El propósito de la inteligencia y contrainteligencia es preventivo, debe contrarrestar las amenazas a los derechos humanos y la democracia. Sin embargo, aunque reconocemos la importancia de ellas, es fundamental establecer límites, controles y rendición de cuentas, además de garantizar su agnosticidad política.
Efectivamente todos los colombianos tenemos recuerdos de espionaje ilegal a la Corte, por lo que fue necesario regular este tema a través de una ley, de la que fui coautor, y que fue sancionada el pasado mes de abril de 2013. La nueva ley de inteligencia, reconoce la importancia de los programas de vigilancia para contrarrestar los riesgos de seguridad sobre las instituciones democráticas pero al mismo tiempo, se enmarca sin cuestionamientos, en la dignidad del ser humano y en la garantía de sus derechos fundamentales a la libre expresión, a la privacidad y a la libertad de pensamiento.
Bajo este marco, la reglamentación responde a buenas prácticas presentadas por la ONU como la de exigir que el proceso de autorización de operaciones de inteligencia se modifique, según el nivel de impacto y de riesgo del servicio; o la de requerir la adecuación de los manuales de inteligencia y contrainteligencia vigentes de conformidad con las garantías establecidas en la nueva ley. Es fundamental resaltar que todas estas actividades exigen de una orden que cumpla con los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad y que específicamente, cuando se trata de interceptaciones de comunicaciones, es necesario actuar bajo el marco de un proceso judicial. Sin titubeos, afirma la ley que la obediencia debida no será justificación para quien ejecuta una operación de inteligencia y esta suponga infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Sin embargo, mas allá del marco normativo vigente, será el desarrollo de estas actividades en la práctica lo que va a garantizar la legitimidad y transparencia de las mismas y lo que asegurará la confianza del ciudadano en el buen uso que el Estado haga de su información personal. Finalmente, subrayo con énfasis que por primera vez el Congreso asume plenamente su función de control político de la inteligencia en esta nueva ley a través de la Comisión Legal Parlamentaria de inteligencia con representación de la oposición. Una de sus funciones primordiales será cuidar la inversión de los gastos reservados y garantizar la rendición de cuentas.