Se han dado a conocer los avances del Tercer Censo Nacional Agropecuario por parte del Dane. Se trata del primer censo agropecuario en 45 años, en el que se destacan temas como: uso y cobertura del suelo, características de las unidades de producción agropecuaria, factores y sustentabilidad para la producción, así como características de la población campesina y de los productores.
El censo cubrió el 98,9% de los municipios del país. Según los datos arrojados, tan sólo un 6.3% del área del país, 7,11 millones de hectáreas, está cultivada. Por otra parte, se advierte una perversa concentración de la propiedad rural en la que un 0,4% de los propietarios posee el 46% de las tierras con predios de más de 500 hectáreas, mientras que a un 70% de los propietarios rurales, dueños de predios de hasta 5 hectáreas, corresponden apenas el 5% de las tierras.
Como si fuera poco, el 83% de los productores del campo manifestaron no haber utilizado en sus labores maquinaria alguna, el 89% no ha acudido a la banca para solicitar crédito ni ha accedido a asesoría o asistencia técnica alguna, apenas el 13,8% cotizan para salud y el número de personas por debajo de la línea de pobreza es 2.5 veces más elevado que en las ciudades, dando como resultado un Índice de Pobreza Multimodal (IPM) de 44.7%.
Así las cosas, podría decirse, sin temor a exagerar, que la situación el agro en Colombia es poco menos que catastrófica. El propio Presidente Santos ha dicho: “Este censo demuestra que falta todo por hacer en el campo y veo con preocupación que allí se concentra la desigualdad.” El mandatario anunció, con ocasión de la instalación del Congreso de la República el pasado 20 de julio, que presentará a consideración del Legislativo un proyecto de ley de reforma agraria integral.
Sucesivos gobiernos con erráticas políticas han propiciado el enfrentamiento de los productores del agro nacional con poderosos competidores foráneos que cuentan a su favor con subsidios, eficiente tecnología e infraestructura, escamoteando de este modo la insoslayable tarea de desarrollar el campo para garantizar así no sólo la competitividad del sector en los mercados internacionales, sino la seguridad alimentaria de la Nación tan gravemente amenazada.
Para 1990, como consecuencia de la llamada Apertura Económica, salió de producción el 25% del área cultivada del país, desde entonces la agricultura colombiana no ha podido levantar cabeza. ¿Responderá el Congreso al reto que supone una verdadera reforma agraria integral que tome en cuenta los intereses estratégicos de la Nación y no los privilegios de unos pocos, talanquera que impide el desarrollo rural?