La Justicia huilense ha decidido poner tras las rejas a Carlos Humberto Mayorga Biojó como fue identificado el soldado profesional, que en medio de un retén militar, disparó y mató a los menores Joselino Irua Delgado y Hemerson Alejandro Dussán Puentes, de 14 y 16 años de edad, en hechos ocurridos el 15 de noviembre pasado en la vereda El Palmar, zona rural del municipio de San Agustín, en el sur del Huila.
Como es de conocimiento público, los hechos que terminaron con el crimen de los adolescentes sucedieron en momentos en que la Policía y el Ejército desplegaban un operativo para disipar las aglomeraciones y mitigar la propagación del coronavirus en la región.
La versión oficial es que el soldado Mayorga Biojó, de 25 años de edad y natural de Tumaco, Nariño, disparó, luego que Joselino y Hemerson Alejandro salieran en una motocicleta a alta velocidad para eludir a las autoridades, desatendiendo la orden de pare.
Tras estos hechos que han desatado profunda indignación, la Fiscalía General de la Nación asumió las investigaciones y decidió imputar cargos contra el militar, señalándolo de “haber disparado de manera indiscriminada contra los adolescentes civiles que no portaban armas y se encontraban en estado de indefensión”. Al final, un Juez decretó a mitad de semana medida de aseguramiento en guarnición militar contra el soldado Mayorga Biojó.
De resaltar que la Justicia ordinaria haya asumido este caso. Para nadie es un secreto que muchas investigaciones asumidas por los mismos militares “duermen el sueño de los justos”.
Queda pendiente, por un lado, que la Novena Brigada del Ejército explique qué tuvo en cuenta o bajo cuál instrucción el militar accionó su arma contra un ‘blanco’ que no representaba ningún tipo de amenaza. Y por el otro, que el Batallón Magdalena ofrezca un acto simbólico de perdón con las comunidades de San Agustín profundamente afectadas por este doble crimen.
Los miembros del Ejército deben tener claro que están para proteger a la ciudadanía.