Enrique Sandino Vargas*
Para hablar de emprendimiento y agricultura familiar previamente se requiere un entendimiento de la realidad del país en cuanto al tema de tierras y propiedad, asuntos que hoy por hoy son la piedra en el zapato para muchos gobiernos. Colombia posee un buen número de hectáreas con vocación agrícola, sin embargo, la familia campesina se enfrenta diariamente al flagelo de la violencia y entre otros, al fenómeno del desplazamiento forzado causado por quienes toman parte del conflicto, o por empresas y personas que valiéndose de su posición dominante se adueñan vorazmente de la tierra. Por eso vale la pena conocer la experiencia de algunos países enfrentando el problema de la tierra.
Recientemente me entrevisté con Yilma Geletu Woldeyohanis, Investigador académico etíope de la Universidad de Hawassa quien me hizo una presentación del tema en su país. Yilma me explicó: “En la constitución de la República Democrática Federal de Etiopía, la tierra se concede al Estado y al público, mientras que la posesión de bienes como edificios, cultivos, árboles, etc, se le otorga al individuo”, importante pues un efecto de esto es que las personas al no contar con una plena posesión no pueden vender.
Para los etíopes la tierra se administra y se hereda. Este derecho de administración es representado por un contrato a 99 años lo cual incluye para el poseedor la obligación de pagar impuestos, acción que a la postre ejerce efectos de validación del contrato. Ahora, con el derecho de “propiedad de la tierra” reservado para el Estado y el Público el uso de la tierra, sus prioridades y vocación, es definido exclusivamente por el Gobierno y algunas veces no concuerda con los intereses de la población.
¿Qué pasa cuando el uso de la tierra no coincide con su vocación? El individuo es removido de la propiedad y recibirá otra tierra probablemente en otra área y/o de menor calidad, por ejemplo, en donde “el suministro de agua no está asegurado”. Como ilustración Yilma me comentó que esto les sucedió a los pequeños agricultores de la Región de Gambella cuando el gobierno decidió mecanizar el sistema agrícola buscando optimizar la agricultura tradicional considerada insuficiente para suplir la población etíope cercana a los 100 millones de habitantes. La visión de desarrollo sostenible fue viciada con negociaciones no inclusivas, los intereses socioeconómicos de la comunidad no fueron escuchados, la insuficiente producción fue castigada y el desplazamiento fue una de las consecuencias. Por otra parte, las granjas mecanizadas no suministraron alimentos a bajo precio ni trabajo para la población local, solo beneficiaron la exportación, a inversores externos y por supuesto a algunos individuos.
El conflicto fue inevitable “Las protestas antigubernamentales en los últimos dos y tres años dañaron y destruyeron las inversiones extranjeras que se establecieron sin negociar con la población local sobre sus intereses, sostenibilidad, impactos ambientales”.
Etiopía nos brinda una experiencia para aprender, un acuerdo sobre la tierra requiere transparencia y como Yilma sugiere debe ser “inclusivo”, la voz de la comunidad campesina es valiosa y debe ser tenida en cuenta.
Contacto: enrique.sandino-vargas@ju.se
*Investigador en el CeFEO, Centre for Family, Enterprise and Ownership, Jönköping, Suecia.