El municipio de Campoalegre contratará mediante concesión el servicio de alumbrado público por 20 años por un monto de $8.100 millones.
El municipio de Campoalegre contratará mediante concesión el servicio de alumbrado público por 20 años por un monto de $8.100 millones. Veeduría ciudadana asegura que mejoramiento del servicio costaría solo $300 millones. Incumplimiento de requisitos legales podrían provocar nulidad del Acuerdo que facultó a la Alcaldesa para adelantar el proceso. LA NACIÓN, NEIVA El controvertido acuerdo 012, que autoriza a la alcaldesa de Campoalegre Neyla Triviño para entregar en concesión por 20 años a particulares el servicio de alumbrado público, quedó en el limbo jurídico. La polémica iniciativa, aprobada en junio pasado por el concejo, sin cumplir con los requisitos legales exigidos, tuvo el primer “corto-circuito” legal que se resolverá en los estrados judiciales. Ocho de los 13 concejales, facultaron a la mandataria para contratar por el sistema de concesión la administración, operación, mantenimiento, repotenciación, modernización y expansión del alumbrado público del municipio, sin ningún soporte técnico o financiero. Tampoco estaba contemplado en el Plan de Desarrollo ni las inversiones previstas se reflejaban en el marco fiscal de mediano plazo, de obligatorio cumplimiento. Pero además, amparados en normas derogadas, la facultaron para comprometer vigencias futuras excepcionales, más allá del actual mandato, para contratar el servicio que, según los veedores, requiere una inversión que no supera los $300 millones y que al concesionarlo le costaría al municipio $8.100 millones. Las graves inconsistencias, argumentadas durante la discusión de la iniciativa, fueron corroboradas por el Departamento Administrativo Jurídico de la Gobernación, al realizar el control de legalidad. El acuerdo no pasó la evaluación jurídica. Por el contrario, la titular de ese despacho, Sandra Elizabeth Collazos lo objetó por razones de ilegalidad e inconveniencia, ratificando las observaciones que habían formulado los concejales de La U Oscar Perdomo, Jorge Ávila y Jairo Quintero, Elkin Cerquera del Partido Liberal y Jackson Toledo de Mira. Los mismos argumentos fueron sustentados por el veedor ciudadano, Esaín Calderón, sin ser atendidos. No obstante, el acuerdo fue sancionado en junio, desconociendo el marco normativo. Los concejales que aprobaron la iniciativa habrían incurrido en irregularidades, al aprobarla sin los estudios técnicos que catalogaran la entrega en concesión del alumbrado público como un proyecto de importancia estratégica para el municipio. El polémico proyecto tampoco estaba consignado en el plan de inversiones del Plan de Desarrollo. Asimismo las vigencias futuras serán comprometidas sin contar con un análisis financiero que respalde el compromiso de recursos hasta el año 2032. El cobro del impuesto de alumbrado público respaldará la inversión sin garantías de que su recaudo genere ingresos superiores a los gastos de la concesión. Sin proyecto Pese a que la aprobación del acuerdo no es lo que se cuestiona, de acuerdo con el Departamento Administrativo Jurídico de la Gobernación, dicho acto administrativo estaría precedida por vicios de nulidad, ante el incumplimiento de varios de los requisitos que exige la Ley 1483 y que permiten a los entes territoriales como la Alcaldía de Campoalegre comprometer vigencias futuras excepcionales, en este caso para contratar por el sistema de concesión el servicio de alumbrado público. “Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de proyectos de la Secretaría, Departamento u Oficina de Planeación”, estimó la titular del despacho, Sandra Elizabeth Collazos. Según la funcionaria, el requisito no se cumplió pues no se demostró que existe proyecto de inversión alguno relacionado con el servicio de alumbrado público para Campoalegre. El secretario de Planeación Municipal, Willmar Iván Rojas Ortiz, acreditó que dentro del Plan de Desarrollo “De Corazón por Campoalegre”, en relación con el sistema de alumbrado público, únicamente existe el programa ‘Servicios Públicos Domiciliarios’, cuya meta (‘Iluminemos el Municipio’) consiste en gestionar e instalar 200 luminarias nuevas y renovar 100. En el anterior mandato tampoco fue formulado proyecto alguno relacionado con la adjudicación en concesión del servicio. “No existió o existe un proyecto de inversión en materia de alumbrado público debidamente inscrito