Derecho, política y sociedad
Germán Alfonso López Daza*
La nueva masacre ocurrida el sábado en la mañana en el sur del departamento de Nariño con un saldo de 6 personas muertas, aumenta dramáticamente el número de asesinatos masivos en lo corrido del año 2020 y pone en tela de juicio la política de seguridad -si es que la hay- que aplica el gobierno del presidente Duque.
Este último hecho se viene a sumar a otros cinco acaecidos en los últimos 10 días: el homicidio de cinco personas en Arauca, la muerte violenta de seis personas en El Tambo (Cauca), la impactante aniquilación de ocho jóvenes que participaban en una fiesta en Samaniego (Cauca), los 5 menores asesinados en el cañaduzal en Llanoverde en Cali, además de la brutal matanza de 3 indígenas de la comunidad Awa.
Esta semana la ONU reportó 33 masacres en lo que va de 2020, cifra dramática que amerita un debate acerca de lo que está ocurriendo en materia de orden público en el país y de la forma como el gobierno está investigando los móviles de estos terribles hechos y previniendo otros similares. Los anteriores actos violentos reflejarían que el Estado no está haciendo lo suficiente para detener los grupos delincuenciales.
Se ha venido denunciando que el vacío dejado por la extinta guerrilla de las FARC en zonas con completa ausencia del Estado, ha promovido la llegada de estos grupos que delinquen bajo el amparo de la falta de presencia gubernamental.
El anterior panorama deja ver dos realidades: de un lado, el gobierno y su fuerza pública no han tenido éxito en su intento por disminuir la criminalidad que azota una gran porción del territorio nacional. De otra parte, el Estado sigue ausente de estas regiones, lo cual las convierte en espacios propicios para que estructuras criminales y delincuencia organizada, desarrollen a sus anchas actividades ilícitas y aniquilen a la población civil cuando esta se convierte en obstáculo
Es indispensable que el gobierno y específicamente el Ministro de Defensa, le rindan cuentas a la nación de la forma como están enfrentando esta otra pandemia que amenaza la vida de los ciudadanos. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).