Después de dos años de haber sido capturados, la Fiscalía contra la corrupción, comenzó la acusación contra concejales, particulares y funcionarios por la ‘torcida’ elección de Personera y Contralor de Neiva.
RICARDO AREIZA
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Con la prescripción pisándole los talones la Fiscalía inició por fin la verbalización de la acusación contra los concejales, servidores públicos y particulares, comprometidos en la fraudulenta elección de Personera y Contralor de Neiva ocurrida en el 2016.
Después de un año y nueve meses de haberse radicado el pliego de cargos la fiscal 12 seccional Susana Lozano acusó ayer formalmente a los diez concejales, un particular y cuatro servidores públicos, involucrados en las ‘torcida’ elección.
Los implicados, todos en libertad, responderán en juicio como probables coautores de los delitos de cohecho por dar u ofrecer; cohecho propio; celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales; interés indebido en la celebración de contratos; obtención de documento público falso y destrucción, supresión y ocultamiento de documentos públicos, entre otros.
Aunque en marzo y mayo se habían logrado avances, ante posibles vicios de nulidad, la fiscalía inició de cero la sustentación de la acusación.
La diligencia virtual se realizó ayer, sin acceso de la prensa, con la asistencia de la mayoría de los involucrados en el escandaloso episodio de corrupción electoral.
Aunque parezca insólito, la audiencia se venía programando desde el 5 de mayo de 2019, pero se fue dilatando, en la mayoría de los casos, por causas atribuibles a los operadores judiciales. La demora de la Fiscalía para entregar los soportes a las partes originó los múltiples aplazamientos.
A pesar de las restricciones por la propagación de la pandemia y aun en el umbral de la prescripción, la continuidad de la audiencia preparatoria, aplazada desde el 12 de marzo pasado, tomará un nuevo aire en medio de la complejidad del proceso que compromete a nueve concejales de la época, varios aún en ejercicio, a un ex diputado, cuatro servidores públicos, entre ellos al ex conrtralor José Hildebran Perdomo, la ex personera Heidy Lorena Sánchez y el empresario Rened Cantillo Álvarez, conocido como ‘El hombre del maletín’.
La confirmación
Según el escrito de acusación, la ‘operación prepago’ fue organizada por el jefe jurídico de la Usco José Hildebran Perdomo a través de la Grupo de Proyectos Especiales.
Sin saber que estaba siendo grabado, Perdomo Fernández reveló que los acercamientos con los concejales iniciaron tres meses antes de la elección. Esas primeras ‘gestiones’ arrancaron en octubre de 2015, comenzando el último periodo de sesiones ordinarias, tal como se evidencia en una de las llamadas interceptadas al ex contralor y funcionó como un ‘reloj’.
El convenio para realizar el concurso de personeros fue firmado por el presidente del Concejo Luis Eduardo Penagos el 12 de noviembre de 2015 sin autorización de la mesa directiva de la corporación.
Los sobornos
Paralelamente con la organización del concurso de personeros avanzaba, el plan de sobornos que comenzó el 17 de noviembre de 2015.
Para concretar los ofrecimientos, asegurar las prebendas y ‘amarrar’ los votos, Perdomo y otras personas, organizaron varios encuentros reservados, en distintos lugares.
Las reuniones se cumplieron y contaron con la participación de la mayoría de los concejales, estratégicamente clasificados. En un primer grupo estaban los concejales nuevos, en otro los ‘veteranos’ y en otro los concejales indecisos. Cada uno tenía su precio.
Las labores de persuasión también se hicieron telefónicamente como quedaron registradas en las interceptaciones o se realizaron a través de otros concejales o de servidores públicos y particulares que actuaron como facilitadores del acercamiento. Casi todos aceptaron el pacto secreto.
“En todos los casos mediaron promesas de pago de dinero y prebendas, cargos y contratos. Perdomo Fernández acordó con René Cantillo y Óscar Humberto Urueña que estos últimos realizarían el pago de los dineros ofrecidos que ascendían a un monto aproximado de 15 millones de pesos por concejal como contraprestación por el apoyo a la elección de personero y el voto favorable a su favor en la elección como contralor”, confirmó la fiscal Susana Lozano.
