Se debate el país de nuevo en una de las discusiones que más enfrenta a los colombianos: la posibilidad de dialogar o no con grupos alzados en armas. Se debate el país de nuevo en una de las discusiones que más enfrenta a los colombianos: la posibilidad de dialogar o no con grupos alzados en armas. Las frustrantes experiencias del Caguán, bajo el gobierno de Pastrana, y Ralito, durante el período de Uribe, parecen haber calado muy hondo en la desconfianza nacional como para permitirnos nuevas oportunidades de conversaciones de paz. Los caminos de la reconciliación, con desarme, tienen más espinas que rosas, ganan enemigos a granel, se enredan en los más insólitos vericuetos, generan muchas veces más ronchas que el conflicto mismo y desgastan a profundidad a quienes, desde el Estado, se introducen en ellos y apuestan sus capitales políticos. Ahora ha surgido la posibilidad de apostarle a un cese al fuego por un corto período para sondear el verdadero alcance de una negociación con las Farc. La intención encuentra desde la entrada un problema mayúsculo, y es que ni siquiera cuando se creó la zona de distensión en la extensa zona de Caquetá y Meta, con epicentro en San Vicente del Caguán, las partes se pudieron poner de acuerdo en cesar el ruido de las armas. Y fue precisamente ese el detonante para la ruptura de los diálogos el 20 de febrero de 2002, cuando asaltaron el avión de Aires y secuestraron al senador Jorge Eduardo Géchem. Un cese al fuego, si se pudiese dar, tendría que estar acompañado de la decisión que seguramente más hemos esperado los colombianos en los recientes años: el fin de los secuestros y la liberación unilateral e incondicional de los secuestrados, civiles y miembros de la Fuerza Pública. Pero para llegar a esa instancia el país debería superar el duro choque que una medida de tal naturaleza entraña. Y los imponderables son enormes, empezando porque no hay forma real y física de detener el fuego hacia uno de los actores ilegales mientras se sigue disparando y atacando a los demás, como las llamadas “bacrim” que ya han dado evidentes muestras de poder militar, social y de intimidación. Y por los lados la discusión jurídica de lo que implicaría que el Estado ceda en su ejercicio constitucional y legal del uso de las armas, de paso dándole un mayor peso político a la contraparte y reconociéndola como un igual en la lucha militar. Tantas propuestas de buena fe, salidas del deseo comprensible y compartido de la paz y la reconciliación nacional, no son necesariamente realizables o por lo menos no encuentran un escenario y un clima adecuado para llevarlas a cabo. Se les abona a los autores de la propuesta la noble intención, pero de aquí a que ello se pueda convertir por lo menos en un plan de paz del Gobierno Nacional hay un trecho enorme. Los tiempos han cambiado demasiado, tanto desde el Caguán como desde el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, como para encontrar algún campo abonado a este tipo de plausibles pero casi imposibles ideas. “Un cese al fuego, si se pudiese dar, tendría que estar acompañado de la decisión que seguramente más hemos esperado los colombianos en los recientes años: el fin de los secuestros y la liberación unilateral e incondicional de los secuestrados” Editorialito Enhorabuena el alcalde de Neiva Pedro Hernán Suárez reaccionó frente a la ola de inseguridad urbana que se ha incrementado. Un paquete de medidas que están vigentes se pondrá en marcha para contener la escalada de delincuencia. Ahora es cumplir y persistir. No retroceder.