o viabilizado en el banco de proyectos del municipio, objeto de ser financiado con recurso de vigencias futuras excepcionales”, señaló la Directora Administrativa de la oficina. A lo anterior se suma que para comprometer vigencias futuras excepcionales durante el periodo 2013-2032 por un monto del 100 por ciento, es requisito legal la aprobación previa del Confis Municipal. Contrario a la norma, el organismo fue más allá y le otorgó viabilidad al trámite del acuerdo. “El acta del Confis no contiene un análisis y evaluación financiera de las vigencias futuras excepcionales supuestamente aprobadas por ese organismo. Su contenido adolece de un análisis financiero. Es plano, llano y además contradictorio, pues la función legal es la de aprobación previa más no otorga viabilidad para que el concejo municipal comprometa vigencias futuras en su totalidad”, indicó la titular del despacho jurídico de la Gobernación. Adicionalmente, el Concejo Municipal facultó a la Alcaldesa para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras que superan su periodo de gobierno, lo cual es procedente si los proyectos previamente son calificados de importancia estratégica. “Para ello se acudió a la declaratoria de importancia estratégica por el Consejo Extraordinario de Gobierno conforme Acta N° 005 de mayo 17 de 2012, en donde se hace mención más no se analiza o explica el Estudio de Alternativas de Mejoramiento para la prestación del servicio de alumbrado público atinentes a la modernización (repotenciación), administración, mantenimiento, operación, expansión y demás actividades en el municipio de Campoalegre”, manifestó Collazos. Igualmente destacó que “en la misma acta no aparece sustento alguno de carácter técnico, financiero, económico y de política pública, que determine las conveniencias, consecuencias e impactos en el desarrollo económico y social del municipio de Campoalegre, al comprometer vigencias futuras excepcionales”. ¿El problema es de plata? Esain Calderón, quien viene adelantando la veeduría ciudadana al Acuerdo 012, manifestó que para cumplir con la meta que propone el Plan de Desarrollo de la actual administración (gestionar e instalar 200 luminarias nuevas y renovar 100), se requiere que el municipio realice una inversión que no supera los 300 millones de pesos. Para Calderón, si bien es cierto que el servicio de alumbrado público en la actualidad sólo alcanza un 45 por ciento de eficiencia, las actas del cruce de cuentas efectuadas durante el 2011 entre el municipio de Campoalegre y la Electrificadora del Huila según la autorización del recaudo de impuesto de alumbrado público, dejó ganancias para el municipio por 97 millones de pesos. Por el mismo concepto de recaudo del impuesto de alumbrado público, en el mes de enero de 2012 hubo un saldo a favor del municipio de Campoalegre de $8,38 millones, en febrero $18,12 millones, marzo $7,61 millones y junio $14,10 millones, arrojando en cuatro de los ocho meses del presente año un saldo a favor del municipio por $48,22 millones. El veedor explicó además, que la Alcaldesa presentó al Concejo Municipal un estudio según el cual el sistema de alumbrado público de Campoalegre cuenta en la actualidad con 1.289 luminarias, de las cuales se deben reponer o reparar 494. El precio mínimo de una luminaria es 200.000 pesos y el máximo 500.000. “Estas cifras demuestran que en el mismo periodo de gobierno de la alcaldesa Neyla Triviño, para mejorar el servicio de alumbrado público y alcanzar una eficiencia del 95 por ciento se debe invertir $247 millones de pesos, haciendo innecesaria la entrega en concesión por 20 años y que traería riesgos al municipio si no se recauda la cifra anual con la que se ha comprometido con el concesionario o contratista, que recibiría en 20 años $8.100 millones”, afirmó Esain Calderón. Incertidumbre fiscal El polémico proyecto fue propuesto sobre la base de una incertidumbre financiera, pues los análisis de las metas fiscales a mediano plazo que plantea, tan solo son medibles y confiables hasta el año 2021. Según la directora del Departamento Administrativo Jurídico de la Gobernación, Sandra Elizabeth Collazos, las vigencias futuras excepcionales correspondientes a los años 2022 a 2032 no cuentan con un análisis financiero serio y responsable teniendo en cuenta el marco fiscal a mediano plazo. “La situación financiera relacionada con el impuesto de alumbrado público no avizora un panorama fiscal