Eduardo Gutiérrez Arias
En la lista de precandidatos de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado para seleccionar por cada organismo uno de los tres miembros de la terna sobre los que el Senado de la República elegirá el próximo procurador General de la Nación figuran dos destacados abogados huilenses. Entre los nombres que estudia la Corte Suprema está el de Alberto Yepes Barreiro, quien hasta hace un año fue miembro del Consejo Estado y cuyas actuaciones en este órgano jurisdiccional se caracterizaron por su pulcritud, ponderación y alta calidad académica, hasta el punto que muchos de sus conceptos se volvieron doctrina jurisprudencial del propio órgano. En la lista del Consejo de Estado está Ernesto Amézquita Camacho, quien durante varios años fue presidente de la Asociación Nacional de Abogados Litigantes. Su mayor reconocimiento público se lo dieron las exitosas defensas jurídicas de Santiago Medina en el proceso 8.000 y del expresidente Alán García en el Perú. Por amenazas contra su vida viajó a Venezuela en donde fue recibido con beneplácito por el presidente Hugo Chávez convirtiéndose en su asesor de cabecera. Al morir Chávez y llegar Nicolás Maduro a la presidencia, se le presentaron conflictos con el nuevo gobierno y regreso a Colombia. Fue Procurador Delegado en el Eje Cafetero, es profesor de la Universidad del Quindío y tiene varios textos publicados en materia jurídica.
El Huila, que mayoritariamente voto por Duque para la Presidencia de la República, no ha sido compensado por los ganadores con un solo cargo de importancia en la dirección del Estado y eso haría pensar en la posibilidad de que bien La Corte Suprema de Justicia o El Consejo de Estado, se inclinen por un huilense con los suficientes pergaminos académicos para presentar su nombre ante el Senado. Los dos postulados no sólo suman su alta formación en las ciencias del derecho, sino también una hoja de vida honesta, pulcra y transparente. Si los principales males de la sociedad colombiana que debe combatir la Procuraduría son la corrupción administrativa, la violación a los derechos humanos y la violencia en todas sus formas, nada mejor que candidatos con las características de los dos huilenses postulados. Sin embargo está podría convertirse en su mayor debilidad, porque su prístina honradez los ha llevado a estar alejados de las faenas políticas y de cualquier negociación para obtener prebendas personales. Que cualquiera de ellos quede en la terna sería una muestra de que contamos con una reserva moral muy importante para reconstruir el país.