Entre los colombianos de bien, existe desde hace un buen lapso una justificada preocupación por el estado de cosas reinantes en el país y que se refleja en la comisión de todo tipo de delitos contra la administración oficial, porque en forma inescrupulosa muchos servidores públicos, grandes, medianos y pequeños, ejercen sus funciones en contra de las obligaciones legales que juraron cumplir, en lugar de desempeñarlas con transparencia, rectitud y celo. Se ha vuelto común denominador que el Estado se ha convertido en el botín ambicionado por aspirantes de todas las categorías sociales, incluyendo las más bajas.
Muchos de ellos llevaban una vida de pobreza casi absoluta, sin propiedades, sin otra renta que el salario correspondiente a un empleado de bajo rango. Con la velocidad del relámpago aparecen con extraños patrimonios y algunos ciudadanos se preguntan: ¿De dónde sacaron los recursos considerables que les han permitido adquirir costosos bienes? ¿De qué fecundas actividades derivaron tan elevadas ganancias?
La experiencia nos enseña que el procedimiento es más o menos el mismo. Los intrigantes se arriman a la sombra de algún politiquero, a quien le colaboran en sus campañas. Pero como el cáncer ha invadido todas las esferas, en Colombia, a encumbrados funcionarios se les han imputado graves hechos de corrupción. Prueba de ello es que, varios procuradores, contralores, ministros y funcionarios de elevada categoría, han incurrido en conductas similares y han sido condenados y otros continúan con procesos penales vigentes. También, muchos de los integrantes de los cuerpos colegiados se encuentran procesados penal y disciplinariamente, como es de todos conocidos.
La corrupción administrativa y la impunidad, le han causado peores perjuicios al país que los mismos actos de la subversión. Los procedimientos deben moverse bajo los principios de celeridad y eficacia y los fallos deben dictarse dentro de los términos previstos en la ley, para que en verdad sean ejemplarizantes.
Además, a la Presidencia de la República, gobernaciones, alcaldías, parlamento, asambleas y concejos, deben llegar hombres y mujeres que tengan la política como servicio, entrega y lucha para organizar a todos los sectores sociales en la defensa de sus derechos y, a la vez, que sean modelos de las virtudes que exhibieron los hombres públicos y los servidores del Estado que en otras épocas le dieron grandeza a nuestra patria.