RICARDO AREIZA
unidadinvestigativa@lanacion.com.co
El proceso administrativo sancionatorio que se venía adelantando por el colapso del estadio de Neiva quedó definitivamente paralizado. Las posibilidades para resovler la controversia jurídica por el desplome parcial de la tribuna occidental tendrá que resolverlo el nuevo Gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto.
El alcalde ad hoc, Héctor Olimpo Espinosa, designado el año pasado para resolver la eventual responsabilidad de los contratistas renunció y abandonó el cargo. El ex viceministro de Relaciones Políticas, se retiró la semana pasada para no inhabilitarse y poder iniciar en firme su campaña a la Gobernación de Sucre, su tierra natal.
Espinosa renunció el viernes pasado, sin haber cumplido con esa delegación que le encomendó el Ministro del Interior, Guillermo Rivera. Ese mismo día el funcionario le aceptó la renuncia y designó en su reemplazo al director jurídico Byron Adolfo Valdivieso.
En estas condiciones, Neiva se quedó sin alcalde ad hoc, con un proceso sancionatorio inconcluso, pero además afectado por acciones judiciales que impidieron que se fallara de fondo.
“Desafortunadamente no ocurrió lo que esperábamos. El Gobierno Nacional no fue capaz de destrabar el proceso y nos quedamos esperando la solución de fondo para poder continuar con la obra”, aseguró el alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, quien fue separado del conocimiento.
“Llevamos un año en este proceso y no fue posible encontrar la salida jurídica. Ahora confiamos en que el nuevo Gobierno agilice el nombramiento del alcalde ad hoc y se retomen las acciones que sean conducentes”, insistió Lara. Pero antes, tendrá que resolverse el último impedimento que logró congelarse.
La renuncia
El alcalde ad hoc, pretendió anular todo el proceso, incluso a partir de la convocatoria a las audiencias de descargos, como lo solicitaban los contratistas.
El ex funcionario había proyectado la nulidad del expediente que se estaba adelantando desde el 7 de octubre, dos meses después de la tragedia ocurrida el 16 de agosto de 2016.
En el mismo acto administrativo ordenaba el saneamiento de todas las actuaciones realizadas y el reinició del proceso sancionatorio para determinar un eventual incumplimiento contractual, cuantificar los perjuicios ocasionados e imponer las sanciones o multas previstas en la ley o contempladas en el contrato y en ese caso, hacer efectivas las cláusula penal y las pólizas de garantías. Sin embargo, renunció y el acto nunca pudo promulgarse.
Sin embargo, la nulidad fue neutalizada por una solicitud de revocatoria que solicitó un abogado neivano, el mismo que lo recusó y evitó que el proceso quedará en cero.
Aplazada
Mientras tanto, el saliente Ministro del Interior a pesar de la celeridad que reclamaba, no alcanzó a tomar esa medida y en consecuencia quedó congelada.
El ex viceministro fue recusado el 7 de junio pasado por haber anticipado aspectos de la decisión finalmente, en el proceso sancionatorio.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, resolvió el impedimento el pasado 10 de julio, negando la recusación según la Resolución 1028 de 2018. Pero lo hizo, sin tener la competencia, lo que originó una solicitud de revocatoria por parte del autor de la recusación.
En su opinión, ese acto administrativo, estaba viciado de nulidad porque no fue expedido por el funcionario competente.
Estimó que el Ministro del Interior no era el superior jerárquico cuando el Viceministro actúaba como alcalde ad hoc y por lo tanto no tenía la competencia para resolver el trámite de la recusación.
“Sobre este este aspecto- dijo- el trámite legal previsto establece que cuando la autoridad que debe tomar la decisión, en este caso el alcalde ad hoc, no tiene superior o cabeza del sector administrativo al que corresponda, debe enviarse el expediente del impedimento a la Procuraduría Regional respectiva para que ésta decida de plano sobre el mismo”.
Es claro-añadió- que en razón al principio constitucional de autonomía de las entidades territoriales, el alcalde ad hoc, al igual que el alcalde en propiedad, no está sujeto a control de tutela, ni es el inferior jerárquico del Ministro del Interior.
