La Nación
INVESTIGACIÓN

Caso Wilker: Fiscalía destapa las cartas

Caso Wilker: Fiscalía destapa las cartas 1 12 agosto, 2020

Ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva comenzó ayer la audiencia preparatoria del juicio oral en contra del secretario privado de la Alcaldía de Neiva, Wilker Esneider Bautista y del contratista Jairo Medina. Los implicados desestiman los cargos.

 

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

El ex gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Algeciras, (Emseral), Wilker Esneider Bautista Macías, quien funge actualmente como secretario privado de la Alcaldía de Neiva, concurrió ayer a la primera audiencia preparatoria, por supuestas irregularidades cuando ejerció el primer cargo.

La diligencia, antesala para preparar el juicio, estaba programada para el 31 de enero pasado pero fue suspendida por ausencia de uno de los abogados de la defensa. El Juez Segundo Penal del Circuito, con funciones de conocimiento la reprogramó para ayer, quedando nuevamente en suspenso.

Aunque  inicialmente el funcionario negó sin argumentos la investigación penal adelantada por la Fiscalía, ayer concurrió a la diligencia virtual acompañado por su apoderado para ponerle la cara a la acusación por los delitos de peculado por apropiación en beneficio de terceros, indebida celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.

La acusación, en su criterio sin fundamento, se inició por una denuncia que formuló su sucesor, por dos órdenes de prestación de servicios adjudicadas a dedo para realizar el levantamiento y mapeo de las redes de acueducto y alcantarillado, exigidas en ese momento, por la Superintendencia de Servicios Públicas, bajo la amenaza de una sanción superaba, en esa época los 80 millones de pesos.

Por estos mismos hechos fue vinculado el contratista Jairo Medina Flórez. Los servicios fueron cancelados sin reparos, solo que la Fiscalía no encontró los soportes.

Las cartas del fiscal

Durante la audiencia por internet, el fiscal delegado ante los juzgados penales del Circuito, Carlos Alberto Ladino Torres, destapó sus cartas que hará valer en el juicio contra los dos implicados.

El funcionario judicial descubrió los elementos materiales probatorios y la evidencia física con las cuales soportará la acusación.

Además, presentó 12 testigos, entre, peritos, investigadores judiciales y líderes de la comunidad sobre la ejecución de las dos órdenes de prestación de servicios.

Cuando terminó su disertación, los abogados de la defensa, solicitaron la suspensión y aplazamiento de la audiencia.

A pesar de la protesta del fiscal por la morosidad judicial, incluso aplazada en enero pasado, el juez, garantizando el debido proceso, la reprogramó para el próximo 6 de agosto, a partir de las 8:00 a.m. para continuar con el descubrimiento probatorio.

La denuncia

Las supuestas anomalías fueron denunciadas el 15 de febrero de 2008 por el ingeniero Hernán Vega Vargas, dos meses después de haber asumido la gerencia de la empresa de servicios públicos, en reemplazo de Wilker Bautista.

Según la denuncia, las irregularidades se habrían presentado por las dos órdenes de prestación de servicios, expedidas poco antes de terminar el mandato, sin estudios previos, con el mismo objeto y con el mismo contratista.

El fiscal Rodrigo Hernández (ya pensionado), inició las investigaciones preliminares y documentó el caso.

La primera orden de trabajo número 063 de 2007, cuyo objeto era la realización a todo costo del catastro de redes de alcantarillado del casco urbano de Algeciras, especificando por cada tramo de longitud, diámetro de la tubería en todas las direcciones y actualización de las reposiciones  hechas por el costo de $8.500.000, con plazo de ejecución de 30 días.

El mismo día se celebró la segunda orden de trabajo número 064 del primero de noviembre de 2007, con el mismo contratista, con el objeto de realizar a todo costo del catastro de redes de acueducto del casco urbano de Algeciras, especificando por cada tramo de longitud, diámetro de la tubería en todas las direcciones y actualización de las reposiciones hechas por el costo de $8.500.000, con plazo de 30 días.

