Por fortuna, parece que la hora de la infraestructura llegó a Colombia y se visualiza un camino para eliminar una de sus mayores barreras para entrar en la modernización. Estas grandes inversiones, si se toman en cuenta los estudios que se han hecho sobre los posibles impactos que pueden generar y se prevén soluciones ex ante, serán realmente un gran motor de cambio. Si por el contrario, se ignoran o se facilita el camino para obviar los costos simplemente ignorándolos –como parece en el caso de los impactos ambientales y sociales–, su huella puede ser irreparable. Es necesaria una luz roja ahora que se habla de licencias ambientales 'express' y se critica la consulta con las comunidades.
Ahora, suponiendo que no se arrasa con los anteriores requisitos, como si la inversión en infraestructura se pudiera manejar como una especie de tractomula, queda un problema serio que, hasta ahora, es una especie de sapo que pareciera los colombianos estarían dispuestos a tragarse. Se trata, nada menos, de un hecho que ha pasado sin mayor cuestionamiento y que consiste en que los bancos sean, a la vez, los grandes constructores de las famosas 4G: las mayores inversiones en grandes carreteras que ha realizado el país y que, sin duda, son imprescindibles.
En una reciente entrevista desde Nueva York, donde el grupo Aval hizo un lanzamiento exitoso en la Bolsa, uno de sus directores confirmó que una de las empresas de este grupo, el más poderoso de Colombia cuya cabeza figura en la lista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo, entraría a ser una de las constructoras de este programa que implica 43 billones de pesos.
La pregunta, o mejor dicho el sapo, es ¿cómo queda la posibilidad de competir de las firmas que tienen que buscarse la financiación para participar en estas millonarias inversiones, si se enfrentan a otras que, por ser parte de un grupo que controla cerca del 35% del sector financiero del país, no tienen ninguna limitación de recursos? Ante esto, el directivo del grupo Aval, dueño del Banco de Bogotá y de varios más, no se sonrojó porque le pareció lo más natural. Tiene razón, el poder de este grupo es inmenso y tienen conexión directa con la cúpula del gobierno, que para ser justos, la han tenido en todas las administraciones de, por lo menos, las últimas dos décadas.
Lo que más sorprende es que quienes se verán afectadas, empresas sin bancos a su disposición, no se han pronunciado, por lo menos hasta ahora, ante lo que parece, sería claramente una muestra de competencia desleal. Solo falta que el Banco más grande del país, Bancolombia, haga lo mismo y también dentro del grupo antioqueño entren a competir por las 4G. Y así se espera que los niveles de concentración de ingresos, y sobre todo de riqueza –que son vergonzosos en Colombia–, mejoren. Esto no se logra solo con pronunciamientos, sino con hechos.
Nadie niega las contribuciones que los súper poderosos le han hecho al país, pero si de verdad la equidad va a ser un pilar de este gobierno, la libre competencia debe ser una realidad apoyada por los niveles más altos de la Administración.