Como nunca antes, la capital caqueteña vive hoy su peor crisis administrativa. La alcaldesa de Florencia, María Susana Portela, su esposo, Diego Luis Rojas Navarrete, dos funcionarios de gabinete y 11 concejales fueron capturados ayer en un operativo simultáneo contra una impresionante cadena de corrupción.
Según, el vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, la mandataria Partido de la U y su esposo habrían pagado 800 millones de pesos a los concejales para aprobar un cupo de endeudamiento superior al permitido.
Y no se trató de un simple trámite, como podría interpretarse. Fue todo un acuerdo delictivo para defraudar el tesoro público.
El soborno, según la investigación se pagaba por cuotas: La primera la entregó el director jurídico en efectivo a los jefes de las bancadas; la otra al aprobarse en primer debate y el 50 por ciento restante una vez se aprobara el millonario endeudamiento, que seguramente, terminaría en poder de la organización delictiva de la que hacían parte los servidores públicos. El cupo por 2.000 millones de pesos dedicado aparentemente para obras públicas tendría otro destino.
El caso no es el primero. La mandataria y su esposo ya habían estado involucrados en otros casos de corrupción en la ejecución de otros proyectos de vivienda. Incluso intentaron sobornar a un fiscal que adelantaba la investigación. El funcionario denunció el caso, el asesor jurídico y el esposo de la alcaldesa fueron detenidos pero luego recobraron la libertad.
De acuerdo con los reportes de las autoridades que adelantan las investigaciones, no fue un hecho aislado. Estaba planeado y fríamente calculado. Una maquinaria montada para sobornar, para presionar con cada pago el trámite de la iniciativa.
La investigación, con toda certeza, tendrá otros responsables, incluyendo, por supuesto a los organismos de control, encargados de certificar la capacidad de endeudamiento y de ejercer la inspección, vigilancia y control.
Las alertas disparadas recientemente por la oficina anticorrupción de la Presidencia de la República no eran en vano. Lo mismo puede estar ocurriendo en muchas regiones del país cuando están terminando los periodos de alcaldes y gobernadores. La elección de personeros, por ejemplo, ha tenido en el Huila episodios de ingrata recordación.
La contratación directa y los convenios interadministrativos, pese a la ley de garantías, siguen su curso. Ese riesgo no es solo en Caquetá.
“El caso no es el primero. La mandataria y su esposo ya habían estado involucrados en otros casos de corrupción…”
EDITORIALITO
Por no reportar a tiempo las inversiones en regalías, el Departamento Nacional de Planeación suspendió los giros a Pitalito e Isnos. En cambio restableció giros a otros municipios como Neiva que habían tenido recientemente las mismas dificultades. Los reportes no son discrecionales. Son obligatorios y representan transparencia.