Considerando que el Ministro del Interior actúo sin competencia para ello, la Resolución No. 1028 deI 10 de Julio de 2018 “Por la cual se resuelve una recusación” está afectada por el vicio de nulidad de falta de competencia.
“Por lo anterior, el señor Ministro del Interior carecía de competencia para decidir de fondo el procedimiento de recusación presentado en contra del señor alcalde ad hoc”, precisó el accionante al solicitar la revocatoria de ese acto administrativo.
Impedimento
En este orden, la recusación tendrá que resolverla el procurador regional Arlid Mauricio Devia. Sin embargo, será la nueva Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, quien entre a resolver esta petición y en consecuencia remitir al procurador regional la petición para que resuelva de fondo.
Adicionalmente, le corresponderá a la entrante Ministra del Interior, designar un nuevo alcalde ad hoc para que reasuma todo el proceso administrativo y se pronuncie de fondo.
“Por ahora tendremos que esperar que se surtan estos trámites para poder actuar”, afirmpo el alcalde Lara.
El funcionario admitió que el tema fue ventilado durante un reciente encuentro de alcaldes sostenido con el presidente electo Iván Duque y con presidente del Senado, Ernesto Macías.
“La próxima semana, una vez haya asumido el nuevo Gobierno estaré radicando una solicitud en el sentido de agilizar estos procedimientos”, anticipó el mandatario neivano.
“Lo más grave es que no podemos actuar hasta que se haya resuelto esta controversia, que ya no está en nuestras manos. Y mientras tanto la obra sigue paralizada y en estado de deterioro”.
A marcha lenta
El juicio de responsabilidad fiscal contra todos los actores, incluyendo contratistas, interventores y servidores públicos avanza a marcha lenta. Desde que se abrió este proceso, se han escuchado a los actores en versiones libres sin que se haya tomado una decisión de fondo.
Este proceso fue el origen de la oleadea de recusaciones que finalmente terminaron afectando todos los procesos.
Y no hay esperanzas de un pronto fallo. La terminación del periodo del contralor Edgardo Maya, la designación de su sucesor y la conformación de su nuevo equipo, pondrán en sala de espera cualquier decisión.
Cambio de radicación
Mientras tanto, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, asumió el control excepcional de los procesos disciplinarios que se venían adelantando regionalmente por el colapso del estadio.
Invocando el poder preferente ordenó el cambio de radicación y dispondrá de un equipo especial para asuma las investigaciones del caso.
En veremos
Después de casi dos años de haberse iniciado este proceso, la obra sigue paralizada.
El polémico contrato quedó ejecutado en un 92% con un costo pagado estimado en 23.527 millones de pesos. De estos 11 mil millones fueron destinados por Coldeportes y 11 mil millones aportados por la Alcaldía de Neiva y la Gobernación. Otros siete mil millones fueron adicionados la Alcaldía de Neiva.
No obstante, por mutuo acuerdo, el contrato quedó suspendido desde el 20 de agosto de 2016, un día después de la emergencia.
Prioridades
Lo grave es que las obras ejecutadas se están deteriorando, lo que hará más difícil cualquier recuperación. “Pero primero hay que definir si se declara o no la caducidad, si se cede o no el contrato. Esta decisión está ahora en manos de la nueva ministra del Interior. Confiamos en que agilice estas gestiones”, afirmó Lara.
La misma firma que realizó el peritaje técnico contempló la posibilidad de continuar la obra con las inversiones adicionales. Sin embargo, presentó dos prioridades.
La primera, adelantar todas las acciones que sean necesarias para evitar el deterioro progresivo de las obras existentes, antes del reinicio de trabajos de terminación del estadio.
La nueva hoja de ruta tendrá que definirla un nuevo estudio que identifique, determine y cuantifique las acciones y los costos requeridos para obtener un estadio en condiciones de operatividad de acuerdo con la normatividad FIFA.
Esto significa que además de reconstruir la zona impactada, tendrá que adelantarse el reforzamiento estructural que no se hizo, lo que implica, la afectación de algunas áreas construidas como los camerinos.
Adicionalmente, es indispensable la ejecución del reforzamiento de la estructura antigua presentada por los ingenieros Efraín Calderón y José Fernando Perdomo, ya que la estructura existente presenta altos índices de vulnerabilidad.