El director general del Inpec, general Mariano Botero Coy fue sancionado con cinco días de arresto por desacatar una tutela que ordenaba el traslado de los privados de la libertad en estaciones de Policía en Pitalito e Isnos a centros de reclusión. “El Inpec ha interpretado parcialmente la parte resolutiva de la sentencia…”, dijo la togada.
Rafael Rodríguez C.
Cinco días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes ($4.542.630), deberá pagar el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el general de la Policía, Mariano Botero Coy.
La sanción fue impuesta por la juez Primera Civil del Circuito de Pitalito, Yaneth Constanza del S. Ome Demoreno, al resolver el incidente de desacato al fallo de la acción de tutela que profirió ella, el ocho de octubre del 2020.
La tutela había sido interpuesta por la procuradora Provincial de Garzón, María del Pilar Artunduaga Osorio y el personero de Pitalito, Hernando Reyes Lizcano, contra el alcalde de Pitalito, Edgar Muñoz Torres y el Inpec, representado por el general Botero Coy.
La acción judicial de los organismos de control buscaba que las personas que se encontraban privadas de la libertad en las estaciones de Policía en los municipios de Pitalito e Isnos, además del Centro de Retención Transitorio de Pitalito, fueran trasladadas a centros de reclusión del Inpec, al señalar que se les estaban vulnerando derechos fundamentales a la vida y a la salud “en condiciones dignas”.
La togada luego de analizar las pruebas, falló a favor la tutela y ordenó al director del Inpec, general Botero Coy, el traslado de las personas privadas de la libertad que se encontraban el Centro de Detención Transitoria y las estaciones de la Policía en los municipios de Pitalito e Isnos y a quienes se les haya impuesto medida de aseguramiento o hayan sido condenados. “Dicho traslado se realizará priorizando a los detenidos que lleven más tiempo de detención y previo cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos internamente por el Inpec para el ingreso a los ERON del nuevo personal”
La operadora judicial además había señalado en el fallo que no solo se debía garantizar los derechos fundamentales a las personas que se encontraban detenidas en estos lugares y “que se lleguen a detener en las estaciones de policía de los municipios de Pitalito e Isnos, y Centro de Detención Transitoria de Pitalito y a quienes se les haya impuesto medida de aseguramiento o hayan sido condenadas y lleven o lleguen a tener en dichos lugares más de 36 horas”.
La orden de la juez, al parecer, no fue cumplida por el Inpec, por lo que la procuradora Provincial de Garzón, María del Pilar, el 9 de junio de 2021 promovió incidente de desacato en contra de la Dirección General del Inpec. “El Inpec está incumpliendo la orden dada a la misma en la tutela o no ha dado estricto cumplimiento al mismo…o su interés es el de un cumplimiento parcial y condicionado”.
El instituto penitenciario a través de la oficina jurídica, el 21 de junio de 2021, informó que ha venido cumpliendo con la orden dada en la tutela. “La prueba de ello es que este despacho ya ha ordenado levantar las sanciones impuestas a la Dirección del Inpec…la decisión tutelar se profirió en un momento determinado, bajo ciertas circunstancias de tiempo y modo, y que las personas que permanecían privadas de la libertad para esa época en la Estación de Policía de los municipios de Pitalito e Isnos y en el Centro de Retención Transitorio de Pitalito, ya fueron recibidas”.
Sin embargo, la jueza el día 24 de junio de 2021 decretó pruebas y entre ellas se ordenó oficiar a la Comandancia de la Estación de Policía de Pitalito para que informara el número de personas que se encontraba retenidas tanto en la estación como en el Centro de Retención Transitoria de Pitalito y que tuviesen la calidad de condenados o con medida de aseguramiento por parte de autoridad judicial y lleven en dichos lugares más de 36 horas.
Cuatro días después el organismo de seguridad informó a la operadora judicial que solo existen personas retenidas en el Centro de Retención Transitoria mas no en la Estación de Policía, “contando con 39 personas que tiene la calidad referida, es decir, que han sido condenados o cobijados con medida de aseguramiento por autoridad judicial y 3 personas a quienes aún no se ha definido su situación jurídica”.
Con la respuesta anterior, señaló que la juez que el Inpec ha interpretado parcialmente la parte resolutiva de la sentencia, “es decir, solo el numeral segundo de la misma en el cual se le ordenó trasladar a las personas privada de la libertad que se encontraran en ese momento en las estaciones de Policía de los municipios de Isnos y Pitalito y el Centro de Retención Transitoria de Pitalito, sin embargo, olvida que en el numeral primero de la parte resolutiva del referido fallo se tuteló los derechos fundamentales no solo de las personas retenidas en ese momento sino las que se llegarán a detener”.
Precisó que el fallo debe cumplirse de manera integral y no parcial “y con base en una dicha interpretación errada viene últimamente incumpliendo el fallo, tal vez al considerar que ya ha cumplido en su totalidad la orden impuesta…Sin embargo, tal posición no es válida, pues el fallo protegió los derechos no solo de las personas retenidas en ese momento sino las que se llegaren a retener, por lo tanto, no es de recibo el argumento expuesto por la parte incidentada cuando expresa el cumplimiento total de mismo”.
La juez no solo ordenó el arresto del general Mariano Botero Coy, sino que enviará copias de los dos fallos a la Procuraduría General de la Nación para que de ser el caso inicie la investigación disciplinaria. Además, enviará el fallo al Tribunal Superior de Neiva, para que se surta el grado de consulta.
Sigue igual
El personero de Pitalito, Reyes Lizcano, manifestó en diálogo telefónico con LA NACIÓN, que la situación sigue igual o peor que antes, al señalar que hasta el pasado viernes 2 de julio de 2021, en el Centro de Retención Transitoria se encontraban detenidas 46 personas entre ellas 8 mujeres. “Todos los días están llegando personas”.
Sostuvo que en centro de retención no está técnicamente adecuado para la reclusión. “Humanamente no esta adecuado para albergar personas, no están dadas las condiciones”.