, a la igual y al debido proceso. Igualmente reclamó el reintegro por ser beneficiaria de las garantías de estabilidad reforzad en su condición de pre-pensionada.
En esa condición demandó la suspensión provisional del acto que ordenó su retiro y el nombramiento de su reemplazo en provisionalidad. Y como en consecuencia, le pidió a la juez de tutela que ordenara su reintegro inmediato al cargo que venía ejerciendo desde el 3 de enero de 2018.
Piza Losada alegó que la decisión es ilegal, además de que se produjo, estando vigente la ley de garantías electorales. Pedro Medellín confirmó que el relevo se produjo haciendo uso de la facultad discrecional del nominador.
La funcionara solicitó que se dejara sin efectos los actos administrativos que originaron su retiro del cargo y el nombramiento de su reemplazo. Además, reclamó que se ordene el inmediato reintegro al cargo.
Improcedente
No obstante, la juez segunda de familia, Andira Milena Ibarra, indicó que la tutela, en este caso se torna improcedente, ya que el mecanismo idóneo para invalidar los actos administrativos, es más bien, la acción de nulidad.
“Es que lo pretendido por la actora implica el reconocimiento de la titularidad de derechos (declaratoria de nulidad y reintegro) aspectos que por su naturaleza no son de competencia del juez de tutela”.
Tal labor -dijo- implica inmiscuirse en asuntos que sin duda desbordan la órbita de la tutela, por tratarse de controversias que han sido reservadas a la jurisdicción administrativa, a través de un procedimiento idóneo y con la vinculación de la entidad a la que se le endilga la actuación irregular.
Fuero especial
Además, señaló que el hecho que la persona designada en encargo no cumpla con los requisitos, no tiene ninguna relación con la vulneración de los derechos que imputa. Tampoco existe prueba que ese nombramiento en interinidad haya sido la causa de la declaratoria de insubsistencia, sino por el contrario, fue una consecuencia de ese acto.
Siendo el cargo de libre nombramiento y remoción no goza de estabilidad reforzada por la naturaleza de esa vinculación, pero además, tampoco se encuentra dentro de los presupuestos excepcionales (edad y semanas de cotización).
Según la Corte Constitucional, los empleados públicos de libre nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada. Por lo tanto la ex funcionaria no es beneficiaria del fuero de prepensionabilidad al no cumplir los requisitos de edad y tiempo de cotización.
Buen desempeño
La funcionaria consideró que el buen desempeño en el cargo tampoco puede servir de amparo para alegar alguna vulneración. “Por disposición legal y constitucional, es deber de un servidor público gestionar y ejercer sus funciones con excelencia, por lo que no puede pretender que una obligación que le asistía cumplir sea tenida en cuenta para endilgar vulneración de sus derechos por la entidad donde estaba vinculada”.
Vuelve y juega
Después del relevo del ex secretario de Hacienda Luis Humberto González, la Esap entró en reiteradas crisis internas. La interinidad se extendió luego con la salida abrupta del contador público José Eduardo Corredor.
El profesional, quien accedió al cargo en un concurso público, fue declarado insubsistente el 17 de febrero de 2015, por el director nacional de la entidad, German Alejandro Larreamendy, dos días después de haberse posesionado.
La separación del cargo, se hizo con desviación de poder, sin que se cumpliera la ritualidad que exige el retiro de un funcionario escogido por meritocracia.
El docente denunció presiones externas, ajenas a la entidad, para precipitar su salida del cargo. Incluso, presiones indebidas para obligarlo a renunciar. Al no hacerlo, fue declarado insubsistente. En su reemplazo fue nombrado temporalmente Dagoberto Segura.
Le siguieron Ramiro Sánchez (director del Tolima), Johana Pinzón y Yurley Acosta.
Al final Martha Cecilia Piza Losada quedó en la terna y fue avalada por los gobernadores de Huila, Caquetá y Putumayo. Pero no fue suficiente. Con el cambio de gobierno, la “barrida burocrática”, sin precedentes, se precipitó en todas las entidades territoriales.
Intentos fallidos
El ex diputado conservador Luis Humberto González, quien fue separado del cargo en el 2009 también intentó su reintegro al cargo.
El ex funcionario alegó falsa motivación, acoso laboral y la desviación de poder por intereses políticos, además de su destacado desempeño. La idoneidad y buen desempeño laboral que hizo notar no era argumento suficiente para desvirtuar la facultad discrecional conferida al nominador para la libre remoción. “Es una obligación de todo servidor público prestar sus servicios de manera eficiente e idónea para la consecución de los fines esenciales del Estado”, explicó la autoridad judicial.
Corredor Torres, también tuteló a la entidad exigiendo su reintegro. Reclamaba la protección de sus derechos fundamentales conculcados y pidió como medida cautelar la suspensión del acto administrativo.
El docente denunció presiones externas, ajenas a la entidad, para precipitar su salida del cargo. Incluso, presiones indebidas para obligarlo a renunciar. Al no hacerlo, fue declarado insubsistente. En su reemplazo fue nombrado temporalmente Dagoberto Segura.
Corredor Torres reclamó la protección de sus derechos fundamentales conculcados y pidió como medida cautelar la suspensión del acto administrativo.
Pero además, explicó que la insubsistencia se expidió por fuera de su competencia, violando derechos fundamentales, argumentando que su nombramiento se produjo por designación de los gobernadores de la regional “por lo cual no aplica plenamente el libre nombramiento y remoción en cabeza del director de la Esap”. Tampoco prosperó.