“No existen estudios previos de la necesidad de estas dos órdenes de prestación de servicios…Sobre el cumplimiento de estos contratos no existen actas o constancias de recibo a satisfacción de los objetos de contratados”, sostuvo la Fiscalía.

Tampoco se encontraron las constancias de que “se hubiera dado cumplimiento a las diferentes etapas que debían adelantar para un catastro de redes de acueducto y de alcantarillado”.

Caso Wilker: Fiscalía destapa las cartas 2 12 agosto, 2020
El sistema de alcantarillado en Algeciras.

Los pagos

Las órdenes de prestación de servicio 063 y 064 de 2007 se pagaron, un mes después.  “La primera con el comprobante de egreso No. 453 a lápiz del 14 de diciembre de 2007 con cheque del Banco Agrario a la cuenta 1355-9 por valor de $2.500.000 y con comprobante de egreso No. 452 a lápiz de diciembre 9 de 2007 pagado en efectivo a la suma de $5.299.600”.

La segunda orden de prestación de servicios también se pagó. “Se encontró comprobante de egreso 450 a lápiz de diciembre 14 de 2007 pagado con cheque 653 del Banco Agrario, cuenta 1355-9, por valor de $1.200.000, y comprobante de egreso No. 451 a lápiz de diciembre 9 de 2007, pagado en efectivo $6.599.600”, pagándole al contratista la suma de $15.599.200.

La acusación

Además, suscribieron dos órdenes de servicios, la 063 y 064 con el mismo objeto, con el mismo contratista, la misma fuente de financiación,  la misma afectación presupuestal y el mismo día.

“Las dos órdenes tenían el mismo objeto y valor, el mismo contratistas, el mismo plazo de ejecución, y por lo tanto, se habrían podido realizar en un solo contrato”, precisó la Fiscalía.

“El objeto de estas dos órdenes de prestación de servicio son contratos idénticos y cambia únicamente la palabra alcantarillado y acueducto”, afirmó el fiscal. Esa es la clave del pleito que se debatirá en agosto próximo en el juicio oral.

Según la acusación, el entonces gerente de Emseral, Wilker Bautista, vulneró el proceso de selección objetiva en la tramitación y celebración de las órdenes de prestación de servicios., afectando el patrimonio público.

“El funcionario, bajo su administración y autorización suya dejó que un tercero como Jairo Medina Flórez se apropiara de dinero público que estaba a su cargo”, indica el escrito acusatorio.

Bautista Macías, según la Fiscalía,  “tenía pleno conocimiento que Jairo Medina no iba a realizar el objeto de las órdenes de prestación de servicios y no las realizó y le pagó las dos órdenes de prestación de servicios como si las hubiese hecho o realizado”.

“Lo curioso, es que el objeto se cumplió, y lo encomendado se entregó”, aseguró la defensa.  Las pruebas y otras evidencias se descubrirán en la próxima audiencia, lo que determinará el rumbo del proceso.

Copie y pegue

Según el informe del investigador de campo, realizado el 13 de septiembre de 2013, suscrito por el ingeniero, John William Losada, investigador criminalístico del CTI, los planos presentados por el contratista en noviembre de 2007, “son fiel copia” de los planos elaborados en marzo del año 2000, por parte de los ingenieros Gil Moyano, Henilso Betancourt y el tecnólogo Yamil de Jesús Macías Cabrera, quien figuraba como gestor social del alcalde de la época, Álvaro Macías Villarraga.

Además, aseguró que algunos barrios como San Juanito, Las Villas, Ciudad Jardín y Villa Café, “contaban con las redes de acueducto y alcantarillado, luego no era necesario el estudio contratado mediante estas dos órdenes de prestación de servicios”.

La apreciación, resulta técnicamente sorpresiva. En este caso, se trataba no de la construcción de las redes, sino, justamente del inventario, el croquis, el trayecto de las redes de los dos sistemas de acueducto y alcantarillado.