En esta primera parte, solo se realizó detallaron los cargos al ex contralor y a la ex personera. El próximo será el papel que cumplió el ex concejal Oscar Urueña, uno de los facilitadores, si el proceso no reporta un nuevo altibajo.
Los altibajos
La audiencia de acusación, blanco de todos los imprevistos y altibajos, venía aplazada desde el 12 de diciembre de 2019, un año después de haber radicada (20 de diciembre de 2018).
Primero se fijó para el 13 de marzo pasado, antes del confinamiento obligatorio por la pandemia pero se aplazó sorpresivamente.
La juez Tercero Penal del Circuito de Neiva, Elvira Inés Zamora Gnecco, se declaró incompetente alegando con razón que en calidad de juez de garantías, le correspondió la legalización de las capturas, la imputación y las medidas de aseguramiento contra los implicados en este escandaloso caso.
La funcionaria judicial reportó esta causal de impedimento ante del Juzgado Cuarto Penal del Circuito que le seguía en turno. La juez María del Pilar Ochoa asumió el caso a pesar de la complejidad del proceso y fijó fecha para la nueva audiencia que se realizó ayer finalmente, solo que se perdieron las gestiones realizadas en el último año. La fiscal inició de cero la acusación.
Y como era lógico, después de seis horas de sesión, la diligencia se suspendió. La segunda fase de la acusación, si no sucede un nuevo aplazamiento, se reprogramó para el 25 y 26 de noviembre pensando en que esta doble jornada alcance para evacuar la acusación que está en pañales.
Avatares
El escrito de acusación fue presentado oportunamente el 20 de diciembre de 2018 (cuatro meses después de las capturas) por la fiscal del caso, con toda la evidencia física legalmente recauda, entre otras, 33.000 interceptaciones telefónicas.
Por la complejidad del proceso y la extensión del escrito de acusación el juez de conocimiento, Jorge Enrique Luna fijó la audiencia con suficiente tiempo para que la Fiscalía realizar el descubrimiento sin premuras. Sin embargo, no se hizo. Inicialmente, la acusación fue programada para el 5 de mayo de 2019.
Un día antes de la audiencia, citada en noviembre de 2018, el fiscal de apoyo, Óscar Ochoa Ramírez, sorpresivamente solicitó el aplazamiento de la diligencia judicial.
La primera audiencia de revisión de legalidad fue realizada el 26 de febrero de 2019. Sin embargo, fue suspendida.
La diligencia reservada fue reprogramada para el 4 de abril. Ese día los concejales y demás imputados no autorizaron el cotejo de voz.
El procurador judicial Alejandro Agudelo Parra, cuestionó la demora de la Fiscalía para realizar a destiempo la prueba judicial.
La audiencia de acusación fue programada para los días 12 y 13 de diciembre de 2019. Luego se fijó para febrero y finalmente para el 13 de marzo, cuando sufrió un nuevo traspié.
Superado el impedimento la diligencia fue reprogramada para ayer 28 de septiembre de 2020 y ante la falta de tiempo, quedó agendada para finales de noviembre.
De terminarse, la audiencia preparatoria se realizará a partir del próximo año, sometida a la congestionada agenda del despacho judicial.
La bancada de la defensa estima, con probabilidad de verdad, que solo el descubrimiento puede tardar más de un año y el proceso otros cuatro años, con prescripción y reelección incluidas.
La prescripción
La excesiva mora judicial, atribuida en gran parte a la propia Fiscalía, puede provocar la prescripción de la acción penal para los particulares involucrados en los escandalosos sobornos.
Entre ellos el empresario, Rened Cantillo Álvarez, quien aportó los dineros y sirvió de puente para la aterradora compra-venta de los servidores públicos comprometidos en la desviada elección de los dos dignatarios del control territorial.
El comerciante acusado como coautor del delito de cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo y sucesivo, como otros particulares involucrados, podrían quedar libres por prescripción de la acción penal.
Cantillo Álvarez, ‘El hombre del maletín’, quedó en libertad en septiembre de 2019 por vencimiento de términos. El ex contralor José Hildebrand Perdomo, corrió con la misma suerte y hoy no tiene ninguna restricción y aparece como asesor jurídico de varios municipios, entre ellos asesor de la alcaldesa de Tarqui, Dora Liliana Trujillo.
