Se ha propuesto por un importante medio de comunicación en su nota editorial, una salida alternativa para dirimir la controversia que se ha suscitado entre el Fiscal General y la Contralora, consistente en que aparezcan en el escenario un fiscal ad hoc, ante la recusación que se ha presentado contra el Vicefiscal y de paso, también se nombre un contralor ad hoc para investigar lo atinente a las indagaciones que en materia contable realiza la Contraloría contra la Fiscalía.
La propuesta nos parece más sensata que acudir a un tribunal de honor de rectores universitarios, que era lo propuesto por otro medio de comunicación, ambas cosas se pueden, con las siguientes puntualizaciones, acordes con nuestro sistema jurídico.
En primer lugar, los fueros que reconoce la Constitución para la investigación y juzgamiento de estos altos funcionarios del Estado, no pueden menospreciarse, así no nos gusten, son los competentes para adelantar dichas actuaciones.
Sin embargo, ante la recusación que hay contra el Vicefiscal, por ser un subalterno directo del Fiscal General, creo que es totalmente procedente lo que sugiere el editorial, debe aceptarse; no hay duda que para el funcionario que es de libre nombramiento y remoción, pesan las razones esgrimidas por su superior para apartarse del asunto; lo mejor sería que se designara un fiscal ad hoc, como se hacía en otrora época, antes de la reforma que asignó la competencia al Vicefiscal.
Lo que si no es procedente es el procedimiento sugerido; no es posible que la Corte Suprema elabore una terna para que elija el Presidente de la República fiscal ad hoc, porque la Constitución señala lo contrario. Como tampoco puede la Corte solicitar al primer mandatario un nombramiento de contralor ad hoc, ni efectuar terna para ello; puesto que el órgano competente es el Congreso en pleno según lo dispone la Constitución y la terna tendría que ser de origen diverso como lo indica la norma fundamental.
En cuanto a la advertencia que realizó la Procuradora Delegada para que el Presidente no asistiera a las convenciones políticas en cumplimiento de la Ley de Garantías y ante la desatención del mandatario ¿qué va a pasar? O la Procuraduría se aguanta la desatención u oficia al competente, Cámara de Representantes para que investigue al Presidente de la República. Ya comenzó con una advertencia que, no siendo muy propia de su competencia, la pone en camino de conducirla, so pena que al futuro le pase lo que al pastorcito mentiroso.
*Ex presidente Corte Suprema de Justicia