Una de las alertas del proyecto es que se proponen facultades extraordinarias al presidente de la República para trasladar a funcionarios de la Procuraduría para que sean jueces, fiscales, magistrados, entre otros.
Redacción Web/LN
El gobierno del presidente Gustavo Petro insistirá en la idea de que la Procuraduría General de la Nación no pueda sancionar a funcionarios elegidos por mandato popular, entre ellos los alcaldes y gobernadores del país.
Lo hará a través de un proyecto de acto legislativo que presentará próximamente al Congreso, en el que se busca hacerle varias modificaciones a la Procuraduría y a la Contraloría General para quitarles algunas funciones que tienen actualmente, especialmente en lo relacionado con destituciones e inhabilidades.
El Ministerio de Justicia insistirá en esta idea luego de que desde el gobierno de Petro hayan argumentado que a pesar de que el Congreso aprobó una reforma al ente de control, no se estaría cumpliendo el requerimiento hecho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Gustavo Petro, cuando fue destituido como alcalde de Bogotá hace unos años por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez.
Aunque en esa ley se estableció que la Procuraduría seguiría teniendo sus funciones, cuando decida suspender o inhabilitar mandatarios locales, la decisión deberá ser revisada por el Consejo de Estado.
Precisamente, el proyecto aclara en uno de sus apartados que se debe “dar cumplimiento a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) en el caso Petro Urrego vs. Colombia”.
Uno de los principales cambios constitucionales que se quieren lograr a través de la iniciativa es que tanto la Procuraduría como la Contraloría no puedan ejercer funciones jurisdiccionales ni limitar los derechos políticos de los ciudadanos a elegir y ser elegidos.