“Lo que no entendió la Fiscalía es que la esencia de las dos órdenes estriba en el objeto. Una cosa es el catastro de acueducto y otra, muy distinta, el catastro de alcantarillado”, anotó un perito consultado por LA NACIÓN.

Lo contratado

El catastro de redes es una base de datos técnico geo-referenciada con información real y oportuna de las redes del sistema de agua potable y alcantarillado, o acueducto sanitario para poder controlar y visualizar el inventario confiable y real de todo el sistema.

Este inventario permite la ubicación exacta y referenciada de cada uno de los elementos de los sistemas que abastecen y evacúan el agua en la localidad. No es la construcción de la obra pública.

El catastro de redes era una exigencia de la Superintendencia de Servicios Públicos, como la actualización de los catastros de suscriptores o censo de usuarios activos y potenciales del servicio.

En los procesos de modernización de las empresas públicas, incluyendo la de Neiva, se ordenó  el levantamiento y digitalización de planos de catastro de redes de acueducto y alcantarillado, incluso como condición para la financiación del proyecto de ampliación y optimización.

A partir de la recopilación de esta información a través de apiques a lo largo del sistema se pueden examinar las condiciones de las redes (diámetro de tubería, materiales, profundidades de los tubos, estado de las cajillas, direcciones, estado de las válvulas, entre otras.

Caso Wilker: Fiscalía destapa las cartas 3 12 agosto, 2020
Apiques para realizar el catastro.

La otra cara

Aunque los procesos de responsabilidad fiscal, disciplinario o penal tienen alcances y contenidos diversos y no siempre coinciden, en el caso de la Contraloría este caso no tuvo trascendencia fiscal.

Según el organismo de control, la entidad de servicios públicos ordenó el egreso de unos dineros, en virtud de la obligación acordada, obligación que al no ejecutarse acarrearía conductas penales y disciplinarias, merecedoras de sanción.

En su opinión, podría tipificarse un enriquecimiento ilícito al no reconocer y cancelar unos recursos en contraprestación de un servicio prestado en las condiciones expresadas por los dos encartados. Y no con las características reseñadas en el informe técnico que presentó la ingeniera Marlene Vergara Lara.

“En ese orden de ideas, concluyó la Contraloría, no se tipificaría el elemento esencial, que integra la responsabilidad fiscal, cual es el detrimento al patrimonio público, por cuanto los dineros desembolsados equivalen a los servicios prestados”.

Al archivo fue ordenado por Magda Liliana Buendía Chacón, jefe de Responsabilidad Fiscal y refrendado por el contralor Constantino Trujillo, enredado en un proceso judicial por concusión y constreñimiento ilegal, que terminó con la preclusión por falta de pruebas.

El juicio oral

En el proceso penal que avanzó ayer con la audiencia preparatoria, la Fiscalía soportó su alegato en la protección de bienes jurídicos tutelados.

El discurso del fiscal, contenido en el escrito de acusación, analiza conductas típicas (consagrada en la ley penal), que en el criterio del funcionario acusador, resultaron antijurídicas, no están sustentadas en causal de justificación y afecta la administración pública.

En este sentido, formuló los reproches por tratarse de delitos contra la administración pública, cometidos a título de dolo.

Bautista Macías, según la Fiscalía, como gerente de las Empresas Públicas de Algeciras, en funciones discernidas por razón y con ocasión de sus funciones, vulneró el proceso de selección objetiva, en la tramitación y celebración de las citadas órdenes de prestación de servicios, por lo que es probable autor de la comisión de las conductas endilgadas, lo que compromete su responsabilidad en los hechos investigados.

El funcionario fue acusado de los presuntos delitos de celebración indebida de contratos y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.

“La conducta fue cometida a título de dolo, según el fiscal, considerando que los dos investigados suscribieron voluntariamente las órdenes de servicios, sin los requisitos legales en la etapa precontractual, entre ellos, sin estudios previos”.