despejado de contingencias que garanticen el recaudo efectivo en cada año de las vigencias futuras excepcionales autorizadas”, concluyó la funcionaria. Según Collazos, conllevaría a que no hay capacidad del municipio de mantener unas entradas de recursos financieros mayor que los recursos que gasta. Para la titular del despacho, también quedó demostrado que el acuerdo, no cuenta con un certificado que demuestre la capacidad de endeudamiento del municipio. “El funcionario idóneo para certificar la capacidad de endeudamiento del municipio de Campoalegre una vez sumadas todas las obligaciones que se pretendan adquirir a través del compromiso de vigencias y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, es el Contador del municipio, lo cual no se ha demostrado”. El acuerdo objetado pasó a revisión del Tribunal Administrativo, organismo que definirá en única instancia su validez. La corporación judicial tendrá tres meses para pronunciarse de fondo. Mientras tanto, en los demás organismo de control como la Procuraduría y la Contraloría se adelantan otras investigaciones si hubo irregularidades. Opiniones Neyla Triviño, alcaldesa. “La necesidad de entregar en concesión el servicio de alumbrado público surge por la ineficiente prestación del mismo en la actualidad y la falta de recursos para mejorarlo. Más que reponer unas bombillas, se requiere renovar toda la infraestructura como el cableado, principalmente porque las fallas del sistema causan daños permanentes. Se cambia un bombillo pero a los 15 días está dañado y entonces vuelve a existir el problema. Por eso es necesario invertir en el tema de repotenciación, operación y mantenimiento de toda la red”. La Alcaldesa manifestó que acudirá a los organismos de control para que vigilen el proceso de contratación de la concesión. “Vamos a pedir acompañamiento de la Procuraduría, la Contraloría General y Departamental en la elaboración de los pliegos para el proceso de adjudicación del contrato en concesión, para que se adelante la vigilancia respectiva”. Orlando Ibagón, diputado. “En Campoalegre puede suceder lo mismo que ocurre en Neiva en la actualidad. En la capital huilense no se hicieron los estudios de prefactibilidad, factibilidad, de costos, pero luego le cobraron el 12 por ciento sobre el consumo de energía por cada ciudadano en la zona urbana, y del 6 por ciento en la zona rural. Pero esos cobros no fueron del todo justificados, no hubo un estudio para determinar esas cifras. Hoy la deuda del municipio de Neiva con Diselecsa se acerca a los 42 mil millones de pesos”. Oscar Perdomo, concejal. “El mantenimiento que requiere el sistema de alumbrado público necesita de una inversión que no supera los 300 millones de pesos. El servicio es malo, pero para mejorarlo se pueden invertir los excedentes por recaudo del impuesto de alumbrado público, dinero que va parar a una cuenta de fondos comunes, entonces la plata del impuesto de alumbrado público los están mezclando con otros dineros y no está claramente definido que los recursos estén siendo invertidos en el mismo servicio. Solo está claro que de ahí se le paga el consumo de energía a Electrohuila”. Recuadro 2 El polémico proyecto El acuerdo 012 de junio de 2012 fue aprobado en sus dos debates reglamentarios tras obtener ocho de los 12 votos del actual Concejo del municipio de Campoalegre. En la iniciativa, la corporación facultó a la Alcaldesa Neyla Triviño, para comprometer recursos de vigencias futuras con el fin de adelantar durante un año la contratación, mediante licitación, del proceso de concesión del alumbrado público. El proyecto faculta a la Alcaldesa para que contrate la administración, operación, mantenimiento, repotenciación, modernización y expansión del alumbrado público del municipio por 20 años. La mandataria presentó un estudio según el cual el municipio no tiene la capacidad de invertir los recursos necesarios para optimizar el servicio. La Alcaldesa logró la aprobación de la iniciativa por parte del Concejo Municipal, argumentando preocupación por parte de su Administración por la ineficiencia en el servicio de alumbrado público de Campoalegre y que ha generado inseguridad urbana y descontento en la comunidad. 
Municipio pagará al contratista $8.000 millones de pesos en los 20 años que durará la concesión. Mejorar el servicio costaría $300 millones. Fotos 
Neyla Triviño, alcaldesa. 
Orlando Ibagón, diputado. 
Oscar Alberto Perdomo, concejal de la U.