Orlando Ibagón, uno de los diputados citantes, afirmó que “se está perdiendo plata y son miles de millones de pesos”.
La historia inició en diciembre de 2006, cuando se abrió la licitación pública para la “Estructuración de un patrimonio autónomo para el manejo de las pensiones a cargo del Departamento del Huila”. El director de la Oficina Jurídica de la Gobernación, Juan Felipe Molano, dijo en la plenaria que desde ese momento iniciaron las inconsistencias.
Una consultoría contratada por el mismo Departamento manifestó que era inviable hacer el contrato pero ese argumento no valió. Tampoco que la Ley 100 de 1993 indicara que los encargados de las pensiones fueran Fondos Territoriales. En el Huila se creó esta figura hasta 1995 adscrita a la Secretaría General.
Fue el Consorcio Fiduciarios Pensiones del Huila 2006 el que ganó la puja, integrado por la Fiduciaria Popular S.A., Fiduciaria Bogotá S.A. y Fiduagraria S.A., haciendo inoperante el Fondo. El valor acordado entre la firma del contrato y el 31 de diciembre de 2007, según datos de Orlando Ibagón, fue de $225’333.333.
De acuerdo con el político, la firma le concedió el manejo de tres subcuentas: una, para el pago de pensiones causadas de jubilación; la dos, para administrar pagos de los bonos pensionales, cuotas partes y sus intereses y cuotas partes jubilatorias; y la tres, reservar el pasivo pensional.
“Se extralimita el objeto de este contrato por el manejo de tres subcuentas. Además, el Departamento no ha cobrado las cuotas partes. Ahí hay un detrimento porque los dineros no se recuperan ya que después de tres años prescriben, si no se cobran. Ahí hay responsabilidad disciplinaria de los servidores que no recuperaron esos recursos”, señaló el diputado liberal.
Incumple el contrato
Ibagón aseguró que el Consorcio está incumpliendo y “hace lo que se le da la gana”. Con un ‘otro sí’ se reformó la forma de pago quedando así: “se autoriza expresamente al consorcio para que se pague con cargo a los rendimientos generados en la sub cuenta 3 las comisiones fijas y variables, de manera automática y sin necesidad de autorizaciones adicionales”.
Es decir, el pago mensual que hoy es de $67’.258.147, se hace sin vistos buenos ni informes. Incluso la interventoría no tiene poder para incidir en el mismo. “Sólo puedo hacer control de la nómina pensional, he enviado informes para que liquiden las cuotas partes y devuelvan las mesadas atrasadas pero a hoy no tengo respuestas. Me siento agotada, sola, con un monstruo”, expresó con preocupación Dolly Peña, titular de la interventoría.
Así pues, las irregularidades alegadas ayer incluyen la ilegalidad de hacer el contrato y los incumplimientos a este trato expresadas en la no liquidación de las cuotas partes pensionales a favor del Departamento; no devolución de las mesadas causadas y no cobradas por pensionados fallecidos que no han tenido sustitución o hijos sustitutos y de las mesadas cobradas ilícitamente por terceros.
El monto aproximado de estos ítems es, según Ibagón, $1400 millones de pesos.
Para solucionar el problema y sobre todo recuperar el dinero, la Oficina Jurídica de la Gobernación sostiene que el contrato es demandable por incumplimiento y por ilegalidad. Por ello se podría hacer una solicitud de medida provisional de suspensión. Molano dijo que espera dar buenas noticias a más tardar el primer semestre de 2017.
Entre tanto, el secretario de Hacienda, Carlos Eduardo Trujillo, explicó que debe esperar los conceptos de la Oficina Jurídica para empezar a hacer los cobros coactivos. “Primero debemos hacer el análisis y tomar medidas que permitan mitigar el riesgo de caer en irregularidades como las que se han presentado. Nuestro deber es proteger los recursos públicos”, declaró.
“Foco de corrupción en el Edificio Departamental”
La diputada Sandra Hernández, que también citó al debate sobre pensiones en la Asamblea Departamental, llamó la atención sobre los hallazgos de la Contraloría Departamental. Hizo el recuento sobre lo encontrado por el ente de control respecto al cobro de pensiones por personas que nunca laboraron en el Departamento, no cumplían con el tiempo reglamentado para jubilarse o recibían doble mesada. ¿A nadie le está doliendo que estos recursos no retornen a nuestras cuentas?, cuestionó.
Hernández dijo que es urgente que la Gobernación del Huila tome correctivos para evitar más detrimento porque esta es “una vena rota sin precedentes. Miles de millones para personas que no deben usufructuarse de recursos públicos del Departamento del Huila”.
Por su parte, el secretario general de la Gobernación, Francisco Javier Ruiz, expuso que el fraude pensional está en proceso de investigación con los entes de control y que, debido a la presunción de inocencia, los implicados no han dejado de recibir los dineros.
La diputada Hernández manifestó su inconformismo por las pocas respuestas para detener las irregularidades. “Ahí está la fuga de recursos y ninguno de los funcionarios le prestó importancia porque toca fibras delgadas, porque ese foco de corrupción está aquí en el Edificio Departamental”, concluyó.
Funcionarios de la Gobernación del Huila hablaron sobre los correctivos a realizar.