Obando fue condenada por el Juzgado Noveno Especializado de Bogotá, a 70 meses de prisión y al pago de una multa de 797 millones de pesos. La captura se produjo en el barrio Modelia de Bogotá. Las autoridades la acusaban de realizar actividades encaminadas a conseguir recursos económicos para las Farc.
Liliany fue detenida inicialmente el 8 de agosto de 2008 en su residencia ubicada en la ciudad de Bogotá. La Fiscalía General de la Nación ordenó la investigación porque aparecía en el computador decomisado a Raúl Reyes con los seudónimos de ‘Sara’ o ‘Pastusa’, quien se encargaba desde 1996 de conseguir recursos económicos para el grupo ilegal.
Liliany Patricia Obando es licenciada en lenguas modernas de la Universidad de Nariño y socióloga de la Universidad Nacional. En el momento de su detención cursaba estudios de maestría en estudios políticos y relaciones internacionales.
Según la Fiscalía, Obando es integrante de las Farc desde el año 1996, y su función dentro de la organización era la de conseguir recursos para financiar la organización y mantener la imagen internacional política, utilizando las relaciones que sostenía con organizaciones y personalidades políticas afines con el grupo subversivo; labor la realizaba con el aval del miembro del secretariado, Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes. Obando Villota se desempeñaba como contratista de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, (Fensuagro), donde cumplía labores en el Departamento de Relaciones Internacionales, elaborando proyectos que presentaba a nivel internacional para recoger recursos que posteriormente reinvertía en la organización armada ilegal. Este cargo fue desvirtuado en la investigación y fue absuelta.
La etapa procesal del juicio la adelantó normalmente el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá, y una vez realizada la audiencia preparatoria y agotado el debate oral público de juzgamiento, mediante Sentencia del 28 de junio de 2013 condenó a Liliany Patricia Obando Villota a setenta (70) meses de prisión y multa de ciento veintiún (121) salarios mínimos mensuales legales vigentes como coautora del punible de rebelión, al tiempo que la absolvió por el delito de administración de recursos relacionados con actividades terroristas.
La condena fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá y quedó en firme. La Corte Suprema de Justicia inadmitió el recurso de casación el pasado 3 de abril.